Nelson Fréitez
La principal estrategia del gobierno nacional en la actual coyuntura del país es el Plan de Estatizaciones. Si bien en años anteriores, sobre todo a partir de los años 2008-2009, se ejecutaron expropiaciones de empresas en varias ramas de actividad, a partir del 2010 se han acelerado; en especial, después del 26S se experimenta una verdadera oleada. Una lectura de esta “radicalización” es que constituye la respuesta a los resultados de las elecciones parlamentarias. En el alto gobierno pareciera imponerse la tendencia que evalúa la pérdida de apoyos electorales del “proceso” debido a la “falta de profundización”, por lo cual la acción del gobierno para evidenciar su compromiso con los sectores populares debe “transferirle los medios de producción a los trabajadores”.
Para esclarecer los verdaderos objetivos de este proceso de estatización, en cuanto a los intereses de la clase trabajadora, hay que hacerse las siguientes preguntas ¿En las empresas estatizadas los trabajadores mejoran sus condiciones de trabajo, remuneración y seguridad social? ¿Se garantiza su estabilidad laboral? ¿Se respetan sus organizaciones sindicales? ¿Los trabajadores participan en la planificación, control y evaluación de la producción? ¿Manejan la información sobre costos de producción y deciden sobre la asignación y destino de sus recursos? ¿Deciden el nombramiento de sus directivos y altos gerentes? Las respuestas a estas interrogantes son claves dado que a los trabajadores se les está ofreciendo no sólo mejoras socioeconómicas sino participación en la gestión y dirección de las empresas.
Un punto de partida para evaluar la dirección y contenido real de esta política de estatización, es examinar el comportamiento del Gobierno como patrono frente a sus 2.400.000 empleados. Un gobierno que tiene planes de transferencia de empresas a los trabajadores debe haber evidenciado en una década su compromiso con éstos. Veamos: 1.100.000 trabajadores estatales (45% del total) tienen sus contratos colectivos vencidos, algunos con varios años de vencimiento; los trabajadores de las Misiones Sociales no se les permite organizarse en sindicatos y quienes lo han hecho (en MERCAL) no los han reconocido y por tanto no cuentan con contrato colectivo; las relaciones de trabajo imperantes entre miles de personas que laboran en las Misiones Sociales son las de contratos individuales, puntuales, de bajas remuneraciones, sin prestaciones sociales, carentes de seguridad social y sin estabilidad laboral ó bajo la figura inestable y precaria de “colaborador@s; se ha fomentado la subcontratación de cooperativas para realizar labores que efectuaban trabajadores asalariados organizados en sindicatos como en los casos PDVSA, CORPOELEC, HIDROVEN, etc imponiéndoles contratos desventajosos que propician el empleo precario y desprotegido.
En cuanto a la organización sindical, el gobierno ha practicado el desconocimiento del sindicalismo existente y la promoción de un sindicalismo paralelo, contribuyendo a la fragmentación de los trabajadores y a sus enfrentamientos, lo que ha influido en fuertes conflictos propiciadores de una violencia que ha cobrado víctimas en varios estados del país. Hoy en Venezuela hay dirigentes sindicales detenidos y con medidas de presentación en tribunales por defender derechos laborales, pertenecientes a varias empresas del Estado en Guayana y en los estados Carabobo, Aragua, Zulia y Miranda.
Si evaluamos la política salarial del gobierno se evidencia que no se ha consultado a los trabajadores (ni siquiera a los sindicatos afectos) para la fijación del Salario Mínimo, el cual lo ha impuesto el Presidente de la República unilateralmente en toda la década; asimismo, la política salarial ha dado como resultado la nivelación hacia debajo de la mayoría de los asalariados del país, al punto que alrededor del 70% gana salario mínimo ó menos hoy en Venezuela. El deterioro de la capacidad adquisitiva del salario es otro de los resultados de la gestión gubernamental, el cual se ha visto envilecido ante una inflación acumulada en los últimos 4 años de cerca del 100%.
De tal manera, que esclareciendo las intenciones del Ejecutivo Nacional a partir de su desempeño como patrono, se puede expresar que un gobierno que ha manejado sus relaciones con los trabajadores desconociendo derechos básicos a la organización, remuneración y protección colectiva, lo menos que puede tener como objetivo con las Estatizaciones es realmente transferirle la dirección de las empresas a los trabajadores y la mejora de sus condiciones de trabajo.
Si bien no existe una fuente de información de conjunto sobre la situación laboral en las empresas estatizadas, sí se sabe que ha habido reducción de personal como en CEMEX Zulia (los trabajadores han tenido que ir a huelga de hambre por sus derechos); no se ha cumplido con la oferta de incorporar a la nómina a los 600 trabajadores “tercerizados” en SIDOR; se desmontan los sindicatos y se impone la afiliación a cooperativas como en OWENS-ILLINOIS; se congela la discusión de contratos colectivos como en PDVSA-GAS; se retrasa el pago de salarios durante meses como en ALENTUY; ninguna de las empresas estatizadas son dirigidas por sus trabajadores sino por funcionarios designados por MIBAN y la VicePresidencia de la República, incluso en la empresa estatizada que hay más participación –INVEPAL- la cooperativa de trabajadores vive en permanente confrontación con la burocracia impuesta por desconocer sus derechos.
La sustitución de patrono no garantiza el avance de los derechos de los trabajadores. Mucho menos si la propiedad la asume un patrono gubernamental que no se los ha garantizado en una década a sus propios trabajadores. La oleada de estatizaciones tendrá otras intenciones, pero está claro que no será la de favorecer a los trabajadores, más allá de las promesas y de la manipulación mediática.
