El empresariado colombiano, al que se amerita la tenacidad en medio de los riesgos, también tiene en su seno responsables de la inequidad y la corrupción en el país
El Consejo Gremial Nacional escribió un documento en el que apoya el proceso de paz, al que justifica por razones humanitarias; llama a dotarlo de legitimidad en las instituciones y en la sociedad, pide que la justicia no quede vulnerada por la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial, y que esta actúe sobre casos personales y no colectivos; exige proteger los principios constitucionales y el equilibrio institucional y apoya el referéndum sobre los acuerdos; reclama la intocabilidad del modelo de desarrollo y pide a las Farc la dejación definitiva de las armas, el desmonte de su economía y el uso de sus bienes para la reparación.
El documento merece ser recibido como contribución al diálogo, y como invitación a reflexionar sobre los caminos para salir de la crisis humanitaria.
Ahora bien, puestos en este diálogo, es inevitable empezar por el modelo de desarrollo, que los empresarios consideran intocable y el Presidente dice que no está en cuestión. Porque hay por todas partes un clamor por cambios estructurales, desde puntos de vista legítimos, que defienden el mercado subordinado a la dignidad de todas las personas, que afirman el derecho de propiedad privada para las familias de los empresarios, pero también el mismo derecho para los millones excluidos de bienes de consumo y de producción; que buscan un cambio en el que los campesinos puedan articularse con los empresarios sin quedarles subordinados, y donde se reclaman profundización social del crédito y una inversión vigorosa en protección de la naturaleza y en la infraestructura que incorpore las vías terciarias.
El conflicto violento colombiano está articulado con el modelo como se ha dado en el país, con profundas injusticias sociales que han producido, entre otros efectos, el desplazamiento y la migración turbulenta, que dan origen a una urbanización insegura por el desarraigo y la ausencia de futuro de la juventud de los inmensos barrios marginados.
Es cierto que el de La Habana no es el momento para cambiar el modelo ni las instituciones. En esto el Presidente tiene razón. En La Habana se acuerda para terminar el conflicto armado. Pero si realmente vamos a tener paz irreversible, si todo este esfuerzo valió la pena, si los empresarios van a tener la seguridad verdadera, que no la dan las armas sino la confianza del país en ellos y entre todos, tiene que venir, después de La Habana, el proceso democrático y participativo en los territorios, abiertos gracias a los mismos acuerdos de paz, que transforme al modelo para sacar Colombia de la esquina de los países más inequitativos del mundo, más corruptos, más narcos, más impunes, más excluyentes de las poblaciones negras, indígenas y campesinas, más golpeados por la minería ilegal e irresponsable, más resistentes a irrigar capital hacia los sectores populares; y todo esto exige cambios estructurales en el modelo.
El segundo tema en diálogo es la responsabilidad del empresariado. Es normal que los gremios exijan sus derechos. Pero en el documento hay el inmenso vacío de los deberes. Deja la impresión de que la responsabilidad de todo está en la guerrilla, en los sectores populares que reclaman justicia y en el Gobierno, y esto no es verdad. El empresariado colombiano, al que se amerita la tenacidad en medio de los riesgos, tiene en su seno responsables de la inequidad, del despojo campesino, del financiamiento de políticos corruptos, del rentismo que pone al Estado al servicio de intereses privados y del paramilitarismo. Hay empresarios y grupos con responsabilidades muy graves. Definitivamente, este país es posible si lo construimos juntos; nadie tiene que irse, pero, para lograrlo, tenemos que aceptar las responsabilidades que nos conciernen, y todos y todas tenemos que cambiar.
Foto #01: Frontera Informativa
Foto #02: Ernesto Guzmán jr / EFE
