El presidente de la Comisión Especial de Postulaciones Judiciales, recordó que en julio de 2016 el Parlamento dejó sin efecto las designaciones de los magistrados que hoy Luisa Ortega Díaz solicitó desincorporar “de inmediato”
Asamblea Nacional
Casi un año después de que la plenaria de la Asamblea Nacional dejara sin efecto la designación de los llamados “magistrados exprés”, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, ha dado la razón al Parlamento al impugnar la designación de 13 miembros principales y 21 suplentes del Tribunal Supremo de Justicia, dijo el diputado Carlos Berrizbeitia (Unidad-Carabobo).
Berrizbeitia reiteró que este martes 13 de junio, la Asamblea Nacional designará en la plenaria a los seis miembros del Comité de Postulaciones Judiciales y, a partir del lunes, se abrirá el lapso para que los aspirantes a cubrir 34 cargos en el TSJ presenten sus recaudos. Este martes estarán en la AN representantes de la sociedad civil, de donde saldrán los integrantes del equipo seleccionador.
El diputado dijo que la exigencia hecha por Ortega Díaz sobre la “desincorporación inmediata” de los magistrados cuestionados, “viene como anillo al dedo” a los pasos que la AN está dando en esa materia. Precisó que este martes pedirá a la plenaria aprobar la urgencia reglamentaria al informe del Comité Preliminar de Postulaciones Judiciales, de modo que a principios de julio ya esté culminado el proceso y el país cuente con magistrado que cubran los requisitos, de acuerdo a un proceso transparente y apegado a la ley.
El 7 de junio de 2016, la Asamblea Nacional designó una Comisión Especial, presidida por Berrizbeitia, que presentó su informe a la cámara el 14 de julio. Las conclusiones de ese informe, tras ser aprobado, fueron remitidas al Consejo Moral Republicano y apuntaron a lo mismo que señaló hoy la fiscal Ortega Díaz: los magistrados “exprés”, designados por el PSUV el 15 de diciembre de 2015, no cumplieron con los requisitos de la Constitución.
El parlamentario dejó claro que el año pasado la Asamblea Nacional no destituyó a los magistrados porque la Constitución no le faculta para eso, sino que cumplió con “dejar sin efecto” esas designaciones por vicios en el proceso, pero esa decisión fue desconocida por el Tribunal Supremo de Justicia, que los mantuvo en sus cargos.
