Por Víctor Álvarez R.
En una reciente encuesta de Datanálisis, casi el 52 % de los consultados se pronuncia a favor de flexibilizar las sanciones, independientemente de las negociaciones políticas; mientras que un 20 % opina que las sanciones no se deben flexibilizar, a menos que Maduro deje el poder.
Pretender imponer en el proceso de negociación cambios totales, hizo imposible avances parciales para destrancar el juego y avanzar hacia objetivos superiores. Insistir en la salida anticipada de Nicolás Maduro para convocar después una elección presidencial ha demorado la solución de la crisis nacional.
Muchos venezolanos están pasando hambre, centenares de empresas están al borde de la quiebra, miles de puestos de trabajo se destruyen, millones de talentos venezolanos han emigrado. Cada vez son más los venezolanos que no pueden esperar a que las élites políticas se pongan de acuerdo. Para ellos no hay mañana, para ellos no hay después. La gravedad de la crisis emplaza a la dirigencia política del oficialismo y de la oposición a ponerse de acuerdo en torno a un programa común, que permita atender la emergencia humanitaria.
Gobierno y oposición anunciaron el reinicio de conversaciones para reimpulsar el proceso de negociación política. Aunque Miraflores prefiere una negociación directa con la Casa Blanca, el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino lo convierte en el interlocutor de EE. UU. en la negociación de las sanciones. Por eso, el oficialismo se ve obligado a sentarse en la mesa de negociaciones con la Plataforma Unitaria y dejar a un lado la idea de reformatear el diálogo y ampliar la negociación con otros sectores de la oposición y de la sociedad civil.
La prioridad del interinato es negociar un canje de sanciones por mejores condiciones electorales, con un cronograma para comicios presidenciales y parlamentarios; pero no se puede condicionar la atención de la emergencia humanitaria a un cambio en el mando político. Hay que romper la inercia a través de avances parciales en materia de ayuda humanitaria que no necesitan ningún canje de una cosa por otra. Se impone separar el debate político de la ayuda humanitaria y abordar con urgencia la flexibilización de sanciones económicas para generar recursos que permitan aliviar la crisis social.
Gobierno y oposición deben estar dispuestos a asumir la corresponsabilidad de acordar y ejecutar un cuerpo básico de decisiones que permita aliviar y dar respuesta a las necesidades urgentes de la población, las cuales no pueden quedar subordinadas a la condición previa de mejorar las condiciones electorales para convocar una elección presidencial, ya que esto no es garantía de que en Venezuela se produzca un cambio de régimen.
En efecto, de presentarse dividida en las Presidenciales de 2024, la oposición terminaría vencida por un chavismo disminuido pero cohesionado, que aún puede movilizar al menos el 25 % del electorado, porcentaje más que suficiente para imponerse ante una oposición fracturada y debilitada, que no logra superar sus contradicciones internas para presentar candidaturas unitarias y capitalizar electoralmente el enorme rechazo a la gestión de gobierno.
Lo anterior explica por qué la oposición extremista —representada en ese 20 % que registra la encuesta de Datanálisis— exige que Maduro deje el poder y que se excluya al chavismo de toda transición política. Así podrían encontrar un camino despejado para dirimir sus irreconciliables contradicciones y afanes de protagonismo, sin la amenaza de que Maduro y el chavismo los derrote en las urnas.
Condicionar a este tipo de exigencias la flexibilización de las sanciones para generar recursos que permitan atender la crisis social es ruin e inhumano. Los problemas que involucran la vida de la población se deben resolver sin condiciones. Solo a través de una negociación política sensata —que priorice el interés nacional y no los intereses partidistas o ambiciones personales—, será posible avanzar hacia una solución constitucional, democrática, electoral y pacífica del conflicto venezolano.
