El contacto directo con los habitantes de los barrios le permite al académico señalar que los consejos comunales pueden ser formidables herramientas, pero corren el riesgo de quedar enredados en la burocracia. “El Gobierno debe entender que no puede meter a todo el mundo por un solo canal”, dice.
Entrevista hecha por Edgar López
El Nacional – 26 de julio de 2009
Durante la última década, lo que ocurre en los barrios venezolanos ha trascendido mediante relatos diversos y contrastantes. El énfasis puede estar en el incremento de las carencias o en la promoción de la organización y participación comunitaria. El Gobierno se ha metido en los cerros y escribe la historia oficial, pero lo importante es determinar si ello ha contribuido efectivamente a mejorar las condiciones de vida de más de la mitad de la población venezolana.
El psicólogo social Fernando Giuliani tiene la ventaja de haberse acercado a los sectores populares de las principales ciudades desde hace 20 años. Ha sido testigo de otros intentos del Estado y de los partidos de conectarse con las necesidades de los más excluidos. Convencido de que la polarización política es una trampa, Giuliani invita a abordar la llamada explosión del poder popular a través de un análisis reposado, con ojos críticos y buena voluntad.
Sobre todo, invita a creer en las potencialidades de la gente. Sin demagogia.
–¿Desde cuándo la gente de los barrios se organiza y participa para resolver sus problemas?
–La organización y participación comunitaria son procesos de viejísima data. No en forma mecánica ni repetitiva, sino reflexiva. Un conocimiento acumulado, una experiencia que ha ido madurando sola, sin apoyo estatal y, más grave aún, siempre en un contexto de exclusión. El barrio nunca logró resolver sus problemas de fondo. Que no llegue el aseo urbano porque no hay vialidad es un problema de marca mayor desde el punto de vista del urbanismo. Que se tenga que tomar la electricidad de un poste de alumbrado público enmarañado de cables también lo es.
Eso no se pudo resolver. El barrio avanzó hasta donde pudo.
Encontraremos algunas viviendas consolidadas, pero nunca un teatro, un cine o una infraestructura deportiva, más allá de la tradicional cancha de básquet. Llegó el momento en que fue imprescindible el auxilio estatal para trascender el ámbito de la propia comunidad y alcanzar la ciudadanía, lograr entrar a la ciudad.
–¿Por qué la ocupación del espacio en los barrios se desarrolló anárquicamente?
–Hay una diferencia entre la ocupación progresiva que hubo en los años sesenta y setenta y muchas de las invasiones de hoy en día. Habría que ver si ahora es gente tratando de tener derecho a la vivienda o de profesionales de la invasión que, de alguna forma, se convierten en explotadores del propio pueblo. El abandono estatal de los barrios es la razón por la cual nunca se resolvió el problema de la propiedad del territorio que ocupa 60% o 70% de la población. El Estado intentó promover organización comunitaria desde la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en 1958. Con el gobierno de Wolfgang Larrazábal se constituyeron las juntas promejoras, fue un intento de coordinación comunidad-Estado. Aquello se fue desvirtuando y se fue quedando en el asistencialismo. En los años ochenta surgió la idea de las juntas de vecinos, la cual fue acogida por igual en los barrios y en las urbanizaciones de clase media. Eso representó un avance, hasta que los partidos asfixiaron la organización comunitaria. Se hacían elecciones de las autoridades de las asociaciones de vecinos y había una plancha de AD, una de Copei y una del MAS. La gente que ocupa los cargos directivos, en lugar de trabajar por la comunidad, comienza a recibir lineamientos partidistas. La participación comunitaria siempre fue política. El problema es cuando se reduce al ámbito partidista.
–¿Cómo se resistió a la intervención de los partidos políticos?
–Realmente fue un proceso de resistencia popular. Trabajaban sin apoyo estatal y quizás por ello proliferaron las organizaciones no gubernamentales.
Pero, si el Estado no escuchaba al barrio, la comunidad no tenía ninguna incidencia en la formulación de las políticas públicas. Lo más que se podía era trabajar en función de los presupuestos por partidas que se decidían en las oficinas de los ministerios.
–¿Qué incidencia tuvo el proceso de descentralización?
–Eso ayudó muchísimo. Sin embargo, el nuevo reto era lograr que la gestión local fuese verdaderamente participativa.
–¿La visibilización de los problemas de los barrios ha contribuido a mejorar la calidad de vida de sus habitantes?
–No creo que haya una sola política pública en el país que no contemple eso que tanto anhelábamos en el pasado: la dimensión social. Y en la formulación de esas políticas se encuentra muy claramente establecida la importancia de la organización y la participación comunitaria.
–¿Se ha trascendido de la teoría a la práctica?
–El enfoque social en la formulación de las políticas públicas es un logro. Ese mandado está hecho. Ahora, el paso entre la formulación y la ejecución es otra cosa. Ahí tenemos un panorama con sus claros y sus oscuros. Evidentemente, ha habido una movilización tremenda, una profusión tremenda de organizaciones. Y un gran avance en cuanto al pensamiento de la gente. No se trata de que todo el mundo está clarito en cuanto a sus derechos y deberes. Sin embargo, se está pensando en cosas que eran inimaginables hace algunos pocos años, por ejemplo, una mancomunidad de consejos comunales.
–¿En qué se parece o diferencia la actual intervención estatal en la organización comunitaria de la que hicieron los partidos políticos en el pasado?
–Actualmente, en los barrios conviven una cultura asistencialista y una participativa. Es un reduccionismo inútil sólo ver y valorar expresiones parciales.
El Gobierno debe entender que no puede meter a todo el mundo por un solo canal; que no se puede imponer una sola forma de organización comunitaria y cerrar las puertas a los que no estén organizados de la forma en que el Estado exige.
–¿Se refiere usted a los consejos comunales?
–Yo nunca he creído en los modelos organizacionales. Muy por el contrario, creo que las organizaciones tienen que nacer y desarrollarse a partir de mecanismos de toma de decisiones democráticos, que permitan escuchar y tomar en cuenta todas las opiniones. La corresponsabilidad es imprescindible para la sostenibilidad. Las particularidades de cada comunidad son las que definen la forma de organización y no al revés. Yo creo que es un error creer que es el modelo el que garantiza el proceso.
–¿Cuál es el riesgo?
–Que la participación se vuelva ineficiente, porque el modelo no responde a la cotidianidad de la gente. El consejo comunal, desde el punto de vista teórico, es una construcción muy buena. Se reivindica el ejercicio de la voluntad popular a través de la asamblea de ciudadanos, hay una gran amplitud en cuanto a los distintos comités que se pueden crear, la contraloría social bien ejercida beneficia a todos. Los problemas comienzan a surgir con la interacción entre la comunidad y el Estado.
El consejo comunal comienza a ser una cosa tan burocrática que pierde la energía y el dinamismo propios de la participación comunitaria.
–¿Cuáles son las dificultades asociadas a la dependencia financiera de los consejos comunales?
–La institución pública no estuvo diseñada para actuar de forma participativa, para interactuar con la comunidad.
Se encuentran unos niveles de burocracia que acogotan la relación comunidad-Estado. El poder sigue centralizado en cuanto a la toma de decisiones.
Por ejemplo, cuando cambian las autoridades de alto y medio nivel transcurre un tiempo indeterminado hasta que todo se vuelve a poner a tono. Mientras tanto, la comunidad queda esperando, detenida. Eso no sólo es un problema burocrático, sino también ideológico. La institución pública todavía no está ideológicamente formada para compartir la toma de decisiones.
–¿Qué reivindica y qué se podría mejorar de los consejos comunales como modelo organizacional?
–Las comunidades hoy tienen en sus manos formidables posibilidades de organizarse y participar; sin embargo, existe el riesgo de que todo quede enredado en el andamiaje institucional. Hay que evaluar con la gente.
–¿Usted considera que ha sido suficientemente evaluado el funcionamiento de los consejos comunales para avanzar hacia las comunas?
–Yo creo que no. Sin embargo, el camino hacia una mayor articulación de la organización popular, como lo exige la comuna, dependerá de las experiencias particulares. Hay que seguir promoviendo la reflexión y escuchando a la gente de los barrios.
–¿Qué oye usted en los barrios? ¿Hay sintonía con el discurso gubernamental?
–En los barrios hay de todo, incluso ambivalencia y sentimientos encontrados. Los que están vinculados con el trabajo comunitario y en la misma medida con el proyecto político que lidera Hugo Chávez, suelen interpretar el discurso presidencial como un estímulo que los compromete más. Pero cuando no bajan los recursos, la rabia se manifiesta independientemente de distinciones partidistas.
–¿Qué se entiende por socialismo del siglo XXI o socialismo bolivariano en los barrios?
–Para cualquiera, independientemente de donde habite, es muy difícil entender de qué se trata. Como quiera que la invocación del socialismo siempre se acompaña de la referencia a lo popular, creo que la gente en los barrios intuye que con el proyecto político de Chávez hay mayor posibilidad de reivindicación de sus derechos. Sin embargo, la participación comunitaria no se decreta. Los procesos de reflexión que se dan en los barrios, con mayor o menor apoyo del Estado, indican que la gente demanda más que una palabra o un término iluminador.
