Javier Contreras
Como resultado de los acuerdos alcanzados en el proceso de paz, y con el objetivo de facilitar su inserción en la vida regular, legal e institucional, los miembros de la ahora desmovilizada guerrilla de las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia han presentado, oficialmente en septiembre, su plataforma político – partidista, organización llamada Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.
De cara a su actual estatus decidieron, al mejor estilo del marketing transnacional, mantener sus dos principales haberes desde lo discursivo: las siglas que los identifican, FARC, y, por tanto, su calificativo de revolucionarios. Que no se desprendan de estos dos rasgos no puede sorprender a nadie, es lógico que quieran utilizar lo que, para bien o para mal, los ubicó en el panorama nacional e internacional durante más de cinco décadas.
Probablemente, lo que si quieren dejar en el pasado es el hecho de ser perseguidos militarmente, hasta hace un año como consecuencia de un enfrentamiento armado; ahora, como consecuencia de una posible cacería de algunos de sus miembros. En ese contexto se inscribe el homicidio de Dalaider Vásquez, ex miliciano de las FARC, asesinado el 11 de noviembre por sicarios en el Departamento de Antioquia. Cabe destacar que el de Vásquez no es el primer caso de un ex guerrillero, o familiar de estos, que pierde la vida de forma violenta en lo que va de año.
Ante tal situación, Rodrigo Granda, ex miembro de las FARC y ahora parte de la dirigencia política del partido que lleva el mismo nombre, preguntó: “Sr. Ministro de defensa, son hechos aislados o existe sistematicidad? La preguntas de Granda es pertinente, y el gobierno colombiano está obligado a dar una respuesta, al mismo tiempo que ha de garantizar la integridad de los guerrilleros desmovilizados.
Pero también hay preguntas para los ex guerrilleros devenidos en políticos. ¿De dónde provienen los recursos con los que pretenden financiar sus actividades? ¿El dinero obtenido por secuestros, extorsiones, sicariato, tráfico y venta de drogas, ya no está en sus arcas? ¿Salir de la lista de organizaciones terroristas de Estados Unidos y la Unión Europea, los hace romper, efectivamente, sus lazos con este tipo de grupos? ¿Más allá de las arengas anti sistema, y la supuesta reivindicación de las clases populares (a las que por cierto también victimizaron), entienden la complejidad política y social? ¿Están dispuestos a renunciar a la influencia que conquistaron en la frontera venezolana, a base de violencia, temor y permisividad de un gobierno aliado?
Sin honestidad de los involucrados, difícilmente el pos conflicto colombiano logre cristalizar la nueva etapa a la que hace alusión el título de este artículo. El respaldo al proceso de paz y el deseo de consolidación de los acuerdos es un horizonte con el que vale la pena comprometerse, precisamente por eso, la ingenuidad es un lujo que no debe tener cabida.
