Familiares de José Enrique González y Yohandris Blanco, exigen justicia para sus seres queridos. Denunciaron que efectivos de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) ingresaron a la vivienda y los ajusticiaron.
Los nombres de José Enrique González (23) y su cuñado Yohandris Blanco (25) ingresaron desde el pasado 7 de septiembre en Barrancas del Orinoco a la larga lista de personas asesinadas por los cuerpos policiales durante 2020.
Barrancas del Orinoco es la capital del municipio Sotillo ubicado al sur del estado Monagas, tiene una población aproximada de 30 mil habitantes, por carretera se encuentra a 30 minutos de Tucupita capital del estado Delta Amacuro, a una hora de Ciudad Guayana, estado Bolívar y a hora y media de Maturín.
Esta pequeña población fue conmocionada por la violencia policial. Vecinos, amigos y familiares aseguran que los dos jóvenes fueron ajusticiados por efectivos de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), grupo adscrito a la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
El padre de José Enrique, Samuel González exige justicia, y asegura que le segaron la vida a su hijo que a sus 23 años estaba empezando a vivir.
Educado en una familia de valores para José Enrique, sus padres eran su ejemplo a seguir con 33 años de matrimonio le mostraron el valor de la familia.
Cursó estudios de primaria en la escuela “Blanca Guevara”, bachillerato en el Liceo “Eloy Palacios”, su carrera técnica en el Tecnológico “Delfín Mendoza” de Tucupita Delta Amacuro, deportista y amante del fútbol, su adoración era su pequeño de un año a quien deja en orfandad.
La versión oficial fue de enfrentamiento. La misma versión que a nivel nacional usan las policías para justificar sus asesinatos.
Como bien lo estableció la Misión de Determinación de Hechos de las Naciones Unidas en su Informe presentado en septiembre, las policías simulan enfrentamientos: “Entre las denuncias de encubrimiento documentadas en los casos investigados y examinados por la Misión, cabe mencionar la siembra de armas o de contrabando, el disparo a las paredes de la casa para que pareciera que se había producido un tiroteo y el lanzamiento de disparos al aire mientras con gritos se simulaba el intento de fuga de la víctima”.
En contra parte a la versión policial, se pudo conocer que José Enrique se dedicaba a la economía informal, comercializando productos de la cesta básica en una mina en el vecino estado Delta Amacuro. Su padre Samuel González resalta que “lo hacía de forma honesta, transparente y sin jugarle sucio a nadie”.
Pero la madrugada del 7 de septiembre la vida de la familia González Blanco, cambiaría para siempre luego de un contacto telefónico. Su padre Samuel contó como inicio su calvario. “Recibí un mensaje de Floriannys su esposa a las 5 y 20 de la mañana diciéndome: Señor Samuel, anoche se metió el Gobierno para acá y a José y a mi hermano los tienen detenidos. A la hora que recibí el mensaje ya ellos estaban, lamentablemente, muertos. Los mataron como a las tres y media de la mañana”, asegura.
Tras esa alerta de su nuera, Samuel González se traslada inmediatamente a buscar información y se entera que uno de los muertos es su hijo. “Llegue al hospital y efectivamente él estaba en la sala de cura tirado en el suelo, con dos impactos de bala similares a los de su cuñado”.
En ese momento, con los datos de vecinos y su nuera, inicia la tarea de completar el rompecabezas que selló los últimos minutos de vida de José Enrique y Yohandris.
“Fue un asesinato, ellos estaban durmiendo, no opusieron ninguna resistencia, los efectivos de las FAES sacaron a su esposa y al niño de la casa. Antes de salir, ella vio cuando estaban arrodillados en uno de los cuartos, con las manos en la nuca. Entró un efectivo, dicen que un mayor o un capitán que estaba comandando el operativo, un superior regañó a los efectivos de las FAES y en menos de 5 minutos se escucharon cinco disparos”, narró González.
Los impactos de bala que se escucharon fuera de la residencia de la víctima concuerdan con los encontrados en sus humanidades; dos impactos de bala en el cuerpo de José Enrrique González y tres en el de su cuñado Yohandris Blanco.
El testimonio de Floriannys Blanco, esposa y hermana de una las víctimas fue crucial en el proceso de denuncia de violación de derechos humanos y abuso de la fuerza por parte de los efectivos.
“Dormía junto a mi hijo y mi esposo, escuchamos el llamado y ante la insistencia y golpes en la puerta abrimos. No mediaron, los efectivos actuaron con violencia. Mi esposo y mi hermano no opusieron resistencia. Los funcionarios me sacaron con el bebé,” narra entristecida los últimos minutos que observó con vida a su esposo y a su hermano.
Recopilando datos tras los ajusticiamientos, Samuel González, padre de una de las víctimas, explicó que conversó con los vecinos y revisó la vivienda. Afirma que los funcionarios de las FAES removieron toda la evidencia para aparentar un enfrentamiento. “No hubo ningún enfrentamiento, fueron detenidos y ajusticiados los dos muchachos. Uno entra a la casa y se ve que no fue ningún enfrentamiento. Usaron un coleto y sábanas para limpiar la sangre, y luego lo lanzaron en una laguna ubicada detrás de la vivienda”, explicó González.
Asesinaron y además robaron a las víctimas y vecinos
Familiares también denunciaron que los policías se robaron todas las pertenencias de los fallecidos y de vecinos. “De la vivienda se llevaron sus zapatos, ropa, oro y dólares, hicieron desastres en esa manzana, porque allanaron otras viviendas y en cada casa robaron, según informaron otros vecinos. Se llevaron motores fuera de borda, carros, comida, y celulares”.
“Cuando este tipo de grupos uniformados entran y asesinan nadie alza la voz, ellos siguen perpetrando este tipo de hechos, nosotros hemos tratado que esto llegue a instancias nacionales para que la muerte de mi hijo y su cuñado no queden impunes. Pedimos que se realicen todas las investigaciones necesarias y se sienten precedentes. Los dos muchachos eran inocentes”, puntualizó González.
Descalificación un patrón consecutivo
En el caso de Barrancas del Orinoco los familiares denuncian que, a los dos jóvenes, les sembraron armamento y los maltrataron.
“Mancharon su nombre, yo pido justicia, que los que comandaron esa operación “Garra garra 2020” paguen, los funcionarios que participaron, el que disparó, capitán, coronel, llámese como se llame, que paguen porque mataron a unos inocentes”, denuncia Samuel González.
“Pedimos a las autoridades gubernamentales, desde el presidente al Fiscal General de la República, que estos grupos policiales que actúan de esta manera se corrijan. Debe haber respeto a los derechos humanos. Cuando tu entras y sacas a una mujer y su niño a las tres de la mañana sin importar nada y después entrar y darle dos tiros a uno y tres a otro y los presentan como secuestradores, sicarios, un poco de cosas que no son ciertas, atentas contra ellos y nuestra familia. Aquí está su papá para que su integridad como ser humano se conozca”.
El caso de Barrancas deja en evidencia, una vez más, la violencia e impunidad con la que actúan los cuerpos de seguridad y orden público, no solo en Monagas sino en todo el país. No hay lugar de Venezuela libre de la violencia policial. Todos y todas estamos en riesgo.
Finalmente, el señor Samuel González expresó su solidaridad con los cientos de familias venezolanas que han perdido seres queridos en circunstancias similares a como él perdió al suyo.
*Trabajo conjunto entre Centro Gumilla y Provea, como parte de la observación a la violencia policial y militar en Venezuela
