En 2016 las medidas económicas han girado en torno a un estado de emergencia que lejos de solucionar los problemas de producción y abastecimiento han buscado aprobar créditos adicionales sin control legislativo
Mónica Duarte
Con la promesa de luchar contra la guerra económica y la baja en los precios del petróleo el presidente Nicolás Maduro ha gobernado durante doce meses bajo un Estado de Emergencia Económica que le ha permitido ejecutar medidas presupuestarias y financieras sin pasar por los respectivos controles institucionales.
En el marco de este régimen especial se han publicado más 60 decretos presidenciales que, bajo el amparo de la emergencia, han asignado recursos adicionales no contemplados en el presupuesto 2016, a un monto que ya asciende a más de 1,68 billones de bolívares, según cifras de la comisión de finanzas de la Asamblea Nacional. Además, se simplificaron trámites para la exportación e importación y se han creado nuevas autoridades económicas en materia de puertos, banca y abastecimiento.
Estos mandatos han sido aprobados a través de la figura de un Estado de Excepción que contempla la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 338, donde se señala que “podrá decretarse el Estado de Emergencia Económica cuando se susciten circunstancias económicas que afecten gravemente la vida económica de la nación”.
Este artículo también establece los límites de la media por solo 60 días de duración con la posibilidad de ser extendida por otros 60 adicionales. Por ello, hacer posible el alargamiento de este orden especial durante un año ha significado la emisión de seis decretos sucesivos diferentes, de forma que, cumpliendo el plazo máximo de dos meses, se han aprobado tres Estados de Emergencia Económica y tres decretos de prórroga para cada uno.
Leonardo Vera, economista y profesor de la UCV, recuerda que en teoría la emergencia económica solo puede ser usada como herramienta para salir de problemas puntuales y no como un instrumento para “lidiar con una crisis institucional y política de largo aliento”, lo que supone un límite temporal para la medida.
Además, Vera señala que “el estado de excepción supone una restricción de las garantías constitucionales en materia económica que no están especificadas en ninguno de los decretos”, lo que ha permitido un margen amplio para la aplicación de las medidas de emergencia.
Pero las disposiciones constitucionales no terminan allí. Según el artículo 339 la regulación de los decretos debe pasar por la aprobación de la Asamblea Nacional (AN) y por el control de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, pasos que no se han mantenido. El máximo ente jurídico del país ha funcionado como medio para dictar la vigencia de cada decreto a través de ocho sentencias que los declaran “en orden constitucional”, a pesar de la constante negativa del parlamento hacia la promulgación de los tres Estados de Excepción, oposición que supondría una inhabilitación inmediata que no se ha cumplido.
Los especialistas señalan que, por el contrario, los decretos de emergencia han buscado “vetar a la Asamblea Nacional en materia económica”, como afirma Oscar Torrealba, economista e investigador del Observatorio de Gasto Público del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico (Cedice).
Por su parte, el economista y profesor de la Ucab Ronald Balza sostiene que “la emergencia económica solo buscó la conservación del poder sin rendición de cuentas”, control que pasa necesariamente por la aprobación legislativa de los recursos adicionales del gasto público.
“La anterior Asamblea aprobaba los presupuestos sin modificaciones ni controles y la arbitrariedad de recursos era admitida por el poder, como se quería continuar con esto se buscó una cobertura jurídica para no rendir cuentas ni presentar informes ante ningún arbitro económico. Ahora los diputados quedaron para hacer discursos, pero no para ejercer contraloría”, afirma Balza.
Una revisión detallada de los decretos emitidos bajo el Estado de Emergencia por la Consultora económica ODH en el mes de octubre revela que el 48 % de las medidas que refieren explícitamente al Estado de excepción correspondieron a la “asignación de recursos adicionales” para cubrir los costos crecientes de la nómina pública y la inversión en las importaciones del Estado.
El monto de estos créditos equivale a un excedente de 108,7 % del presupuesto nacional del año 2016, señala el informe que también especifica que el 79,5 % de los recursos, equivalente a 1.3 billones de bolívares, fue aprobados para cubrir las insuficiencias presupuestarias relacionadas con el 180 % de incremento del sueldo mínimo que se acumuló con los cuatro decretos de aumentos de salarios y de bonos de alimentación que se promulgaron en el año.
Estas medidas han sentado un antecedente que parece extenderse para el próximo año, pues en el mes de octubre otro decreto presidencial, y una sentencia del TSJ como respaldo, permitió al ejecutivo presentar su Ley de presupuesto 2017 ante el máximo tribunal del país y no ante la Asamblea, alegando el estatus de “desacato” parlamentario ante la no desincorporación de los diputados del estado Amazonas. Óscar Torrealba afirma que estas decisiones son sinónimos de una actitud jurídica de que “el ejecutivo gobierna solo”.
Decisiones de producción fueron insuficientes
Más allá de los gastos excedentarios, el Estado de Excepción ha amparado otras decisiones económicas ejecutivas que no pasaron por el control legislativo e institucional. Bajo el primer decreto, publicado el 14 de enero de 2016 y vigente hasta el 10 de marzo, se autorizó el reajuste por parte del Seniat de la Unidad Tributaria a 177 bolívares, disposición que corresponde a la Comisión de Finanzas de la AN.
Un mes después, el 8 de marzo el Gobierno creó la Tarjeta de las Misiones Socialistas, un subsidio económico equivalente al salario mínimo, para a los jefes de las familias registradas en la Gran Misión Hogares de la Patria.
Ese mismo mes, la presidencia aprobó la formación del Banco de Insumos para la Pequeña y Mediana Industria, una empresa pública dirigida a “garantizar la provisión de suministros industriales (insumos, materias primas, bienes de capital, partes y piezas) requeridos por la Pequeña y Mediana Industria y las Unidades de Propiedad Social”.
En el marco de esta primera emergencia Nicolás Maduro también estableció una política económica en base a un modelo de producción nacional: “Los 14 motores de la economía productiva”. Así, el Gobierno instaló mesas de trabajo en áreas económicas prioritarias para incentivar la industria nacional y “luchar contra la guerra económica”. De estas discusiones se obtuvieron una serie de ajustes progresivos a los precios controlados de alimentos y mercancías nacionales.
Pero la producción sigue siendo una materia pendiente. Los especialistas coinciden en que los resultados obtenidos de los Motores productivos no garantizan el funcionamiento del sector industrial. “Las empresas reciben más ingresos al aumentar los precios regulados, pero eso no detiene la informalización de la economía, ni se estimula la oferta interna”, explica Balza.
Por su parte, el presidente de la asociación empresarial Fedecámaras, Francisco Martínez, asegura que el sector privado ha vivido su peor año en 2016. “Existe una desinversión histórica del sector privado que ahora se agravado, exportar es casi imposible y no hay estímulos para la producción y no hay espacios para la discusión real de políticas macroeconómicas y financieras”.
Para Martínez las mesas de los motores productivos no han servido para resolver las limitaciones burocráticas y los controles que tiene el sector privado para exportar e importar, a pesar de que el artículo 2 del primer decreto de emergencia se aseguraba la simplificación de trámites aduaneros.
Abastecimiento: segundo foco
En el mes de marzo vino la primera prórroga y con ello el foco de las medidas económicas pasó a la distribución y el abastecimiento de alimentos y productos básicos. Así, el 3 de abril el presidente anunció la creación de los Comité Locales de Abastecimiento (CLAP). De acuerdo con el Ministerio de Alimentación, estos grupos serían “la nueva forma de organización popular encargada de la distribución casa por casa de los productos regulados”.
Para formalizar esta medida, en el mes de abril se creó un Fondo de Financiamiento propio que contaría con 10 mil millones de bolívares, según declaraciones del presidente Maduro, además de atribuírseles funciones especiales, en el marco del segundo decreto de emergencia, como la “vigilancia y organización para mantener el orden público y garantizar la seguridad y soberanía en el país”.
Con este segundo decreto el régimen especial comenzó a llamarse “Estado de Excepción y Emergencia Económica”, una variante que los expertos califican de “accesoria” pero que permitió tomar nuevas atribuciones más allá de lo financiero. Como sucedió con el decreto N° 2.309 que prohibió las mociones de censura que la AN realiza hacia los funcionarios públicos, como la que fue aprobada contra el ministro de Alimentación, Rodolfo Marco Torres.
Luego, el 7 de julio, el presidente anunció la creación de La Gran Misión Abastecimiento Soberano, un “comando” encabezado por el Ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, quien tendría atribuciones para dictar regulaciones y directrices especiales a empresas y regiones, en el marco del Decreto de Emergencia Económica.
Con esto se convocó a un Estado Mayor de economía cívico-militar que, según Maduro, estaría a cargo de “todo lo referente a procesos de producción, distribución, comercialización, seguridad alimentaria, investigación, desarrollo, exportaciones” de tres grandes áreas: agroalimentaria, farmacéutica e industrial.
El economista Leonardo Vera califica estas medidas como “un aumento de la discrecionalidad y autoridad del sector militar”. Con él coincide Torrealba quien considera que “a lo largo del año se ha profundizado la militarización de la logística económica y el abuso de poder contra empresas pequeñas”.
“Se crea una autoridad paralela en materia económica y comienza a militarizarse todo el sistema de abastecimiento, lo que ya venía ocurriendo, pero ahora se le da rango legal que lo reviste. Pero desde mediados de año con esta decisión solo ha empeorado la escasez”, afirma el investigador de Cedice. Así, para el mes de octubre, el último informe del Centro de Análisis Sociales de la Federación Venezolana de Maestros aseguraba que la escasez de alimentos alcanzaba el 36,2 % de los productos de la Canasta Alimentaria Familiar.
Pero las medidas en torno al abastecimiento tuvieron una última novedad al anunciarse, bajo el tercer decreto de emergencia, la obligatoriedad de la venta del 50% de la producción de las empresas nacionales a los CLAP, en lo que Ronald Balza califica como “el control total de la cadena productiva”. Con esta ordenanza grandes industrias como Procter & Gamble y Colgate han sido obligadas a dirigir la mitad de sus productos a la venta por los comités.
Medias extraordinarias
La actividad extractiva minera a través de la creación del Arco Minero del Orinoco fue una de las medidas “extraordinarias” que impulsaron las críticas los decretos de emergencia. La discusión de este proyecto, que se implementa para intentar palear la caída en el flujo de divisas generado por la exportación del petróleo, llegó hasta audiencias internacionales en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por peligros de daño ambiental.
Pero los economistas tampoco confían en el beneficio económico que pueda significar la explotación del subsuelo. “La minería puede generar a su nivel máximo un 10% de los recursos de un buen año petrolero, pero esos benéficos son dudosos pues se creó régimen tributario especial y una autoridad única que propicia un clima de incertidumbre y corrupción”, explica Leonardo Vera.
Otra atribución otorgada por los decretos de emergencia que el Gobierno explotó al máximo fue la atención de la crisis eléctrica entre los meses de febrero y julio. Nueve decretos se aprobaron para concretar medidas como el racionamiento del suministro de energía, la reducción de la jornada laboral de empleados públicos y la modificación del huso horario para el “mejor aprovechamiento de luz solar”.
Finalmente, con la última prórroga de los Estados de Excepción la disposición que ha marcado la actividad económica en el mes de diciembre ha sido la entrada en vigencia de un nuevo cono monetario y la salida de circulación del billete de 100 bolívares. Vera recuerda que esta medida ya se asomaba en el artículo 4 del primer decreto de emergencia.
“Las medidas monetarias se preveían desde enero como una posibilidad de intervenir el sistema financiero que ahora se han concretado de forma deficiente, tardía y ficticia para limitar la liquidez nacional”, explica.
Fuente: http://www.larazon.net/2016/12/emergencia-economica-permitio-uso-de-recursos-sin-rendicion-de-cuentas/
