Por Carlos Lusverti
La noticia en diciembre de 2021, la cual anunciaba que México comenzará a pedir visa a los venezolanos para entrar en su territorio a partir de enero de 2022 generó alarma en Venezuela, un país donde la emergencia humanitaria compleja ha empujado a más de 6 millones de personas a cruzar las fronteras y donde el aislamiento de su Gobierno limita las opciones de vieja a unos pocos países, entre ellos México.
Visas y políticas migratorias
Si bien es legítimo que los Estados tengan control de sus fronteras, lo que incluye el régimen de las personas que ingresan a su territorio y su estatus, ello no implica que puedan hacerlo sin ningún control. En ese sentido, el régimen de visado para viajeros es una medida normal de los Estados que forma parte de sus políticas migratorias y que puede ser usada para distintos fines; por ejemplo, no exigir visas para turistas con la finalidad de promover el desarrollo del sector turístico; mientras que, por otro lado, limita la migración de trabajadores con fines de proteger el empleo nacional.
En otros casos, la migración suele ser el blanco favorito de políticos populistas y demagógicos a quienes culpar por los problemas del país en momentos de crisis o con intenciones electorales. Así se responsabiliza a los migrantes y extranjeros de la delincuencia, la violencia o del desempleo o de cualquier problema cuando en realidad se trata simplemente de problemas de xenofobia contraria a los principios de no discriminación. No se trata simplemente de temor a la migración de personas en pobreza, lo que ha denominado la filósofa española Adela Cortina como “aporofobia”, porque si se trata de turistas, artistas o deportistas famosos no existen esas barreras.
Sin entrar a discutir las razones que motivaron esta decisión, no debe olvidarse que México ya desde hace años presentaba serios problemas en materia migratoria debido a las presiones de Estados Unidos para mantener control en su frontera, con el fin de contener el fenómeno migratorio del denominado triángulo norte, es decir la población guatemalteca, nicaragüense y salvadoreña que se moviliza desde centro américa para cruzar la frontera terrestre con Estados Unidos. En el caso de los venezolanos en el año 2021, el número superó los casos de los migrantes centroamericanos, lo que resulta inédito en la frontera entre México y Estados Unidos.
Los efectos del visado
Al establecer el requisito de visado, los Estados establecen barreras a la movilidad de las personas, en tanto que ya no es tan simple que una persona viaje a otro país, sino que al requerir el visado la persona entonces necesitará cumplir con una serie de requisitos, quedando, además, sujeta a que un funcionario apruebe o no la concesión de esa visa. Estas restricciones no impiden la migración, sino que terminan por criminalizarla y hacerla más peligrosa, en tanto que quienes migran se exponen caer en manos de grupos ilegales que facilitan ilegalmente el ingreso al país y propician situaciones de corrupción o de violencia que ponen en riesgo la seguridad e integridad de las personas.
El nuevo requerimiento de visa significa que la persona que viaje deberá tener un pasaporte vigente lo que ya en Venezuela representa un reto frente al costo del documento en el contexto de crisis económica, pero también frente a un servicio de identificación colapsado, a lo que debe añadirse el costo y requisitos para obtener la visa en cuestión o la limitada oferta de vuelos para salir de Venezuela que incluye a México y otros pocos destinos. En fin, se trata del establecimiento de barreras a la movilidad que en el contexto venezolano resulta especialmente graves e injustas, pues la situación de Venezuela no provoca una migración ordinaria.
A finales de 2021, según estimaciones también de Naciones Unidas, el número de venezolanos fuera del país era poco más de 6 millones de personas que huyen de la violación de sus derechos humanos: de la persecución política, de la discriminación, de la falta de alimentos y medicinas usada como herramientas de control político, donde personas con enfermedades crónicas deben huir para evitar que tales enfermedades se vuelvan mortales. En fin, lo que ha sido denominado “emergencia humanitaria compleja” que, según las proyecciones de la Oficina del Coordinador de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, tendrá cerca de 8 millones de personas con necesidades humanitarias para 2022.
No son migrantes, son refugiados
En este contexto la situación de la población migrante venezolana debe regirse por el Régimen de Protección Interamericana de refugiados, que incluye tanto la Convención del Estatuto de Refugiados (1951) como la Declaración de Cartagena Sobre Refugiados (1984) por cuanto se trata de personas que “huyen de sus países porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada (…) la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público” y, conforme tales consideraciones, dichas personas deben garantizarle la protección internacional que incluye las posibilidades de entrar al país de acogida. Al establecer este visado México y otros países, colocan trabas a las posibilidades de protección internacional que contravienen a sus obligaciones en materia de derecho internacional de refugio y de derechos humanos.
Las autoridades mexicanas deben reflexionar sobre esta medida y, como ha dicho Amnistía Internacional, “reconsiderar la decisión y tomar todas las medidas para garantizar la protección internacional de personas venezolanas, en cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.” Recientemente, Costa Rica también anunció el establecimiento de visa, a cuyas autoridades también aplican estos comentarios, así como a cualquier otro país de la región que levante este tipo de restricciones legales a la migración.
Las respuestas no son más barreras sino cumplir con los derechos humanos
La emergencia humanitaria compleja en Venezuela continúa, pese a lo que cierto sector pretenda hacer pensar por algunas luces en determinados sectores de Caracas. La atención a esa crisis multidimensional requiere poner en el centro de la respuesta los derechos humanos, incluyendo exigir a las autoridades venezolanas el cumplimiento, respeto y garantía de los derechos humanos de la población sin discriminación. Establecer barreras no resuelve el problema, por el contrario, como hemos más arriba dicho, lo agrava poniendo en mayores riesgos a las personas.
