En reiteradas ocasiones a organizaciones de la sociedad civil se les ha negado la posibilidad de entregar una carta a la embajadora de Nicaragua en Venezuela, Yaoska Calderón, en la que se expone la preocupación por los graves atropellos que sufre la población nicaragüense y se exige al Estado el cumplimiento de sus obligaciones con el derecho internacional de los derechos humanos.
Calderón es la representante del gobierno de Nicaragua, presidido por José Daniel Ortega Saavedra, quien enfrenta desde el 18 de abril de 2018 protestas ciudadanas que han sido reprimidas a través del uso excesivo de la fuerza por parte de cuerpos de seguridad del Estado, en colaboración manifiesta con grupos parapoliciales.
A continuación hacemos pública la misiva que no fue recibida en la embajada nicaragüense en Venezuela:
Caracas, 8 de agosto de 2018
Sra. Yaoska Calderón
Embajadora de Nicaragua en Venezuela
Un conjunto de organizaciones de derechos humanos venezolanas nos dirigimos, por su intermedio, al gobierno de Nicaragua presidido por José Daniel Ortega Saavedra para manifestarle nuestra profunda preocupación por los graves atropellos que sufre la población nicaragüense y exigirle el cumplimiento de sus obligaciones con el derecho internacional de los derechos humanos.
Tenemos conocimiento que desde el 18 de abril de 2018, se desarrollan una serie de protestas ciudadanas a nivel nacional que iniciaron en rechazo a la reforma del sistema del seguro social. Las jornadas masivas de protestas han sido reprimidas a través del uso excesivo de la fuerza por parte de cuerpos de seguridad del Estado, en colaboración manifiesta con grupos parapoliciales. Hasta la fecha, organizaciones de la sociedad civil registran al menos 317 personas asesinadas y más de 1800 heridas según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En más de 90 días se realizaron numerosas detenciones arbitrarias, casos de tortura y tratos inhumanos y degradantes; allanamientos arbitrarios en las viviendas de personas que participan en las manifestaciones y en contra de sectores opositores. A principios de julio se activó un plan denominado “operación limpieza” para reprimir las protestas en todo el país. Grupos armados paraestatales, junto a la policía, sitiaron y atacaron a manifestaciones con un número grande de personas heridas y asesinadas. Organizaciones civiles registran al menos 160 personas detenidas, secuestradas o desaparecidas.
Reiteramos que los delitos que constituyen violaciones a los derechos humanos no prescriben, y la debida obediencia no exime a los funcionarios, ni a altos mandos gubernamentales, de responder ante dichas acciones, cuya gravedad se eleva ante los crecientes niveles y formas de represión sistemática. Las obligaciones de Estado de Nicaragua en el ámbito de los derechos humanos fueron libre y soberanamente asumidas, por tanto deben cumplirse de modo inexcusable y de manera inmediata.
Rechazamos que el Estado de Nicaragua niegue su responsabilidad en los delitos y pretenda, en su lugar, criminalizar a la población que está sometida a una persecución violenta por ejercer el derecho a la protesta pacífica. Recordamos que cuando el Estado aceptó el ingreso de la CIDH reconoció una vez más su compromiso legal e internacional de respetar, garantizar y proteger los derechos humanos. Esta omisión estatal aumenta su responsabilidad dentro del conjunto de graves violaciones cometidas que podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
Ante la sistemática represión que violenta la institucionalidad democrática al privar a la ciudadanía de sus derechos, le exigimos al Estado de Nicaragua, a través del representante de su Gobierno en Venezuela:
- Cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, lo cual impone cesar la represión y restituir de inmediato las garantías de los derechos de las(os) nicaragüenses
- Investigar de oficio y de forma expedita, seria e independiente las violaciones a los derechos humanos, y sancionar según corresponda, a funcionarios sin omisiones en la cadena de mando, así como a particulares involucrados en la comisión de delitos.
- Reconocer públicamente la responsabilidad por los hechos ocurridos y cumplir con la obligación de reparación integral a víctimas y sus familiares, adoptando garantías de no repetición.
- Desarticular, determinar las responsabilidades a que haya lugar y sancionar a los grupos de civiles armados, a fin de erradicar las conductas y prácticas de persecución y violencia, que ante la legitimación, por acción u omisión de autoridades públicas, comprometen la responsabilidad de agentes del Estado.
- Adoptar las medidas necesarias para restablecer el Estado de Derecho y los principios democráticos de gobierno como respuesta institucional y urgente a la crisis que enfrenta el país.
Igualmente vamos a mantener nuestra solicitud a la comunidad internacional para que sigan atentos(as), redoblen los esfuerzos en la denuncia y difusión de la situación registrada por las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos en el país, y adopten pronunciamientos y acciones en el marco del Derecho Internacional que exijan una salida democrática, inmediata, pacífica y con justicia como garantía de paz.
Acceso a la Justicia
Acción Ciudadana Contra el SIDA – ACCSI
Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos – Cadef
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana
Centro de Justicia y Paz – Cepaz
Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del estado Táchira
Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela-Mérida
Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía CODEHCIU
Espacio Público
Fundación Aguaclara
Humano Derecho Radio Estación
Proiuris
Red Andina de DDHH – Radar
REDAC
Sinergia, Red Venezolana de Organizaciones de Sociedad Civil
Un Mundo Sin Mordaza
Una Ventana a la Libertad
Fuente: espaciopublico.ong
