Yovanny Bermúdez, s.j.
La pregunta que votaremos el 15 de febrero deja algunas dudas tanto en su redacción como en el alcance de la misma. Por simple técnica legislativa y para ulterior comprensión jurídica, la consulta debe dar claridad sobre el asunto a modificarse, esto con la finalidad de que los aspectos reformados sean incluidos en el texto de la Constitución porque forman parte de ella.
Nos encontramos en un proceso de elección donde la propuesta, de ser aceptada, nos deja en completa discrecionalidad del Poder Legislativo, porque no hay exactitud en el cambio propuesto y sobre lo que se está cambiando, se deja en “amplía los derechos políticos”. Los derechos humanos, al ser interdependientes, no se confrontan mutuamente para determinar la superioridad de uno sobre otro.
Los resultados electorales del 23 de noviembre, donde el chavismo perdió algunas gobernaciones importantes, dan como lectura que el pueblo castigó la mala gestión de esos gobernantes. Los acontecimientos de violencia, corrupción, sabotaje, traspaso de organismos públicos al Ejecutivo Nacional, desmantelamiento de instituciones en las gobernaciones y alcaldías opositoras, todas ellas revestidas de legitimidad electoral, manifestada por el pueblo con los votos, dejan al descubierto la imposibilidad de aceptar la alternabilidad en el poder por parte del chavismo.
Esta situación hace pensar que el motivo principal de la enmienda es mantenerse en el poder, pues como ellos dicen, al cambiar el monocolor gubernamental se estaría amenazando la continuidad en programas y políticas desarrolladas por el Gobierno. Una vez más se evidencia que el gobierno es Estado y poder concentrado en una sola persona.
