Por Mibelis Acevedo Donís

“Más y mejores maestros”: era este el lema que, en materia de educación, desplegaba el gobierno surgido tras la Revolución de octubre de 1945. Contar con maestros que percibiesen sueldos dignos y acordes al tamaño de su labor —base de la necesaria transformación educativa impulsada por el Estado Docente— lucía como premisa fundamental para el éxito de este inédito ensayo democrático. La ruptura con las decadentes estructuras que dejó el gomecismo demandaba, naturalmente, educar a un nuevo ciudadano para una nueva relación política. En ese sentido, ya se advertía que la democracia precisa de una pedagogía propia, de unas instituciones, unas “prácticas generalizadas” a decir de Durkheim, capaces de incidir en la construcción de identidades y pautas relacionales, en la autorrealización de los individuos y su autonomía, en la formación de hábitos para la participación y la cooperación, en la socialización de un lenguaje y una comunicación tan proclives a la libertad como a la responsabilidad. Educación como autopoieisis de la democracia, en fin, dinámica circular que asegura la incesante autocreación del sistema.

Así, amén de los miembros de las instituciones armadas, los maestros de escuelas serían “de los primeros en disfrutar de este necesario reajuste del ordenamiento de gastos de la Nación, que también comporta disminución de sueldos de ministros y otros altos personeros de la jerarquía administrativa”, según prometía Betancourt. Y en efecto: a partir del 24 de noviembre de 1945, la Junta Revolucionaria de Gobierno que operó como gobierno provisional ordenaba un aumento en los sueldos de los educadores que oscilaba entre el 61,8 % y el 115 %, según los casos.

La educación, en tanto vía para la toma de consciencia, como afirmaba el maestro Prieto Figueroa, es concebida entonces como derecho humano esencial y servicio público, como campo estratégico de acción del Estado Social y herramienta para la amplia inclusión de las mayorías. Esto, sin limitar la gestión privada en este campo y, por el contrario, incorporándola a un plan de Nación capaz de sintonizar intereses de todos los sectores. He allí los rasgos de esa escuela pública acariciada por la ilustración en el siglo XVIII y concretada en el XIX, luego del surgimiento de los Estados-Naciones; al servicio de cualquier ciudadano, gratuita, laica, universal y obligatoria, espacio civilizatorio por excelencia. Uno que, delineado por la Constitución venezolana de 1947, pero especialmente desarrollado a partir de la aprobación de la Constitución de 1961, inscribe a nuestro país en la senda de la modernidad democrática del siglo XX. Historia plena de desafíos, con más luces que sombras, sin duda, y con hitos como la reforma educativa de 1997 que, enmarcada en el proceso de Reforma del Estado y de descentralización iniciado en 1989, promovía un salto cualitativo en este ámbito.

No podríamos asegurar que durante el último tramo del siglo XX todos estos objetivos se alcanzaron. Tampoco que la educación venezolana fue inmune a las dificultades, los socavones presupuestarios, las decisiones con resultados cuestionables (como la eliminación de las escuelas técnicas y las Normales, para la formación de maestros) o el deterioro político, la deletérea crisis del modelo representativo. Pero sí cabe subrayar el preclaro interés de los líderes de la generación del 28 por hacerse de pertrechos para la construcción de una cultura cívica comprometida con la democracia. Algo lógico, si atendemos a una certeza: solo un Estado democrático es capaz de promover una escuela cuya orientación tiene, necesariamente, que ser democrática. Eso porque, como hemos afirmado, de la socialización de tales valores y la definición del comportamiento político consecuente, dependerá su sostenibilidad y permanencia en el largo plazo.

¿Sigue vigente ese legado entre venezolanos educados durante los cuarenta años de la democracia de consenso, y que hoy asumirían roles de agentes socializadores para las nuevas generaciones? Seguramente es así, a pesar del trastorno cultural de las últimas décadas. La gruesa participación de adultos mayores en las elecciones primarias da cuenta de ello. Persiste acá un banco cognitivo y de valores que, aún escamoteado por la normalización de lo anómalo, sigue contando con activos importantes en términos de apego a normas, formas de ser y hacer, creencias, costumbres compartidas, prácticas institucionalizadas y modos que desbaratan la idea del impacto autoritario en una suerte de vacío social. Tales antecedentes forman parte de un contexto político amplio que, en buena medida, ha dificultado el reemplazo definitivo del ethos democrático.

Habría que recordar que la relación entre educación y actitudes democráticas está ampliamente documentada. Según Lipset (1959), la estabilidad democrática se asocia positivamente a los niveles educativos de una nación. Asimismo, estudios como los de Almond y Verba en el campo de la cultura política (1963) nos dicen que en la medida en que la persona tenga más años de estudio, mayores serán las probabilidades de que sienta afinidad y exprese apoyo a la democracia. Putnam (1995) descubrió que los estudiantes universitarios tienen el doble de probabilidades de asociarse políticamente o participar electoralmente que aquellos que solo tienen educación secundaria, por ejemplo. La educación formal, según Nie, Junn y Stehlik-Barry, desarrolla la competencia política verbal, esto es, capacidad para reconocer, comprender y analizar implicaciones de eventos políticos relevantes. Los resultados en cuanto a la difusión de valores democráticos en entornos escolares se optimizan, además, en contextos en los que estos regímenes tienen más calidad y tradición (Weil 1985), mientras que, en democracias frágiles e incipientes, tales procesos encontrarían serios obstáculos.

El avance del populismo autoritario tras las elecciones de 1998 podría sugerir, de hecho, que la madurez de la democracia venezolana no necesariamente se tradujo en aumento de la calidad de una cultura favorable a la conservación del sistema. Sospecha que luce aún más alarmante a la luz del cataclismo presente. Con un gremio educativo que no ha parado de protestar ante el implacable deterioro de su situación económica, limitado en sus alcances, desmejorado al máximo; sabiendo, además, que “el 90 % de los niños y niñas de sexto grado no tienen las competencias necesarias para ser promovidos”, según anunciaba la Federación Venezolana de Maestros en su balance de 2023, el panorama se complica. Pero al mismo tiempo, deja claro cuál debe ser el foco de una eventual restauración de la lógica extraviada. Para políticos con sentido de responsabilidad, la formación de ciudadanos políticamente ilustrados, individuos que aprenden en la escuela que la democracia es más ventajosa y deseable, dotados de destrezas para hacer distinción racional entre esta y sus alternativas autoritarias, debería ser prioridad en los próximos años.