A mitad de 2025 Venezuela se encuentra entre dos elecciones. Las elecciones parlamentarias y regionales tuvieron lugar el 25 de mayo con escasa participación electoral, fenómeno que no puede achacarse por sí solo a la estrategia de un sector opositor, sino que tal vez deba verse en relación con el desencanto social germinado entre los venezolanos tras el 28 de julio de 2024, y la puerta que cerró el chavismo de que pueda ocurrir en Venezuela un cambio por la vía electoral.
Las primeras señales apuntan a una baja participación en las elecciones municipales convocadas para el 27 de julio de 2025, lo cual en sí no sería una gran novedad ya que históricamente en Venezuela los comicios locales, cuando se realizan por separado, no terminan siendo consultas concurridas. Esto en sí es un contrasentido, ya que son las autoridades locales las que están más cerca de la población, esto puede explicarse por el persistente presidencialismo del modelo político venezolano.
Derechos humanos siguen deteriorándose
La situación de los derechos humanos en Venezuela continúa deteriorándose de manera alarmante, apuntó el alto comisionado de la ONU para esas garantías, en una actualización este 27 de junio. Volker Türk, indicó ante el Consejo de Derechos Humanos que su Oficina documentó una serie de violaciones entre las que destacan detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y malos tratos, particularmente en el contexto de las recientes elecciones parlamentarias y, previamente, en las presidenciales de 2024.
La Oficina del Alto Comisionado viene documentado el clima pre y poselectoral a partir del 1 de mayo de 2024. Uno de los momentos más preocupantes, según la ONU, tuvo lugar en mayo de 2025 antes de los comicios del 25M, cuando las autoridades venezolanas detuvieron cerca de setenta personas, incluyendo figuras de la oposición, defensores de derechos humanos y diecisiete ciudadanos extranjeros, bajo acusaciones de realizar actividades terroristas.
Türk reiteró este 27 de junio que la legislación venezolana contra el terrorismo y su aplicación “contradicen las normas y el derecho internacionales”. Sostuvo que “… la mayoría de las personas detenidas por delitos relacionados con el terrorismo son sometidas a procedimientos judiciales que no cumplen con los estándares internacionales”.
Del dólar paralelo no se habla
El 18 de junio el fiscal general Tarek William Saab confirmó que habían sido detenidas medio centenar de personas en Venezuela, en una arremetida oficial contra la información sobre el dólar no oficial en el país.
Dos periodistas especializados confirmaron que además fueron detenidos (y en la mayoría de los casos liberados tras interrogatorios) un total de ocho economistas independientes. Estos economistas y sus familiares optaron por no hacer denuncias públicas ni visibilizar sus casos por temor a represalias de mayor escala.
Saab dijo que los detenidos fueron acusados de terrorismo, legitimación de capitales y asociación para delinquir, entre otros delitos. El ministro del Interior Diosdado Cabello aseveró que esta nueva ola de detenciones tuvo lugar en un marco de respeto a las personas detenidas.
“El régimen no sólo reprime a la oposición política, sino que ahora apunta a quienes intentan explicar la realidad económica. Esto es un ataque directo a la libertad de expresión y al derecho a la información”, aseveró Provea, la más antigua ONG de derechos humanos del país que se mantiene operativa.
Plataformas como Monitor Dólar, que durante años sirvió como referencia para millones de venezolanos al publicar el tipo de cambio no oficial, han sido desmanteladas. Según el fiscal general Saab, estas plataformas “desestabilizan” la economía al publicar tasas de cambio que superan la cotización oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).
Sin embargo, esta narrativa oficial ha sido cuestionada por expertos y defensores de derechos humanos. “La persecución contra quienes informan sobre el dólar paralelo no resuelve el problema de fondo: la devaluación del bolívar es un reflejo de la falta de confianza en las instituciones y de políticas económicas fallidas”, señala Francisco Rodríguez, economista venezolano y profesor en la Universidad de Denver.
En un comunicado emitido el 13 de junio, el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) rechazó el “hostigamiento y persecución” contra quienes recopilan y difunden datos económicos, subrayando que estas detenciones no están vinculadas a su organización, pero afectan a colaboradores ocasionales. “El régimen busca imponer un silencio informativo para ocultar la gravedad de la crisis”.
Un caso de detención que sí trascendió y causó gran estupor público fue el caso del economista y exministro de Finanzas de Hugo Chávez, el profesor universitario Rodrigo Cabezas. Su arresto, el 12 de junio en Maracaibo, ha generado una fuerte reacción tanto dentro como fuera de Venezuela.
El norte es una quimera
Este merengue criollo venezolano que se popularizó hace casi un siglo, en 1928, refleja tal vez el estado de ánimo entre muchos venezolanos hoy. Desde el inicio de su segundo mandato en enero de 2025, el gobierno de Donald Trump ha implementado una serie de políticas migratorias restrictivas, con un enfoque particular en los migrantes venezolanos en Estados Unidos.
Estas son las principales decisiones tomadas por la administración en Washington junto a decisiones de la Corte Suprema, que también ha actuado de forma expedita en varios casos:
Cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS). En febrero de 2025, la Casa Blanca anunció la revocación de la extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS) para aproximadamente 350 mil venezolanos beneficiarios de la designación de 2023, cuya protección expiró el 3 de abril de 2025. La administración argumentó que las condiciones en Venezuela, aunque críticas, no justificaban la continuidad del programa. Los beneficiarios del TPS de 2021, unos 250 mil venezolanos, mantienen su estatus hasta el 10 de septiembre de 2025, pero enfrentan un futuro incierto.
El 19 de mayo de 2025, la Corte Suprema, en una votación de 8-1, suspendió una orden judicial de un tribunal de distrito en California que buscaba mantener el TPS.
Revocación del Parole Humanitario. El 10 de junio de 2025, la Corte Suprema, en una votación de 6-3, permitió al gobierno de Trump revocar el programa de parole humanitario, que desde octubre de 2022 benefició a aproximadamente 532 mil personas de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití. Este programa permitía a venezolanos con un patrocinador en territorio estadounidense ingresar legalmente y obtener un permiso de trabajo por dos años. La decisión suspendió una orden judicial de un tribunal de distrito que impedía la terminación del programa.
Restricciones de visa para venezolanos. A partir del 9 de junio de 2025, la administración del presidente Donald Trump suspendió la emisión de visas de inmigrante y de ciertas visas de no inmigrante para ciudadanos venezolanos; eso incluyó estos tipos de visas: B-1 para negocios, B-2 para turismo, B-1/B-2 de visitante, F para estudiantes académicos, M para estudiantes vocacionales y J para programas de intercambio.
Para la Casa Blanca tal medida se justifica por preocupaciones de seguridad nacional, argumentando que el Gobierno venezolano carece de una autoridad central competente para emitir documentos de identidad confiables y no coopera lo suficiente en el intercambio de información sobre los antecedentes penales.
