Wirmelis Villalobos
La muerte de 68 personas en la Comandancia General de la Policía de Carabobo ha sacado a relucir nuevamente el tema del hacinamiento en el sistema carcelario del país. Humberto Prado, del Observatorio Venezolano de Prisiones, denunció que las comisarías de las policías estatales, municipales y el CICPC, están superhacinadas. Actualmente cuentan con una población de 32.600 detenidos cuando su capacidad es para aproximadamente 8.500 personas.
Una muestra de esta problemática es el lamentable caso que se originó en el Estado Carabobo el miércoles 28 de marzo por un presunto intento de fuga que dio paso a un motín y terminó con un incendió. Este hecho acabó con la vida de 66 hombres detenidos, a la espera de sus procesos judiciales y 2 mujeres que pernoctaban en la comisaría.
El miércoles era día de visita en está comisaria que está cumpliendo funciones de centro de arrestos preventivos, pero en el interior ya habían dos mujeres que no estaban detenidas y que habían pasado la noche en el lugar donde dolorosamente perdieron la vida. ¿Quién permite que personas que no están detenidas permanezcan dentro de estos lugares? ¿Por qué las oficinas de los cuerpos de seguridad donde los detenidos no deben pasar más de 48 horas están funcionando como centros de arrestos? Éstas y otras interrogantes dan vueltas en la mayoría de las cabezas de los venezolanos.
Este ¿motín? se ha convertido en la más grave muestra de la situación carcelaria de Venezuela y es el que ha dejado la mayor cantidad de muertes en los últimos años, solo superado por el ocurrido en el año 1994 en la extinta Cárcel Nacional de Sabaneta, ubicada en Maracaibo, Estado Zulia, donde 104 privados de libertad perdieron la vida.
En 2011 fue creado el Ministerio de Asuntos Penitenciarios, pero desde esa fecha son muchos los sucesos que han ocurrido en las cárceles venezolanas. Ese mismo año entre los meses de junio y julio 30 internos y tres militares murieron durante un motín que duró un mes en la cárcel El Rodeo; en julio, del año citado, seis reos fallecieron en un enfrentamiento en el Internado Judicial de San Felipe. Luego en Agosto siete reclusos murieron y 37 resultaron heridos en un enfrentamiento entre los privados de libertad en la cárcel de Cabimas; en noviembre ocho presos muertos y dos heridos dejó el secuestro de cuatro policías por varios días en el Cuartel de Prisiones del Estado Táchira.
La historia continúa. El 2012 arrancó con enfrentamientos en dos cárceles de Táchira que dejaron de 10 internos muertos. En marzo una riña en la cárcel de La Pica, Estado Monagas, dejó diez muertos y nueve heridos; en Julio, 28 privados de libertad perdieron la vida y otros 17 resultaron heridos en el Centro Penitenciario de la Región Andina, en un conflicto que duró tres semanas; en Agosto, un enfrentamiento entre bandas en la Cárcel de Yare dejó la cifra de 20 detenidos muertos.
En 2013 en el Estado Lara el año inició sangriento en la cárcel de Uribana; un motín dejo 60 reclusos sin vida y unos 150 heridos y en Septiembre fue la cárcel de Maracaibo la que sumó más muertes con 16 fallecidos en un enfrentamiento. En éste mismo año se clausuró dicho centro de arrestos y los 3.424 privados de libertad fueron reubicados.
En el mes de noviembre de 2014 los reclusos de Uribana protestaban por las pésimas condiciones de vida y tras beber un cóctel de alcohol y medicamentos 21 reclusos murieron y 145 resultaron intoxicados.
El año 2015 no escapó de las cifras rojas en las cárceles del país. En Agosto, un incendio en el penal de Tocuyito dejo 16 muertos y 17 heridos y en Diciembre, la explosión de una granada en la Penitenciaría General de San Juan de los Morros dejó tres muertos y 21 heridos.
En marzo de 2016, en Lara, toman como rehén al director del centro penitenciario de San Félix, siendo el resultado: 5 detenidos muertos y 57 heridos. En agosto, el escenario fue la cárcel de Alayón en Maracay, donde la activación de dos artefactos explosivos dejó 5 muertos y 30 heridos.
En marzo de 2017, luego de tener cinco meses clausurada la Penitenciaria General de Venezuela, ubicada en San Juan de los Morros, encontraron los restos de 14 personas en una fosa común, lo que evidencia aún más la violación a los derechos humanos de los privados de libertad. En el mismo año un enfrentamiento entre bandas en la cárcel de Puente Ayala, en Barcelona, dejó 12 muertos y 11 heridos. En junio, nueve muertos y 12 heridos, incluidos dos policías, dejó un intento de fuga en un calabozo en Cumaná y en Agosto una requisa desató un enfrentamiento en el Centro de Detención Judicial de Amazonas dejando 37 presos muertos y 17 policías heridos.
Esto es solo una muestra de la situación carcelaria del país. Hacinamiento, protestas por las malas condiciones de vida, violación de derechos humanos, comandancias de las policías acondicionadas para tener detenidas a las personas por un máximo de 48 horas cumpliendo las funciones de un centro de arrestos preventivos y un Ministerio de Asuntos Penitenciarios que según Carlos Nieto Palma, Coordinador General de la ONG Una Ventana a la Libertad, desde hace tiempo prohíbe el ingreso de nuevos reclusos a los recintos carcelarios si no son autorizados por ellos y para que den la autorización hacen unas exigencias a los organismos policiales y en muchos casos a los familiares imposibles de cumplir como comprar un kit que incluye colchonetas y uniformes, así como útiles personales.
Lo cierto es que no hay muchos avances en esta materia en Venezuela, todo lo contrario, cada día se evidencia más la necesidad de dirigir el país hacia un nuevo camino que permita ofrecer soluciones a las problemáticas del venezolano, contrastando ello con la propaganda oficialista que en voz de la ministra para Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, puede escucharse afirmaciones de la magnitud de que en Venezuela tenemos el mejor sistema penitenciario del planeta.
Como puede verse, la realidad pone en duda la palabra de la funcionaria.
Fuente: https://www.aporrea.org/ddhh/a261322.html
