Por Luis Ugalde, SJ*
Las enseñanzas sociales de la Iglesia son dinámicas y al mismo tiempo cimentadas en principios fundamentales permanentes y en el Espíritu del Evangelio. En cada circunstancia cambiante tenemos que leer la realidad y discernir cuál debe ser la actuación de los discípulos seguidores de Jesús. “Frente a situaciones tan diversas nos es difícil pronunciar una palabra única, como también proponer una solución con valor universal. No es este nuestro propósito ni tampoco nuestra misión. Incumbe a las comunidades cristianas analizar con objetividad la situación propia de su país, esclarecerla mediante la luz de la palabra inalterable del Evangelio, deducir principios de reflexión, normas de juicio y directrices de acción…”
(Pablo VI Octogesima Adveniens n. 4).
Elecciones en Dictadura
Las elecciones en Venezuela en las actuales condiciones son controladas por la dictadura y preparadas para perpetuar el régimen que ha empobrecido y destruido el país. Todo el proceso electoral está en manos del régimen que ha inhabilitado a adversarios políticos, apresado dirigentes u obligado a exiliarse. El régimen actúa desde el Ejecutivo dictatorial con el poder judicial y el CNE sumisos. Los MCS han sido silenciados o subordinados y los principales partidos opositores arrebatados a los legítimos dirigentes y entregados a políticos dóciles y serviles al régimen. A pesar de que hay varios directivos del CNE más independientes del Ejecutivo y no sumisos al régimen, éste conserva la mayoría en ese Consejo y su control es mucho mayor “aguas abajo” en las regiones, municipios, mesas… El régimen no acepta la observación internacional con los estándares democráticos y lo sustituye con “acompañantes” de países y de gobiernos amigos. El Ejecutivo pone todos sus recursos en campaña electoral.
Elecciones locales y regionales del 21-N y Doctrina Social de la Iglesia
Podemos decir que la enseñanza político-social de la Iglesia tiene tres pilares fundamentales: el principio de la dignidad humana, el principio de solidaridad, y el principio de subsidiariedad. La combinación de estos tres pilares constituye la base sólida de todo el edificio político.
La dignidad de la persona humana es el origen y fin de la vida en sociedad y de toda la creación política. No son las personas para el Estado y para la sociedad, sino estas para la realización del individuo. Las personas buscan su realización y se descubren como seres sociales que necesitan de los demás y que aportan de sí para la realización de los otros. No es posible el desarrollo del yo, sin el nos-otros, sin ese encuentro donde el yo se da y recibe de los otros. Descubre que el dar y el darse para que otros vivan no es perder, sino ganar y realizarse. La dignidad individual de cada uno se encuentra en el nos-otros, que no anula ni al otro ni al yo. Así se constituye la sociedad con sentido de solidaridad; y la sociedad en el mundo moderno crea el Estado como instrumento del bien común. No es la sociedad para el Estado, sino que éste es creado como instrumento para el mejor desarrollo de la sociedad y de cada persona.
Al mismo tiempo descubrimos que en la relación social hay la permanente tentación de afirmarse sometiendo al otro y convirtiendo su negación en pedestal para la afirmación y realización propia. Así mismo descubrimos que, aunque la creación y existencia del Estado se justifica como instrumento especial para el bien común, la lucha de intereses tiende a convertirlo en instrumento de dominación de una parte de la sociedad sobre la otra. En esa lucha de acuerdos y desacuerdos y de pacto social y violación del mismo surgen los partidos políticos. Si son democráticos no usan el poder para eliminar a los partidos rivales, pero los partidos no democráticos cuya meta es apropiarse del Estado en exclusiva y utilizarlo para dominar y eliminar a los otros, se convierten en partidos únicos y dictatoriales y el bien común en bien particular del grupo, clase o sector dominante.
En la doctrina marxista-leninista el partido comunista debe tomar el poder en exclusiva y eliminar a los otros, para controlar desde el poder a toda la sociedad y las iniciativas económicas y sociales libres. Así el Estado y el partido único deben convertirse en dueños de la sociedad e inculcar la idea de que la realización de los individuos y de las diversas instancias sociales se logra en la medida que comulguen con el Estado y el Partido único que encarnan los intereses de todos. De esa manera todas las instancias menores y los individuos han de ser sometidos y salvados por el Estado y el Partido único dominante. En ese sentido, también las comunas de inspiración comunista son instituciones de transmisión e imposición de lo que baja de la cúspide del poder del Estado-Partido.
Por el contrario, la Doctrina Social de la Iglesia desarrollada en los últimos 130 años, rechaza tanto a esa concepción totalitaria del Estado, como a la cadena de subordinación al Partido y al Estado omnipresentes y excluyentes de todo lo que no depende y está subordinado a ellos. La dignidad humana y la realización de cada persona, no como instrumento sino como fin superior, guía el modo de convertir las diversas instancias sociales y políticas en medios para lograr esa realización. Para ello las sociedades desarrollan instituciones y cultivan la solidaridad, “el amor político” y la caridad social como el alma de todo orden político y social (Ver Papa Francisco Fratelli Tutti nos. 180-182).
Principio de subsidiariedad
Es un principio clave para que las instancias superiores y más fuertes no eliminen ni aplasten a las instancias menores ni a las personas, sino que las ayuden sin debilitarlas, más bien fortaleciéndolas. El principio de ayudar y fortalecer orienta la relación entre el Estado central, los municipios y los poderes regionales y locales, y también, en la economía, la relación entre el poder estatal y los miles de centros menores de producción económica. La DSI nos enseña que no somos millones de individuos desarticulados y autosuficientes, sino personas en solidaridad con otros que desarrollamos relaciones que permiten realizarnos juntos, en familias, asociaciones, municipios, entidades regionales y nacionales.
“Además, así como en cada Estado es preciso que las relaciones que median entre la autoridad pública y los ciudadanos, las familias y los grupos intermedios, se regulen y gobiernen por el principio de acción subsidiaria, es justo que las relaciones entre la autoridad pública mundial y las autoridades públicas de cada nación se regulen y rijan por el mismo principio” (Juan XXIII Pacen in Terris n.140).
Para evitar el abuso del poder dictatorial tenemos que fortalecer las instancias inferiores y también limitar las atribuciones y la fuerza impositiva del poder central. Por eso en las democracias modernas los jefes de estado no son hereditarios, ni vitalicios, sino elegidos por un tiempo breve y con reelección limitada. La separación de poderes del Estado busca limitar la posibilidad de abusos y pone contrapesos. Así mismo, la fortaleza de las instancias menores impide las dictaduras, ya que estas buscan debilitar todo poder que sea distinto de ellas mismas.
Por el contrario, la democracia requiere fortalecer el poder ciudadano en cada persona con el desarrollo de su conciencia política y de su activa participación; todo ello está consagrado en la Constitución democrática. A diferencia de las dictaduras, que buscan debilitar todo poder ciudadano que sea distinto de ellas mismas y por eso violan la Constitución, aunque la hayan elaborado ellos mismos.
Por eso es tan importante el desarrollo de una sociedad civil consciente, responsable y organizada. De ahí el valor de las elecciones municipales y regionales y de la economía plural y descentralizada, tan contrarias a la autocracia. Pero como hemos indicado al principio, la Constitución venezolana de 1999 está violada sistemáticamente y las elecciones próximas son dictatoriales.
Votar o no votar
No hay condiciones democráticas para votar, por eso la primera reacción normal es negarnos como ciudadanos a votar mientras no establezcan las condiciones exigidas. Pero sabemos que para la dictadura no se trata de un descuido que va a corregir, sino de un plan para ganar la elección combinando sus trampas con la abstención de los demócratas que somos el 80% de los electores. Así lo viene haciendo el régimen. Estas elecciones van sin condiciones democráticas porque son para reforzar la dictadura. Por eso yo personalmente voy a votar pues la abstención deja paso libre al régimen y nos aleja el cambio necesario. Yo voto para:
- Protestar y demostrar que el régimen es clara minoría y que la suma de la variada oposición que exige la salida del régimen, es mayoría clamorosa.
- Expresar nacional e internacionalmente la absoluta necesidad de cambiar de régimen y el sistema que nos ha traído a esta ruina y miseria.
- Salir más unidos, organizados y movilizados en todos los rincones del país, reclamando además prontas elecciones presidenciales y parlamentarias, exigidas también por las democracias del mundo para acelerar la reconstrucción de Venezuela con un nuevo sistema.
- Obligar también a los opositores hoy vergonzosamente divididos a la fundamental unión democrática.
- Crecer en esperanza fundada con algunos triunfos y aciertos opositores, y salir con más indignación nacional contra los abusos y trampas del régimen.
- Salir con más poder en la base (movilización, organización e indignación) y con más sociedad civil que obligue a los partidos a la renovación.
Pero sin caer en la ilusión de pensar que la votación dictatorial y sus abusos vayan a ser democráticos el 21 de noviembre, y preguntándonos para qué sirve la inmensa mayoría que desesperadamente necesita y quiere cambio si en esas votaciones se queda en casa y callada.
Finalmente, debemos tener muy claro y difundir la idea de que este es un paso y una presión para las elecciones presidenciales en condiciones democráticas que no se hicieron, y exigir los derechos humanos violados. Como dice la Conferencia Episcopal en su mensaje del 30 de noviembre del pasado año:
“El evento electoral convocado para el próximo 6 de diciembre, lejos de contribuir a la solución democrática de la situación política que hoy vivimos, tiende a agravarla (…) aún deben realizarse las elecciones presidenciales, pues las de 2018 estuvieron signadas por condiciones ilegítimas que han dejado al actual régimen, a los ojos de Venezuela y de muchas naciones, como un poder de facto. La voluntad mayoritaria del pueblo venezolano es dilucidar su futuro político a través de la vía electoral. Esto implica una convocatoria a unas auténticas elecciones parlamentarias y elecciones presidenciales con condiciones de libertad e igualdad para todos los participantes, y con acompañamiento y seguimiento de organismos intencionales plurales”.
Exigir a los partidos políticos madurez y cambio.
*Doctor en Historia. Coordinador de Educación de la Provincia Jesuita de Venezuela. Individuo de número de las Academias Venezolanas de Cs. Políticas y Sociales y de la Historia.