Por Alfredo Infante, SJ
Con nuestras decisiones presentes como ciudadanos nos estamos jugando, nada menos y nada más, que la viabilidad o no de Venezuela como país. Hemos venido repitiendo como un mantra que en Venezuela los componentes básicos de una Nación, territorio, población y Estado, están en riesgo.
El territorio nacional está fragmentado por la violencia criminal, los caudillismos locales y una serie de conflictos que, en cada región, tienen su expresión particular, de acuerdo con sus relaciones intestinas de poder, la economía local y su vinculación con el Gobierno central. A esto se suma, como muy bien han señalado los obispos en el más reciente comunicado de la Conferencia Episcopal Venezolana1, la propuesta inconstitucional del Estado comunal que, bajo el espejismo de la “democracia participativa y protagónica”, fragmentaría aún más el territorio nacional, revertiría el tan golpeado proceso de descentralización y afirmaría al poder político central como eje de gravedad sobre el que todo giraría. Señalan los obispos:
Con este panorama tenemos por delante un proceso comicial para designar autoridades regionales y locales, con el trasfondo de la imposición de un sistema comunal, proclamado por algunos miembros del gobierno, que debilitará y probablemente eliminará las funciones de las gobernaciones, alcaldías y otras expresiones del poder local, además de las competencias efectivas de sus autoridades, con la finalidad de instaurar un poder hegemónico desde bases sociales no electas, contraviniendo lo estipulado por la Constitución Nacional
De igual modo, la mayoría de la población, inmersa en una emergencia humanitaria compleja, padece un proceso de empobrecimiento acelerado de sus condiciones de vida, en un contexto de supuesta reactivación económica “darwiniana” que ha profundizado la desigualdad socioeconómica y cultural entre los distintos estratos sociales e, inclusive, dentro de cada uno de estos, pues es llamativa, por ejemplo, la desigualdad que se está expresando a lo interno de los sectores populares en función de los niveles de acceso al dólar con el que cuenta cada familia.
La desigualdad ya no es solo un asunto de fácil geo referencia (“este” y “oeste” o “norte” y “sur”, dependiendo de la ciudad), sino que se trata de un fenómeno que también atraviesa la convivencia cotidiana en los sectores populares. Además de todo esto, estamos hablando de una población que, debido a la emigración masiva de los últimos cinco años, ha perdido el bono demográfico, porque de los 6 millones de venezolanos que han abandonado el país forzadamente, la mayoría son jóvenes y adultos en edad productiva.
El Estado democrático, fundado en la Constitución de 1999 (CRBV) ha sido transgredido en sus principios fundamentales, minando la institucionalidad, garantía básica para el Estado de derecho y la democracia. De esta manera se ha ido imponiendo una autocracia, señalada de supuestos crímenes de lesa humanidad, que ha puesto al Estado venezolano en un proceso abierto de investigación en la Corte Penal Internacional.
Ante este escenario catastrófico, gigante como Goliat, surgen varias tentaciones que, si las consentimos, alimentarían al monstruo y nos debilitarían o paralizarían ante él, como de hecho ha ocurrido durante estos 20 años con los atajos de las falsas salidas y con los repliegues abstencionistas en los sucesivos eventos electorales que, al no reunir las condiciones de competitividad, han activado en el seno de los partidos de oposición el afán del “todo o nada”, con lo que, al final, se ha cedido terreno a la autocracia, entregándole el país en bandeja de plata.
Es comprensible que, ante la persecución política, el exilio, el asesinato por razones políticas (como en el caso de Fernando Albán) y las injustas inhabilitaciones de líderes emblemáticos –entre otras violaciones a los derechos civiles y políticos– se genere tal indignación que, al no encontrar las maneras adecuadas de canalizar las mismas, se termine haciendo, sin pretenderlo, lo que el poder ha planeado: dividir, llevar el agua a su molino y avanzar en el control de los espacios.
Sin embargo, rehabilitar la democracia y revertir el daño es una carrera de largo aliento, de acumular fuerzas, de ir rehabilitando la política desde lo social, construyendo un nuevo liderazgo, haciendo sinergia con las fuerzas sociales sin manipulación, y aprovechando los espacios de participación política para ir avanzando, consolidando, articulando y sabiendo que, en este caso, un evento electoral, por muy viciado que esté y dependiendo de cómo lo afrontemos, es una oportunidad para los debates, acuerdos y avance en una agenda estratégica por el derecho a vivir en democracia.
Considero que, si bien para estas elecciones los partidos de oposición van divididos y aún no logran canalizar el descontento de la sociedad opositora (además de que la lógica estalinista de los partidos, sumada a los protagonismos mesiánicos, no ha garantizado una democracia interna para nombrar a los candidatos y ha excluido a los nuevos liderazgos que se han venido construyendo en el día a día, en medio de la gente), el evento electoral del domingo 21 de noviembre es una oportunidad para movilizarnos políticamente y, como sociedad, dar señal de que apostamos por una solución pacífica a nuestro conflicto y crisis sistémica.
Es el momento de dar una clara muestra al mundo –dada la presencia de los observadores de la Unión Europea y Naciones Unidas– de que como sociedad, pacíficamente queremos recuperar nuestro territorio en el espíritu de la Constitución, que señala a las parroquias, alcaldías y gobernaciones como las verdaderas instancias de poder descentralizado, y no por la vía inconstitucional de la comunas, ni los poderes de facto de la criminalidad; que como población expresamos nuestro descontento con un sistema político más letal que la COVID-19, con investigación abierta ante la Corte Penal Internacional por supuestos crímenes de lesa humanidad y que nos ha llevado a una emergencia humanitaria sistémica que nos tiene al filo de la vida y la muerte. Que el ejercicio del voto libre, secreto y universal, amenazado igualmente por el proyecto de Ciudades Comunales, es un medio de expresión política, indicador democrático que valoramos y ejercemos como deber ciudadano. De igual modo, debemos demostrar con nuestro voto que la alternabilidad, como principio democrático, es un signo clave en la construcción del Estado de derecho.
Concluyo citando a nuestros hermanos obispos, quienes ponen la mirada en el significado trascendental de esta elección, más allá de los triunfos y derrotas:
Somos conscientes de que el tema electoral ha provocado apatía interna en una gran mayoría del pueblo, prepotencia en una minoría y ha llevado a una fractura de muchas opciones políticas partidistas. En todo caso, lo fundamental es no quedarse en la diatriba y el conflicto, sino encararlos y trabajar por superarlos, en aras de un bien mayor, que es un presente y un futuro más digno del pueblo venezolano, nuestra nación. No es tanto mirar individualmente qué gano o qué pierdo, sino trascender a lo comunitario para saber qué ganamos o qué perdemos como pueblo en el conjunto de la realidad político-social. El objetivo de un proceso comicial hoy, por tanto, no es solo escoger un grupo de autoridades, sino enviar una señal inequívoca de determinación y compromiso con la refundación de la vida, la libertad, la justicia y la paz de 30 millones de personas.
Nota: [1] conferenciaepiscopalvenezolana.com
Fuente: Boletín del Centro Arquidiocesano Monseñor Arias Blanco del 12 al 18 de noviembre de 2021/ N° 124: mailchi.mp
