espaciopúblico.- El Estado venezolano no publica ni proporciona suficiente información sobre diagnósticos, diseño y aplicación de las políticas públicas relacionados a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Espacio Público presentó un informe sobre esta situación en el marco del 3er Examen Periódico de Venezuela en la 55 Sesión del Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Pidesc) que se realizará en la Organización de Naciones Unidas (ONU).
En el informe documenta un conjunto de peticiones de información, sobre estos derechos, realizadas al Estado venezolano que no obtuvieron respuesta alguna y en algunos casos al recurrir a las instancias judiciales tampoco hubo sentencia que permitiera respuestas adecuadas.
La Constitución Nacional garantiza el derecho a la libertad de expresión y del acceso a la información pública, pero ello no es suficiente para la satisfacción adecuada de estos derechos. En un estudio realizado por Espacio Público en el año 2011, 2012 y 2013, se determinó que en un 84% las instituciones no responden a las solicitudes de información que les son realizadas.
En relación al derecho a la alimentación el Estado negó información sobre la producción y demanda de alimentos. Sobre el medio ambiente, específicamente con asuntos relacionados a la explotación petrolera en el país, no se obtuvo respuesta.
En materia de educación se realizó una petición de información al Ministerio del Poder Popular para la Educación en el año 2011, en el cual se solicitó ante el organismo las instituciones educativas creadas durante el 2011 y las instituciones educativas a nivel nacional que contaba con computadoras con internet. Ninguna fue respondida.
Sobre el derecho a la salud, se realizó una serie de peticiones respecto a la salud sexual y reproductiva, la respuesta fue el silencio. En consecuencia, se interpuso una demanda y la respuesta final a través del Poder Judicial fue que recabar la información solicitada obstaculizaría y recargaría innecesariamente a este organismo público.
En el ámbito de los derechos culturales que incluyen lo relativo a ciencia y tecnología, se pidió información en 2014 a la Compañía Anónima Teléfonos de Venezuela (CANTV) respecto a los bloqueos realizados a dos páginas web. Así como también la petición realizada al Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior, Ciencia y Tecnología, sobre los bloqueos de internet en Venezuela. De esta última, se hizo demanda ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, la cual declaró inadmisible, considerando que la información sobre telecomunicaciones “podría afectar la seguridad nacional”. Ninguna de las solicitudes fue respondida.
Espacio Público, en su informe sugiere al Comité de Derechos Humanos de la ONU las siguientes recomendaciones: 1) Inste al Estado a publicar periódicamente la información relativa a la inflación, encuestas de hogares por muestreo, indicadores económicos, boletines epidemiológicos, y toda aquella información que deba ser pública. Asimismo que los informes relativos a las Memoria y Cuenta de las instituciones públicas, sean publicados oportunamente en los portales oficiales. 2) inste al Estado a aprobar una Ley de Acceso a la información pública que facilite el acceso a la información y la participación en el diagnóstico, diseño y aplicación de las medidas para garantizar la realización de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. Así como rectificar en las Sentencias regresivas ante el Derecho al Acceso a la Información Pública. 3) Por último, que exhorte al Estado a aplicar en sus portales oficiales, los criterios de usabilidad y accesibilidad en la información, así como a enfocar sus diseños web centrados en el usuario. Todo ello implica que los sitios web se organicen con un lenguaje claro que facilite la comprensión de todas las personas.
La sesiones se realizarán los días 2 y 3 de junio en la sede las ONU en Ginebra, Suiza. Las organizaciones de la sociedad civil tienen la posibilidad de participar en los los períodos de examen de los Estados. El objeto principal de esta labor es: dar visibilidad a situaciones que de forma directa o indirecta lesionen o amenacen los derechos humanos; ofrecer información que ilustre hechos y conductas violatorias; hacer planteamientos y peticiones a los examinadores; y estar presente en las sesiones de examen, a fin de exigir que los funcionarios/as a cargo del Estado cumplan con sus responsabilidades establecidas en los pactos y convenciones de los cuales el país es signatario.
