Keta Stephany*
En Venezuela, la educación pública está cerrada. Escuelas y universidades están solas. La educación, de bien común, ha pasado a ser privilegio de los más afortunados. La situación, después del fracaso de los anunciados planes gubernamentales “cada familia una escuela” y “universidad en casa”, debería ser suficiente para encender las alarmas y hacernos sentir responsables
Educación universitaria y pandemia
Mientras en el mundo la pandemia por COVID-19 llevó a las universidades a explorar y adaptar sus planes de estudio a formas de enseñanza a distancia y en línea, en la universidad pública venezolana los planes de estudio se adaptaron, los profesores se capacitaron en esta modalidad, pero el Ministerio se limitó a difundir llamados a clase y a repartir cupos, sin garantizar las condiciones materiales indispensables para que el derecho a la educación universitaria de calidad, consagrado en la Constitución, se hiciera realidad.
Las universidades autónomas procuraron que la reprogramación de los períodos académicos en las distintas facultades y escuelas garantizara la calidad de la educación, pero sin salvaguardia de los derechos laborales de profesores, empleados y obreros y sin providencias estudiantiles, el resultado fue una oferta académica incompleta, dependiente de las posibilidades y disposición individual de un personal docente no remunerado, y la segregación de una mayoría de estudiantes sin posibilidades de acceder al servicio de internet ni a los equipos de computación y comunicación necesarios.
La brecha de acceso a la educación universitaria se amplió con la COVID-19. Garantizar el acceso de todos nuestros estudiantes y la participación de todos nuestros profesores requiere de una inversión urgente que no se está considerando ni siquiera. La política oficial real, aunque en los discursos de la alta burocracia gubernamental se proclame otra cosa, consiste en abandonar a los estudiantes que no tienen los recursos para acceder a una clase en línea, y abandonar a los profesores que no tienen el equipo, ni los servicios, ni ingresos económicos alternativos al salario para seguir sosteniendo la educación universitaria sobre sus hombros. Es decir, vaciar a la universidad de talento y de relevo. Cerrarla.
El trabajo universitario en pandemia
Durante el siglo XX, las universidades venezolanas convenían las condiciones de trabajo con sus obreros a través del contrato colectivo, y con empleados y profesores, a través de las actas convenio, hasta que en 1983 se promulgaron las Normas de Homologación, a las cuales la Corte Suprema de Justicia les dio rango de ley. Con ese instrumento, la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV) acordaba el porcentaje de aumento salarial nacionalmente para todas las universidades con las autoridades y el Gobierno, a través de una comisión CNU-FAPUV, que en los años 90 del siglo pasado se amplió a la participación de los demás sectores laborales, ya que el porcentaje de ajuste salarial se le aplicaba a todos los trabajadores universitarios mediante la figura de la extensión de beneficios. Las actas convenio seguían regulando las condiciones de trabajo, incluidos ingreso y ascenso, y otros beneficios.
A partir de 2004, el gobierno acabó de hecho con esta práctica de negociación colectiva, violando la Constitución Nacional y todo el marco jurídico de las relaciones laborales en las universidades, y procedió a imponer ajustes salariales muy por debajo de la inflación y sin la periodicidad debida.
En 2013, para la discusión de la primera convención colectiva única del sector, el Gobierno discriminó a las federaciones independientes, algunas de las cuales forzaron su participación aceptando el trato preferente a la federación oficialista patronal, hasta que simplemente fueron completamente excluidas en la discusión de la tercera convención.
En 2018, en el marco del paquetazo y la reconversión monetaria, el Gobierno sustituyó en la práctica la Convención colectiva de trabajo que había firmado con su federación de maletín, a través de unos lineamientos impuestos mediante el memorando 2.792, emitido por el Ministerio del Trabajo, que eliminó unilateralmente derechos laborales progresivos, alteró la estructura de las tablas salariales y la fórmula de cálculo de los beneficios socioeconómicos.
La definición unilateral de los salarios por parte del Gobierno los ha llevado a su mínima expresión. En marzo de este año, el Ministerio impuso nuevamente la tabla salarial. El “aumento” llevó los salarios de la tabla a montos que van de 1 a 4 dólares al mes. No conforme con eso, secuestró la nómina a través de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) del Ministerio de Educación Universitaria, para depositar los míseros centavos quincenales en las cuentas de los trabajadores desde el sistema Patria.
En síntesis, en materia laboral, en el sector universitario son recurrentes las violaciones a la Constitución, al Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948, núm. 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y el Convenio núm. 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 de la OIT. Así mismo, la violación del Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos, 1928, núm. 26 de la OIT ha permitido la imposición de salarios de menos de 1 dólar al mes, lo que afecta directamente a las universidades, ya que el salario mínimo es determinante para la construcción de las tablas salariales en la administración pública en Venezuela.
Las universidades públicas deben administrar la academia y remunerar el trabajo de su personal, con fondos presupuestarios que el Gobierno les transfiere provenientes del presupuesto nacional para la educación. Pero en los últimos años, la universidad venezolana ha perdido su autonomía administrativa en un vía crucis en el cual el cerco presupuestario se fue cerrando hasta degenerar en confiscación, debido a una política de estrangulamiento e imposición de presupuestos insignificantes y entregados con retraso, cuyo corolario es el secuestro de la nómina. No son fondos del partido de Gobierno, ni del Poder Ejecutivo los que les han confiscado a las universidades, sino de la Nación.
La política anti-universitaria del Gobierno, ilegal e inconstitucional, ha sido rechazada por los universitarios en forma firme y contundente en cada momento, en cada caso y episodio, y constituye una grave violación a la libertad sindical, a la autonomía universitaria y al derecho a la educación de calidad. Con ella, el Gobierno viola el principio de autonomía administrativa y financiera de las universidades, liquida el derecho de los trabajadores a la negociación colectiva y al salario digno, y saca de las aulas universitarias a nuestra juventud.
Salud y seguridad social
Además de la imposición unilateral de ajustes salariales, en las universidades se vienen violando las cláusulas de salud y seguridad social, con la eliminación de los servicios de salud primaria a obreros y empleados, la confiscación de las cuotas para el servicio contributivo de los profesores, la ausencia de un beneficio de hospitalización, cirugía y maternidad (HCM) que realmente garantice la atención de los trabajadores y sus familiares, la imposición de un sistema centralizado de atención de emergencia que no garantiza la salud y vida de los universitarios, y la eliminación de las providencias estudiantiles. Esto, en un contexto de pandemia y un sistema público de salud derruido, es la causa del luto permanente de la comunidad universitaria que todos los días debe despedirse de alguno de sus miembros por falta de atención médica oportuna y adecuada.
El Estado venezolano ha roto unilateralmente la relación de trabajo en las universidades públicas ya que no remunera el trabajo. Y se ha retirado de su obligación constitucional de garantizar el derecho a la educación de calidad. En consecuencia, la educación superior está en emergencia laboral y en este momento no hay garantía de cumplimiento cabal de la actividad académica bajo ninguna modalidad.
Es tiempo de actuar como sociedad
La sociedad venezolana ha sido testigo, algunas veces distante, de todo esto. Esa distancia deriva dolorosamente en indiferencia. Aceptar pasivamente el cierre de las mejores universidades del país y la promoción de cohortes en las escuelas y liceos públicos donde no se han cubierto los contenidos y destrezas correspondientes al período académico que “culmina”, es renunciar a la ciudadanía, es contribuir por omisión con el exterminio del espíritu de la Nación.
El Estado venezolano se retiró, solo existe para reprimir, no garantiza ni uno solo de nuestros derechos fundamentales y cada vez que puede, los viola impunemente. Por eso, hoy debemos enarbolar dos grandes banderas que son la lucha por la libertad y la lucha por la dignidad. La lucha por la libertad es la lucha por la democracia para que haya diálogo social, lo que supone la discusión entre las partes de las condiciones de trabajo y remuneración; para que el pueblo venezolano pueda decidir su destino, lo que solo será posible a través de elecciones libres, y para que el país tenga instituciones que respondan a las demandas de la sociedad, ya que las que teníamos han sido totalmente destruidas.
La lucha por la dignidad es la lucha por educación de calidad, salud, salario digno, ambiente sano, seguridad social y personal, servicios públicos permanentes. Es la lucha por garantizar condiciones dignas de existencia para todos los venezolanos. En el caso de la educación, ya no es posible la indiferencia. No se necesita dar clases, o recibirlas, ni formar parte de la nómina de alguna institución de educación pública para saber lo que ocurre en el sector y tener una posición al respecto. Es responsabilidad de toda la sociedad salvar ese bien común que es la educación. Hacerlo, no solo compete a estudiantes y docentes, cuyos reclamos conoce y sobre cuyas demandas y propuestas, el ciudadano tiene opinión. Después de más de un año de pandemia y aulas vacías ya no somos inocentes.
*Licenciada en Letras, con Doctorado en Estudios del Desarrollo (CENDES-UCV). Profesora universitaria de la UCV y actual miembro del Comité Académico del Doctorado en Salud Pública. Secretaria de Actas, Memoria e Información de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV).
