El 24 de febrero de 2016 el gobierno anunció el decreto 2.248 que autoriza la creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco y convocó a más de 150 transnacionales a operar en 12 % del territorio del país. Muchos veían a la inversión extranjera lejos por la inestabilidad política del país y el auge de la criminalidad y actuación de grupos de delincuencia organizada en el estado Bolívar. Pese a esto, la Gold Reserve entra al ruedo a través de la responsabilidad social empresarial para posicionarse en la población como benefactora. A continuación analizamos los riesgos de este tipo de “clientelismo empresarial” y los contrastamos con las experiencias en otros países
Minerva Vitti Rodríguez
Las transnacionales han comenzado a llegar al área decretada como “Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco” y lo están haciendo bajo el paraguas de la responsabilidad social empresarial. En este caso fuentes locales informan que la empresa canadiense Gold Reserve está financiando algunas obras de remodelación y construcción de infraestructura en planteles educativos, centros de salud y vialidad, en Las Claritas, municipio Sifontes, estado Bolívar. Este pueblo se encuentra cerca de Las Cristinas, el mayor yacimiento de oro del país, que esta transnacional reexplotará. Además está ubicado entre la Reserva Forestal de la Sierra de Imataca y el Parque Nacional Gran Sabana.
Las reuniones para acordar la inversión social se realizaron entre representantes del Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico (MPPDME), que se trasladaron hasta Las Claritas; la empresa constructora, que está contratando Gold Reserve; y los consejos comunales de la zona.
La transnacional estaría haciendo un servicio u obra social por solicitud del MPPDME, quien le habría solicitado que haga inversiones en el mismo pueblo, pero según las fuentes locales todavía la empresa no está instalada.
En la memoria colectiva de la comunidad mantienen el referente de una empresa canadiense que estuvo hace algún tiempo en el lugar, “con otro nombre”, y que “invirtió muchísimo en el pueblo”, así que tienen una aceptación de los antecedentes que tuvo esta empresa hace algunos años en su pueblo.
Al Estado mostrarse ausente para regular y proteger a la población de este municipio minero entra al ruedo la transnacional.
Los “planes sociales” de la Gold Reserve
La información anterior coincide con una nota de prensa publicada el 14 de agosto de 2018 en el portal de Gold Reserve donde, además de informar sobre los pagos que ha realizado el gobierno venezolano por la demanda que le hizo esta empresa en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), puede leerse lo siguiente:
“La Alta Dirección de Gold Reserve ha estado en Caracas trabajando con funcionarios venezolanos en asuntos relacionados con el desarrollo del Proyecto Siembra Minera a gran escala. Además, la Compañía también avanza varios programas de obras sociales en el área del proyecto relacionados con la rehabilitación de instalaciones médicas, educativas y recreativas junto con el trabajo de ingeniería relacionado con vertederos, recolección de aguas residuales, sistemas de distribución de agua y plantas de tratamiento relacionadas para facilitar la transición del área para acomodar una gran operación minera cercana. Actualmente, la Compañía está transportando una muestra grande del material de saprolita superficial a los Estados Unidos para realizar pruebas metalúrgicas que ayudarán en el diseño de ingeniería final del Proyecto de Obras Tempranas”[1]. (Las negritas son nuestras)
Recordemos que la Gold Reserve es una corporación canadiense, que dice tener trayectoria minera desde 1956, pero que reporta actividades desde 1992 y solamente en Venezuela. En el año 2009, el presidente Hugo Chávez la expulsó del país por daños ambientales, esto generó que la empresa hiciera una demanda al Estado venezolano ante el CIADI, una institución del Banco Mundial con sede en Washington, que tiene la reputación de siempre fallar a favor de las transnacionales. La demanda se hizo por un monto de 769 millones de dólares, Gold Reserve la ganó, y aún el Estado está pagando. Adicionalmente, la transnacional le vendió al gobierno venezolano, el set de datos técnicos de la mina Las Brisas por 240 millones de dólares, de dónde había sido retirada por lo explicado anteriormente.
Con todo este prontuario, Gold Reserve[2] se unió al llamado que hizo el presidente Nicolás Maduro a las transnacionales, con la creación del decreto 2.248 “Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco”[3] el 24 de febrero de 2016; y creó dos empresas de maletín registradas en Los Barbados (GR Mining y GR Engineering) para separar la deuda del nuevo negocio.
GR Mining (Barbados) Inc. fue la que se asoció con la Corporación Venezolana de Minería, S.A. para crear la Empresa Mixta Minera Ecosocialista Siembra Minera, S.A., cuyo capital accionario está repartido de la siguiente manera: 55 % del Estado venezolano y 45 % de la minera canadiense Gold Reserve.
En cuanto a GR Engineering (Barbados) Inc., se constituyó como una empresa subcontratada para la construcción de la planta de la empresa mixta Siembra Minera y, luego, para la prestación de servicios de asistencia técnica.
Continuando con los planes sociales que pretende ejecutar esta empresa, en el Technical Report on the Siembra Minera Project, Bolivar state, Venezuela[4], publicado el 16 marzo de 2018 en la página de la Gold Reserve; la corporación enumera una cantidad de programas en los que trabajarán:
Plan de Pueblos Indígenas, Plan de Patrimonio Cultural, Plan Desarrollo Comunitario, Plan de Divulgación y Consulta Pública, Plan de Acción de Reasentamiento, Plan de Gestión Ambiental, Plan de Mineros Artesanal y en Pequeña Escala, Plan de Salud y Seguridad en el Trabajo, Plan de Protección Ambiental, Plan de Control de Erosión y Sedimentos, Plan Monitoreo Ambiental, Plan de Respuesta de Emergencia, Plan de Gestión de Materiales Peligrosos, Programa de Manejo de Residuos Peligrosos, Plan de Manejo de Cianuro, Plan de Manejo del Agua del Sitio, y Plan de Gestión de la Biodiversidad.
En este mismo apartado que titulan “Estudios ambientales, permisología, e impacto social comunitario”, hacen una caracterización de la población donde mencionan que está conformada por 80 % personas criollas y 20 % de indígenas de las etnias pemón, kariña, y de lengua arawak. Y se detienen en la descripción del contexto donde ejecutarán el megaproyecto:
“Las condiciones de la zona están permeadas por problemas relacionados con la pequeña minería artesanal, que incluyen: urbanización no planificada; problemas de salud de la comunidad (acceso al agua potable, la malaria endémica, y los altos niveles de enfermedades gastrointestinales y enfermedades de transmisión sexual); limitada o ineficaz infraestructura y servicios sociales; y conflictos por el uso del suelo”. Otros temas de interés están asociados con la limitada o sobrecarga en las instalaciones educativas y altos niveles de desempleo local. La falta de oportunidades de educación, el acceso a la información y los servicios públicos en general son factores sociales clave”.
En el documento también escriben que “no es práctico ni políticamente sostenible retirar por la fuerza a los mineros artesanales de la zona del proyecto”, así que han desarrollado un plan conceptual para reubicar a estos mineros. El plan conceptual incluye un área de procesamiento y acopio, con estanques de relaves de concreto que recolectan y transportan relaves desde las operaciones mineras artesanales hasta las instalaciones de almacenamiento de relaves del Proyecto. Algunos de los objetivos de este plan son: animar a los mineros de pequeña escala a que se reubiquen en un área lejos de los activos, grandes operaciones mineras a escala; y mejorar la salud y la seguridad de los mineros en pequeña escala y sus familias.
Si se continúa leyendo el reporte hay datos más alarmantes dónde explican cómo se hará el tratamiento de los relaves, que básicamente son los desechos tóxicos de los procesos mineros, y que construirán un embalse de sedimentos sobre el río Cuyuní.
Gold Reserve también dice que una vez que cesen las actividades de la mina en el año 2045 tendrán tres años para hacer el Plan de Rehabilitación y Cierre del Proyecto.
Tres años para rehabilitar lo destruido y el tejido social fragmentado.
El mito de la responsabilidad social de las transnacionales
Calles con huecos, aguas negras, cloacas desbordadas con residuos fecales, basura acumulada, perros callejeros y muchísimas motos. Personas palúdicas y mineros tratando de sobrevivir en medio del caos y la crisis. Esta es la postal que describe el tramo vial Las Claritas-Km 88. Un municipio donde la actividad minera extractiva, lejos de representar progreso, genera mayores niveles de desigualdad, altas tasas de violencia y asesinatos, y el crecimiento de la pobreza y pobreza extrema. El oro se esfuma a los segundos de ser extraído y los grupos armados ilegales y militares se disputan el poder en los territorios.
Gold Reserve sabe que se mueve en un terreno donde la población tiene muchas carencias, y prácticamente el Estado es inexistente en la implementación de políticas sociales estructurales que empoderen a la gente y puedan contribuir a garantizar la soberanía alimentaria, la educación, y la salud. Cuando el Estado interviene, la actuación está marcada por el abuso, la agresión y el despojo. Esto se torna en una oportunidad para la corporación que lleva proyectos sociales donde las personas reciben beneficios.
El peligro de esto es que “las empresas desarrollan una suerte de “clientelismo empresarial” que practica la cooptación y el asistencialismo, contribuyendo a reforzar las asimetrías sociales y económicas. Este escenario de asimetría entre lo local y lo global, en el cual la empresa deviene un Estado dentro del Estado, favorece además la violación de derechos ciudadanos”[5].
Es decir, si luego la población quiere hacer reclamos por los impactos socio-ambientales que hace la minera en su territorio se encontrarán en una “deuda” ficticia con la transnacional.
Horacio Machado, politólogo argentino, advierte que “una vez instalada la minera, nunca más la población volverá a ser la misma, porque desgarra el tejido social local”. Además explica el ciclo de estas empresas: Primero entra de forma imprevista y con el desconocimiento de la población. Segundo, se empieza a conocer la minera cuando ya está instalada. Tercero, trae políticas asistencialistas; y posteriormente cuando hay alguna queja o protesta empieza la represión.
En los municipios mineros en Venezuela la situación se complejiza más porque precisamente ese tejido social está fragmentado. Son lugares donde prela la desorganización social que genera el boom minero, que debilita los controles informales y vínculos sociales, a la vez que crea condiciones para el desarrollo del delito. Del mismo modo, el crecimiento acelerado de la población minera por migraciones y flujos continuos de trabajadores favorece el debilitamiento de la cohesión social. Hay mayor presencia de hombres jóvenes solos, sin soporte social, en búsqueda de ingresos ràpidos que puede generar la actividad minera[6]. La población local se encuentra prácticamente avasallada entre tanto movimiento.
“¿Por qué entran con la responsabilidad social empresarial? Ellos saben que si la gente ve que la empresa empieza a sacar (minerales) se levantarán. Si ven que la empresa les da, la gente se queda tranquila. De lo que no se da cuenta la gente es que mientras ellos les dan, dan, dan, también sacan, sacan, sacan”, dice un habitante de la zona.
El mito de que las empresas transnacionales se comportan con responsabilidad social corporativa o empresarial, robusteciendo el tejido socioeconómico de la zona, ya ha sido ampliamente estudiado en otros países de Latinoamérica, con saldos muy negativos y mortales para las poblaciones.
En este sentido, un informe especial de FOCO sobre las Empresas Transnacionales en la Argentina, firmado por Ricardo Ortiz (2007), consigna: “Las organizaciones sociales han constatado que las grandes mineras en Catamarca, Tucumán, San Juan y Chubut efectúan donaciones a escuelas y hospitales de esas provincias tratando de provocar la captación indirecta de voluntades y la limitación del ejercicio de la opinión de las comunidades. Esto ha sido corroborado por el Defensor del Pueblo de la Nación, quien manifestó su preocupación porque estas donaciones están acompañadas por una contrapartida publicitaria a favor del trabajo desarrollado por las empresas mineras, pudiendo este simple hecho llegar a inhibir toda posible crítica y, aún más, restringir la participación y el ejercicio de la población en la defensa de los derechos ambientales que consideren afectados”[7].
En 2008, la mina San Martín, de Goldcorp, que operaba en Valle de Siria Honduras, cerró de manera abrupta dejando en indefensión a la población. Los daños a la salud en Valle de Siria son terribles: de cada 10 habitantes 8 presentan severos daños y se estima que por lo menos la mitad de esos casos tienen enfermedades de tipo terminal[8].
El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba, al rechazar los fondos provenientes de la Alumbrera (una empresa minera de Argentina), decía en sus considerandos: “Que tampoco resultan ajenas a esta problemática, las prácticas del clientelismo de empresa practicado por Minera Alumbrera bajo el revestimiento ideológico de la denominada ‘minería socialmente responsable’, ‘responsabilidad social empresaria’, o ‘minería sustentable’, para acallar las voces críticas y provocar la captación indirecta de voluntades y la limitación del ejercicio de la libertad de opinión de las comunidades y judicializando la protesta social, tal como fuera denunciado por el Defensor del Pueblo de la Nación (Actuación Nº 2538/05) instando al Estado a ser ‘extremadamente cuidadoso para que el cumplimiento de las funciones que le son obligatorias y justifican su razón de ser, tales como la promoción de la educación, la salud y la preservación del ambiente, no se conviertan en un instrumento de ‘asistencialismo minero’’…”(…)[9]
Otro de los asuntos que no queda develado es quien paga esta responsabilidad social empresarial, informalmente en Las Claritas se dice que es Gold Reserve, pero veamos otra experiencia: (Un) ejemplo ocurre en Argentina donde Barrick Gold, que explota la mina Veladero, descuenta del pago de regalías a la provincia de San Juan todas sus acciones de “responsabilidad social empresaria” y diversos aportes de dinero a instituciones locales. Es decir que la política de relaciones comunitarias de la empresa la paga el propio Estado provincial[10].
En todo caso, la población de Las Claritas y de toda la zona donde se va a desarrollar este megaproyecto, de hecho, todos los venezolanos, tiene derecho a leer el estudio de impacto socio-ambiental, y tener acceso a los presupuestos y a los contratos que está ejecutando esta corporación.
¿Beneficiarios o víctimas?
Nosotros estamos enmarcados dentro de un imaginario rentista petrolero, donde toda la invisibilización de las graves violaciones de derechos humanos que causó la industria petrolera nos tienen en una especie de letargo. Hay denuncias de comunidades con altos índices de cáncer debido a la emanación de gases tóxicos de los mechurrios. Sin contar todas las comunidades que viven enfermas por la contaminación de sus aguas, aire y suelos. La minería aurífera también ha dejado personas contaminadas con mercurio, niños con malformaciones, enfermos de paludismo, enfermedades de transmisión sexual.
¿Beneficiarios o víctimas? Todo lo que pueda hacer la empresa transnacional será poco comparado con los daños que traerá a su paso. La minería es una cultura de la muerte. Pero hace falta que estemos fortalecidos y dispuestos a renunciar al espejismo del progreso, lo cual es muy difícil especialmente en lugares donde el Estado es un ausente.
El decreto 2.248 es anticonstitucional porque viola toda la legislación laboral, toda la legislación de pueblos indígenas, y toda la legislación ambiental. No hubo consulta previa libre e informada a las poblaciones indígenas ni tampoco un estudio de impacto socio ambiental. Parecía que esta situación no le garantizaba a las empresas extranjeras la seguridad jurídica que requeriría para una inversión, que solo sería rentable a mediano y largo plazo, pero están ingresando.
Muchos ecologistas y expertos ya han alertado que este megaproyecto incrementará los daños que ya ha causado la minería ilegal en la Amazonía venezolana, con efectos en el Océano Atlántico y el Mar Caribe. Lo que lo convierte en un problema regional. Actualmente lo que ocurre en la zona es una suerte de Arco Minero Ilegal donde se sigue extrayendo oro con mercurio, y donde los mineros informales y las poblaciones indígenas, siguen siendo el eslabón más débil de la cadena.
Articulación de la resistencia en los territorios y la ciudad
Muchas empresas sostienen que desarrollan una amplia actividad en la zona, que desborda claramente la actividad extractiva, en el marco de la denominada responsabilidad social empresarial o corporativa.
Es importante tener presencia en los territorios e informar a las comunidades porque las políticas de la llamada responsabilidad social de las transnacionales tensionan y confunden a las personas que están en las comunidades, incluso a los que hacen vida en las ciudades donde las promesas del progreso que traerá la minería marea a la población, que solo interesa para los votos que le garantizan la permanencia en el poder.
En este sentido la resistencia debe ser articulada entre las ciudades y los territorios, y debe prever que una de las partidas económicas, tanto de los gobiernos como de las corporaciones, está destinada a la desarticulación y cooptación de la oposición social al megaproyecto. Tenemos que acompañar a los líderes que están siendo amenazados, es el caso de Lisa Henrito, indígena del pueblo pemón, que fue acusada por el gobierno de secesionista por defender sus territorios ancestrales. También acompañar a las familias de los que han sido asesinados, indígenas y no indígenas, dentro de las pugnas generadas por el control del territorio.
“No creemos que bajo el actual modelo económico, exista la llamada responsabilidad social empresarial por parte de las empresas y menos frente al cuidado de nuestros territorios y la biodiversidad que brinda la naturaleza. Hoy la agricultura campesina sufre una nueva amenaza por las tierras, el agua y las comunidades desplazadas por la explotación minera que ha horadado de norte a sur nuestros cerros, arrasando con todo a su paso e incluso… con la conciencia de quienes han creído como ayer que los nuevos conquistadores traerán soluciones a la pobreza y el abandono de nuestros campos” Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (Chile)[11].
Jennifer Moore, periodista canadiense de prensa y radio radicada en Ecuador, brinda algunas claves sobre las estrategias posibles para la resistencia:
- Encuentro, intercambio y articulación entre comunidades afectadas, involucradas y en resistencia.
- Apoyo y acompañamiento de intelectuales y analistas comprometidos con la resistencia y con el conocimiento del sector, y profundizar el desarrollo de saberes que respalden la movilización y la resistencia.
- Estrategias de comunicación, concientización y movilización (ejemplo: formación de un banco de materiales informativos sobre la minería).
- Montar una estrategia de denuncias sobre la acumulación de capital y los abusos efectuados por las empresas mineras.
- Establecer un equipo técnico-operativo de toda la estrategia y una estructura política-organizativa que funcione coordinada pero autónomamente. Establecer un consejo asesor que tenga un equilibrio entre procesos comunitarios y analistas comprometidos.
En dos días se abrirá la firma del Acuerdo de Escazú, un Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Este es el primer tratado en el mundo que brinda protección obligatoria a las y los defensores ambientales. Es nuestro deber hacer presión para que nuestros gobiernos firmen, sabemos que no será el fin de los atropellos pero, como muchos activistas han dicho, será una herramienta más en nuestra mochila para defender la tierra y la vida, protegidos. No queremos más sangre derramada.
Notas
[1] Gold Reserve Provides Venezuela Update: https://www.goldreserveinc.com/gold-reserve-provides-venezuela-update-18-03/
SPOKANE, WASHINGTON, August 14, 2018 (Traducido del inglés)
[2] Para profundizar más en los antecedentes de esta empresa leer la segunda entrega del reportaje “Arco Minero del Orinoco: crimen, cianuro y correupción”: http://arcominerodelorinoco.com/capitulo-02/ y De Caracas a Barbados: Ruta de la estafa de Gold Reserve a la República: https://www.aporrea.org/actualidad/a261600.html
[3] Una mirada estructural del megaproyecto Arco Minero del Orinoco (I): http://revistasic.gumilla.org/2018/una-mirada-estructural-del-megaproyecto-arco-minero-del-orinoco-i/
[4] https://www.goldreserveinc.com/wp-content/uploads/2018/04/RPA-GRI-Siembra-Minera-NI-43-101-PEA-FINAL-2-Mar-16-2018.pdf
[5] 15 Mitos y Realidades de la minería transnacional en Argentina. Guía para desmontar el imaginario prominero: http://www.opsur.org.ar/blog/wp-content/uploads/2012/12/15-mitos-y-realidades-sobre-la-miner%C3%ADa-trasnancional-en-Argentina.pdf
[6] Venezuela desde adentro: No todo lo que mata es oro. La relación entre violencia y rentas mineras en el sur del estado Bolívar. Andrés Antillano, José Luis Fernández-Shaw, Damelys Castro. 2018
[7] 15 Mitos y Realidades de la minería transnacional en Argentina. Guía para desmontar el imaginario prominero: http://www.opsur.org.ar/blog/wp-content/uploads/2012/12/15-mitos-y-realidades-sobre-la-miner%C3%ADa-trasnancional-en-Argentina.pdf
[8] Los mitos de la minería sustentable. La expropiación de tierras y bienes de los pueblos: https://docs.google.com/document/d/1BOGuKEBNARKv5cSW6SL_s5x-SnD6laHH4TLKEOlcdVg/edit
[9] 5 Mitos y Realidades de la minería transnacional en Argentina. Guía para desmontar el imaginario prominero: http://www.opsur.org.ar/blog/wp-content/uploads/2012/12/15-mitos-y-realidades-sobre-la-miner%C3%ADa-trasnancional-en-Argentina.pdf
[10] https://www.servindi.org/actualidad/48552
[11] https://www.elciudadano.cl/medio-ambiente/responsabilidad-social-empresarial-el-mito-del-beneficio-minero/10/19/#ixzz5RNHBIqQ4
