Durante muchos años se ha venido analizando en Venezuela la necesidad de enfrentar el grave flagelo de la violencia armada como un problema para la seguridad colectiva, la sostenibilidad de la vida bajo parámetros democráticos y la convivencia social en el país
Pablo E. Fernández Blanco
Revista SIC 737. Agosto 2011
“Vamos al desarme… A la paz” (Hugo Chávez Frías, 13 de mayo de 2011)
El número de personas muertas o heridas por armas de fuego anualmente muestra la cara más dura del fenómeno de la violencia armada, que destruye a la familia venezolana y pone en serio riesgo el desarrollo y las posibilidades de alcanzar las condiciones para el buen vivir de todo el pueblo venezolano sin excepción.
Hay dos líneas en las cuales es urgente avanzar en la construcción de políticas públicas consistentes en esta materia. Una es el área de la reforma penal, la otra área prioritaria es la relacionada con el control de las armas, municiones y el desarme. La voluntad política para asumir este segundo tema se concretó el pasado 13 de mayo cuando fue formalmente juramentada la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme. Esta instancia, conformada por mandato directo del jefe de Estado, es liderizada por el ministro Tareck El Aissami e integrada por representantes del alto gobierno, diversos poderes públicos, académicos, activistas de derechos humanos y otros sectores organizados de la sociedad, buscando así dar un piso de pluralidad y legitimidad a la labor que tienen entre manos sus integrantes.
Todos los estudios existentes en el país indican contundentemente que estamos siendo carcomidos como sociedad por formas de violencia en las cuales la presencia de armas de fuego es la constante. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Ciudadana (INE 2010) indicó que en el periodo junio 2008-junio 2009, 79,48% de los homicidios fueron cometidos con armas de fuego. En el año 2010, 94% de los homicidios registrados por el Cicpc ocurrieron bajo la misma modalidad. Estas cifras no pueden menos que generar alarma y un llamado a tomar conciencia de la situación que enfrentamos, especialmente si le agregamos el hecho que la juventud es la que está inmersa más duramente en este flagelo: 44% de las víctimas se ubican entre los 25 a 44 años de edad y 70% de los victimarios también son jóvenes. Quienes han analizado el tema no dudan en aseverar que las políticas públicas y los resultados positivos que ha generado el Gobierno bolivariano en los últimos años para garantizar los derechos fundamentales del pueblo, especialmente de los niños, niñas y adolescentes (educación, salud, reducción sustancial de la mortalidad infantil, etcétera), se pierden de manera trágica cuando éstos cruzan la frontera de los 15 años de edad. A partir de allí la posibilidad de una muerte violenta crece exponencialmente, hipotecando en términos reales el futuro del país con cada joven o adolescente muerto o herido, y generando un nuevo ciclo de exclusión social.
De igual manera, estudios realizados en otros países (pero que perfectamente pueden ser proyectados a Venezuela) dan cuenta que además de la dimensión ética que impregna la causa por el control del flagelo armado, hay un componente vinculado a lo económico que no deja de ser significativo y que toca directamente al desarrollo de nuestros Estados. En otras palabras, los costos de la violencia armada para el sistema de salud de nuestros países son gravísimos y afectan a todo el colectivo social, proyectándose aún más allá al ámbito laboral y a la capacidad productiva del país. Así lo demuestran los datos comparados por médicos en diversos países con las estandarizaciones de la Organización Mundial de la Salud o de otras organizaciones como Unicef.
Por ejemplo, en el caso de Kenia, los costos de atención y recuperación de un joven que recibió un balazo ascendieron a 6 mil U$S mensuales. Esa misma cantidad de dinero equivale en Kenia a: un año de educación primaria para cien niños; todas las vacunas infantiles para 250 niños; Un año y medio de estudios médicos universitarios; diez años de desayunos diarios para una familia promedio keniana de seis personas.
En Ecuador, un paciente herido de bala se atendió por 10 mil U$S, lo que drenó los recursos con los que se pudieron haber atendido en medicina regular otros doscientos pacientes por año.
En Nigeria, un caso reciente de una mujer herida de bala requirió la inversión de 700 U$S, y lamentablemente falleció al poco tiempo. La gente que sobrevive normalmente resulta más cara para el Estado.
En El Salvador, determinaron que los costos asociados a la atención de baleados en un sólo hospital equivalía al 11% del total de su presupuesto anual.
Si bien este fenómeno no es exclusivo de Venezuela y representa un desafío de proporciones mundiales, no es menos cierto que los niveles de victimización por uso de armas en el país es alarmante comparado con otros países y por ello la absoluta pertinencia de esta iniciativa de crear una instancia de alto nivel que busca sumar voluntades, capacidades técnico científicas y aportes desde una perspectiva amplia y plural con todos los sectores, para que podamos como país salir del atolladero de la violencia. Esto sin desconocer que tanto en la sociedad como a lo interno del propio Estado existen visiones y perspectivas que pueden llegar a ser antagónicas en el cómo entender el problema y las formas de enfrentarlo. De allí la importancia de generar consensos mínimos sustentados en una base científica consistente.
La Comisión contará con una secretaría técnica, la cual he sido honrado en presidir, desde la cual iremos articulando, en un gran plan de trabajo, todas las dimensiones de la tarea encomendada, a saber:
a) La realización de una gran consulta nacional e internacional para identificar propuestas y aportes vinculados con el control de armas y la reducción de la violencia. Esto implica la implementación de diversos mecanismos de consulta difusa y cerrada, con grupos focalizados y tomando en consideración la diversidad de actores sociales afectados por las consecuencias del uso de armas en la sociedad.
b) La realización de campañas masivas en pro del desarme y la generación de una cultura de paz y convivencia. En esta línea aspiramos sumar las voluntades y capacidades financieras del sector público y privado, de manera tal que se entienda que la generación de mensajes en pro de la convivencia social y el manejo pacífico de las diferencias debe estar por encima de los factores polarizadores de cualquier índole que existan en Venezuela.
c) La realización de investigaciones de diversa índole que nos permitan comprender con basamento científico las distintas dimensiones del problema de las armas en la sociedad. Entre los ámbitos de investigación destacan los siguientes:
– Revisión documental y sistematización de experiencias nacionales sobre control de armas, planes, políticas y experiencias de desarme en Venezuela.
– Revisión de experiencias internacionales en materia de regulación y control de armas.
– Inventario jurídico-normativo de regulación y control de armas en Venezuela, convenios, tratados y normativa internacional de aplicación en Venezuela y estudios comparados.
– Estado del arte sobre estudios acerca del problema del uso de armas de fuego en Venezuela y América Latina.
– Revisión documental de estudios acerca de los riesgos del porte y la tenencia de armas.
– Censo de armas ligeras. (Precisando modalidad, fuentes y formas de acceso, cantidad de armas en la calle, sus características, su proveniencia).
– Caracterización del problema del uso de armas de fuego en Venezuela.
– Caracterización de la violencia que involucra armas de fuego: homicidios y lesiones (lugares y formas de los conflictos, proveniencia de las armas, víctimas y victimarios).
– Estudios de casos, estudios cualitativos; estudios etnográficos, sobre el uso, sentido y significado del uso de armas.
– Economía política de las armas y municiones en Venezuela: caracterización del mercado de armas; producción, distribución, adquisición y uso legal e ilegal; agencias y actores involucrados.
d) Finalmente, la definición de medidas especiales para que sean aplicadas por los órganos correspondientes del Poder Público en aras a la reducción significativa de la presencia de armas en las calles. Dentro del ámbito de medidas a trabajar en el corto o mediano plazo, destacan las relacionadas con los siguientes ámbitos:
Ámbito importaciones, producción y comercialización:
Definición de las condiciones administrativas para la restricción de las importaciones de armas destinadas a la población civil.
Definición de las condiciones administrativas para el control de las municiones producidas o importadas y su distribución.
Ámbito registro de armas y municiones:
Definición de las condiciones administrativas y tecnológicas para la realización de la prueba balística obligatoria a toda arma importada que ingrese al país y la creación de la gran base de datos nacional de registros balísticos.
Identificación del soporte tecnológico y definición de la hoja de ruta para la implementación en el país de la tecnología necesaria para el marcaje de municiones.
Definición de los mecanismos operativos para la implementación obligatoria de las experticias a las armas de fuego en salas de evidencia.
Ámbito destrucción de armas:
Definición de protocolos para la destrucción periódica de armas y municiones.
Ámbito auditoría de armas orgánicas e incautadas:
Protocolo de auditoría para aplicar en las salas de evidencia de todos los cuerpos policiales del país.
Protocolo de auditoría y registro de armas y municiones existentes en los cuerpos policiales del país.
Ámbito experiencias piloto (articuladas con la coordinación de investigación y diagnóstico):
Definición de propuestas de intervención para el control de armas, municiones y desarme en una comunidad, un centro penitenciario y una escuela (experiencias piloto).
Ámbito control de portes y presencia de armas en espacios públicos:
Definición de lineamientos para la reducción y/o no emisión de nuevos portes de armas, así como la restricción del porte de armas en espacios públicos.
Veinte personas por sí solas no producirán el milagro de la reducción de la violencia en el país. Lograrlo es tarea de cada habitante en esta tierra de gracia. Toca pues hacerle entender a toda la sociedad que tener un arma no es un derecho sino un privilegio dado por el Estado y por tanto nunca podrá estar por encima del derecho más sagrado que es el derecho a la vida. La Comisión hará su mayor y mejor esfuerzo para generar condiciones que permitan avanzar participativamente hacia soluciones del problema, entendiendo que el control de las armas y municiones así como el desarme no pueden ser potestativos. En un país violento como el nuestro se convierten hoy en un imperativo.
* Coordinador General de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz.
Comisionado y Secretario Técnico de la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme.
