El gobierno ha perfeccionado sus técnicas de presión, cercenando el derecho a la libertad de información que tienen los ciudadanos y violando el derecho que tienen los periodistas de acceder a sus fuentes
Espacio Público
El estado Sucre inició con la ausencia de uno de sus impresos más importantes, el diario la Región de Oriente informó que su última versión impresa saldría a la calle el 28 de febrero, esto debido a la imposibilidad de adquirir insumos para continuar informando la realidad del estado como lo estuvo haciendo durante los últimos 46 años.
Sus razones quedan descritas en un comunicado publicado en su primera página: “la crisis hiperinflacionaria, un monstruo que se está devorando las empresas del país, también nos ha tocado de frente con la intención de desaparecernos luego de 46 años de trabajo periodístico ininterrumpido al lado del palpitar de las comunidades”.
Con el mismo pesar, el diario zuliano Versión Final anunció el 11 de marzo el cese temporal de su edición impresa, luego de que sus gestiones para lograr el suministro de materia prima, ante el Complejo Editorial Alfredo Maneiro (CEAM), fracasaran a causa de los retrasos en la asignación y venta de bobinas de papel necesarias para imprimir el diario.
Versión Final explicó que los directivos de Maneiro se comprometieron a entregar un pedido de bobinas de papel a finales de febrero, pero la promesa no fue cumplida, lo que dificulta la continuidad de su edición impresa.
Por esta misma situación, el diario El Tiempo de Anzoátegui anunció que también cesaría la circulación, en su caso, los fines de semana, a causa de la escasez de dinero en efectivo y algunos problemas en la producción y distribución del diario.
El pasado 26 de enero El Tiempo fue noticia por del cierre de sus corresponsalías en Anaco y El Tigre luego de 12 años de actividad continua dado que estaban experimentando problemas económicos.
En la actualidad, la prensa nacional se enfrenta a uno de los episodios más oscuros de su historia, debido a que los controles oficiales les impiden la adquisición de la materia prima para llegar a sus lectores: el papel. La escasez generalizada de papel periódico, que afecta especialmente a los medios de línea crítica al gobierno comenzó con la creación del CEAM el 16 de mayo de 2013, apenas a un mes desde que Nicolás Maduro asumiera la presidencia de la República.
La crisis del papel limita a los venezolanos que eligen los impresos como fuente de información, solo este año cinco dejaron de imprimirse definitivamente y otros tres han reducido la circulación, la mayoría de ellos a causa de la crisis agravada que mantiene la Corporación Maneiro quien monopoliza los insumos necesarios para producir.
En marzo las limitaciones no quedaron allí, las agresiones a periodistas estuvieron a la orden del día, y es que es lejos de proteger la integridad de quien busca la noticia, las fuerzas de seguridad impidieron la cobertura de los hechos practicando detenciones arbitrarias.
Tal es el caso de los siete trabajadores de los medios que fueron detenidos por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) el 1ro de marzo en las adyacencias de la casa del preso político Leopoldo López.
La detención se lleva a cabo luego de que Lilian Tintori denunciara la presencia del Sebin dentro de su vivienda, los periodistas: Vanessa Rivas y su conductor Jhonathan Guarecuco de Caraota Digital, Luis Gonzalo Pérez de Venemundo, Rafael Hernández de NTN24, Karola González y Alejandro Medina de la cadena internacional Univisión se encontraban cubriendo la pauta, cuando algunos de ellos fueron trasladados a la sede del órgano en el Helicoide.
En entrevista para Espacio Público Luis Gonzalo Pérez comentó como había sido la detención: “cuando vamos llegando los funcionarios del Sebin nos encañonaron, nos detienen a la derecha, de manera abrupta detienen al resto de los compañeros, éramos para entonces 4 personas”1. Asimismo, detalló que fueron sometidos a una requisa por parte de los funcionarios “nos quitaron las credenciales, nos sacaron todo, nos quitaron los teléfonos celulares, las cédulas y dejaron a un lado las cámaras luego de sacarles las memorias”.
Aunque el motivo de la detención no fue aclarado, Pérez comentó que los funcionarios explicaron que era un operativo rutinario de seguridad “luego de bajar la guardia nos dijeron que era una guardia de seguridad y que no era la primera vez que detenían a periodistas”2.
La arbitrariedad y el abuso de poder contra la prensa se evidenció también durante la cobertura de una protesta de pensionados el 22 de marzo en la Avenida Urdaneta en Caracas, cuando funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) amenazaron y agredieron a Rafael Hernández periodista de NTN24.
Según el testimonio del reportero: “el funcionario me exigió que me fuera de la zona, dijo que no podía estar allí, que si no me iba me iba a poner los ganchos”3, además Hernández fue tomado por los brazos y obligado a abandonar el sitio.
Tan solo 10 días antes Hernández había sido agredido por funcionarios de la GNB durante la cobertura del operativo de captura del Mayor General, Miguel Rodríguez Torres, en esa oportunidad no le permitieron hacer fotos ni videos en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) ubicada en Boleíta Norte en Caracas, lugar donde presuntamente había sido trasladado el exministro de Relaciones Interiores.
Situación similar vivió Daniel Hernández, reportero gráfico del portal web El Estímulo el pasado 13 de marzo mientras se encontraba en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores dispuesto a hacer las fotografías que acompañarían un trabajo sobre el proceso de apostilla cuando fue abordado por funcionarios de la seguridad quienes lo mantuvieron retenido durante dos horas.
Los funcionarios de la GNB solicitaron a Hernández la cámara y éste se negó a entregarla, por lo que procedieron a llevarlo escoltado a un espacio y luego de un interrogatorio y de borrar el material que había realizado lo dejaron en libertad dos horas después.
Impedir las coberturas no invisibiliza el drama vivido por los venezolanos que a diario acuden a los organismos autorizados para legalizar sus documentos con intenciones de emigrar, la práctica de la intimidación a los equipos de la prensa se ha convertido en una constante a la que recurre el gobierno nacional con el propósito de censurar a la prensa libre.
El hostigamiento y la intimidación no solo son armas utilizadas por los cuerpos de seguridad, sino que algunos funcionarios hacen uso de ella escudándose en la investidura que les da ejercer un cargo en una institución del Estado, víctima de esto fue la periodista Maibort Petit, quien fue amenazada por el consultor jurídico de Petróleos de Venezuela (PDVSA) Alexis Chacón Molinet.
La periodista asegura que los ataques en su contra responden a la publicación de algunos trabajos de investigación sobre corrupción en PDVSA donde aparece vinculado Chacón, a quien califica de “intocable” pues está protegido por Tarek William Saab, fiscal recientemente designado por la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente (ANC)4.
El gobierno ha perfeccionado sus técnicas de presión, cercenando el derecho a la libertad de información que tienen los ciudadanos y violando el derecho que tienen los periodistas de acceder a sus fuentes de información, estas medidas afectan directamente la independencia, la pluralidad y la calidad de la información que consumen los venezolanos.
Actualmente en el país son muchos los mecanismos que favorecen y promueven la autocensura lo que limita a los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos a informar y ser informados, y entorpecen el trabajo de los periodistas y trabajadores de la prensa, a quienes se les cierran canales de comunicación, obtención y recepción de información.
Fuente:
http://espaciopublico.ong/marzo-gobierno-impide-a-la-fuerza-el-acceso-a-la-informacion/#.WtkpHHrwbIW
