Nuevas oleadas migratorias marcaron en gran medida la agenda latinoamericana en 2018. Sobre todo venezolanos y centroamericanos dejan sus países, por distintas causas, pero impulsados por el mismo móvil: la necesidad.
Las convulsiones políticas y sociales han desatado históricamente oleadas migratorias en América Latina. Miles huyeron en los años 70 de las dictaduras en el Cono Sur o fueron desplazados de sus terruños en las guerras civiles que azotaron a Centroamérica una década más tarde. Tan solo en El Salvador el conflicto provocó casi un millón de refugiados, según un artículo del American Historical Review (2015).
Caravana de migrantes hondureños hace pausa en Huixtla, México
Ahora, el éxodo masivo de venezolanos, huyendo de la crisis política y social, y las caravanas de centroamericanos que escapan de la pobreza y la violencia, marcan la tónica de un fenómeno que no tiene visos de amainar.
La coordinación internacional de ayuda ha resultado compleja, por una parte, porque los países de los que tanta gente huye se han resistido a reconocer sus propias crisis como detonantes. Y también porque esta vez no se trata en rigor de refugiados, sino de migrantes.
Refugiados “de facto”
La diferencia es relevante, según destaca ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, que son aquellas personas “que huyen de conflictos armados o persecución”. En el caso de los migrantes, en cambio, no se considera su situación jurídica ni las causas del desplazamiento.
Migrantes en Tijuana echan una mirada a través de los barrotes de la frontera entre México y Estados Unidos.
Pero los límites no son siempre tan nítidos. ¿Puede ser por ejemplo la violencia delictiva, como la que azota a la mayoría de los países centroamericanos, equiparable a un conflicto armado? En Honduras, más de 3.300 personas fueron asesinadas este año. En Guatemala se registra un promedio de 16 asesinatos al día, y El Salvador sumaba más de 2.740 asesinatos hasta fines de octubre, según la Policía Nacional Civil.
La propia OIM (Organización Internacional para las Migraciones) incorpora en su glosario el concepto de “refugiado de facto” para designar a “quienes no pueden o no desean, por razones válidas”, regresar a sus países de origen.
Pertenecen a esta categoría quienes escapan de la crisis venezolana? Lo cierto es que la ONU incluyó, por primera vez, a Venezuela en su programa humanitario, que contempla también ayuda para los países que reciben el mayor flujo de venezolanos.
Colombia es el que alberga al mayor número, con un total superior al millón. Le siguen Perú, con más de medio millón y Ecuador, con más de 220.000. Argentina, por su parte, acoge a 130.000, Chile a más de 100.000 y Brasil, a 85.000 personas venezolanas, de acuerdo con datos de la ACNUR. En total, estima que el número de emigrantes y refugiados venezolanos supera los tres millones, de los cuales 2,4 millones permanecen en América Latina.
¿Amparo estadounidense?
Y su número podría seguir en aumento. De acuerdo con un análisis de la Brookings Institution, “la situación actual en Venezuela es tan crítica que todos los recursos disponibles que fluyen en el país simplemente no son suficientes para importar todos los alimentos necesarios para complementar las necesidades nutricionales básicas de los venezolanos viviendo bajo la línea de pobreza”.
El think tank estadounidense parte de la base de que “la falta de acceso a los alimentos es un determinante importante de la tasa de emigración” y calcula que el número de migrantes y refugiados venezolanos podría llegar a superar incluso los ocho millones.
Para algunos senadores estadounidenses, entre los que se cuenta el republicano Marco Rubio, “los venezolanos continúan afrontando serias amenazas a su seguridad” y “es evidente que las condiciones en el país justifican el otorgamiento de un estado de protección temporal a los ciudadanos venezolanos que residen en Estados Unidos”.
El TPS data de 1990 y protege a quienes no pueden regresar a su país de forma segura debido a desastres naturales, conflictos armados u otras condiciones extraordinarias. El presidente Donald Trump, en cambio, pretende cancelar para algunos países este programa, que actualmente ampara, sobre todo, a inmigrantes de El Salvador, Honduras y Haití.
