Por Carlos Ochoa Ruiz
En los países democráticos las elecciones libres y competitivas son, en esencia, la competencia del mercado electoral. Son conceptos de la teoría económica que se aplican con facilidad a los eventos electorales. Actúan factores de la oferta: las propuestas; y de la demanda: la compra de las mismas mediante el voto. Funciona la economía del voto: el análisis individual del costo-beneficio ante las expectativas que ofrecen los candidatos o partidos.
El mercado cautivo se produce cuando colocan barreras a la entrada de potenciales competidores para evitar la libre competencia, dando lugar al Monopolio, el poder absoluto del mercado electoral. Este es el caso de las elecciones parlamentarias convocadas por el régimen de Maduro este 6 de diciembre.
Ejerce su monopolio mediante el uso de las barreras institucionales públicas: el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal “Supremo” de Justicia, al intervenir las directivas de los principales partidos de oposición y sancionar a sus líderes políticos. Permite la entrada a su mercado sólo a los grupos mimetizados de oposición, acólitos del régimen que actúan como arlequines de la parodia electoral. Ya anticipa los resultados, al declarar que “el triunfo está cantado”.
Describen las leyes que aprobarán en la “nueva” Asamblea Nacional, para la “solución mágica” de toda la calamidad que causan cada día a la población.
Y, en realidad, tienen motivos para anticiparse a los acontecimientos. Poseen una herramienta electrónica de alta tecnología, la Plataforma del Carnet de la Patria, proporcionada por la empresa china Corporación ZTE, una de las mayores proveedoras de equipamiento de telecomunicaciones a nivel mundial. Con asesoría y financiamiento de equipos, tan sofisticados como los utilizados por el régimen totalitario chino para el control eficiente de su población.
El carnet de la patria, funciona como un carnet multiuso, lo utilizan para distribuir bonos de dinero electrónico, las bolsas y cajas Clap de alimentos subsidiados, cuya diferencia en la presentación (irónicamente discriminatoria) se debe a la calidad de los productos y el monto del subsidio. El carnet también autoriza al afiliado a usar los puntos de venta biopago BDV (con recursos transferidos del Banco Central al Banco de Venezuela) para la compra de alimentos, medicinas y gasolina a precios subsidiados. Facilita los trámites con los organismos públicos, con ahorro en tiempo y dinero.
Pero la afiliación requiere más información que el documento de identificación personal. Su dirección, grupo familiar, ingresos, condiciones de salud y otros datos, mediante encuestas en línea y tiempo real, que permitan al régimen medir y obtener el grado de aceptación de sus “políticas compensatorias”, y así alimentar su campaña política y la ficción de su realidad paralela. La opinión adversa suministrada en la encuesta, al igual que en China, es motivo de exclusión del Sistema Patria.
En abril de 2018, Maduro utilizó su instrumento político un mes antes de la fecha de su “reelección presidencial”, cuando dijo: “Eso es dando y dando. Estoy pensando en dar un premio al pueblo de Venezuela que salga a votar ese día, con el carnet de la patria”.
Al final, el Sistema Patria permite ejercer el control, condicionamiento, discriminación, dependencia, y el gran objetivo de todo régimen totalitario: la sumisión de la mayoría de la población. Mientras más avance la pobreza, mayor será la población incorporada al control o la dependencia del régimen, independientemente de su posición política.
En la medida que el proceso de depauperación se acentúa por la crisis económica, la pobreza captura a los estratos bajos y medios de la clase media.
En el presente año, la aparición de la pandemia, que afecta la economía de todos los países, se hace aún más dramática en Venezuela, por ser el único país en el mundo con siete años consecutivos de contracción económica y tres años con hiperinflación.
Se conoce como estanflación la combinación de efectos que mantiene en el umbral de la miseria a la población que está en la pobreza extrema. El gráfico anterior es elocuente sobre la cuantificación de la tendencia de esa categoría al cierre de este año.
El Sistema Patria y su distribución de bonos se diseñó en 2017, en un contexto muy adverso de la economía venezolana. Acumulaba cuatro años consecutivos de contracción en su actividad económica, medido en términos del Producto Interno Bruto (PIB), caída del valor de las exportaciones petroleras, en especial, por la reducción de la producción, y la disminución de las reservas internacionales.
En consecuencia, las finanzas públicas han estado en déficit recurrente por la caída de los ingresos petroleros y la recaudación del resto de los ingresos de la actividad económica. Sin poder compensarlos por la vía del financiamiento interno y las dificultades de acceder al crédito de los organismos internacionales, por los pagos de la deuda externa pendientes.
Las opciones para enfrentar esta calamidad acumulada, el régimen no las ha considerado. Recurrió a la vía rápida, irresponsable e ilegal: la emisión de dinero por parte del Banco Central, sin respaldo en las reservas internacionales. Es el origen de la hiperinflación que se reproduce cada día, manifestándose en la depreciación del bolívar frente al dólar o incremento de su cotización.
El Sistema Patria, fue implementado como “mecanismo de redistribución del ingreso a la población más necesitada”. Pero, tal como lo muestra el PIB en el gráfico, su redistribución partió de una premisa falsa, por cuanto no es posible redistribuir lo que no se produce. La incompetencia del régimen en el manejo de la política económica, la indolencia y corrupción hizo de ese sistema, al final, un mecanismo político de redistribución de la pobreza a través de la forma más perversa: la hiperinflación. Ese aluvión corrosivo de salarios que no se puede detener ni compensar con ningún aumento nominal de salarios y bonos. Siempre quedan en la ilusión monetaria, la tristeza y frustración.
Durante el mes de noviembre, una vez más, el régimen activó el mecanismo de la hiperinflación. En una clara política de chantaje electoral aumentó nominalmente el salario mínimo, los bonos de la patria y adelantó los aguinaldos. Distribuyó a través del carnet de la patria millones de bolívares. Un gran volumen de liquidez volcado hacia un mercado escaso de bienes y de dólares, que son ahora activos de transacción y de resguardo de valor. La reacción fue inmediata, alza más que proporcional de precios de los productos y la cotización del dólar. La ilusión monetaria se desvaneció mucho antes de la fecha del evento electoral.
Pero, el Sistema Patria, concebido como herramienta estrictamente política, aún tiene su efecto. Especialmente en la población chavista militante y simpatizantes, que aceptan el argumento de que la debacle de la economía es la expresión de la conspiración interna y externa durante veintiún años al régimen chavista-madurista. Es la “realidad paralela”, donde reina la falsedad y la manipulación. Es el mercado cautivo del régimen.
En ese mercado, el sistema electoral integrado por el Consejo Nacional Electoral y la plataforma Patria, está diseñado para incorporar los “Puntos Rojos” de control, ubicados estratégicamente cerca de los centros de votación. Son más eficientes que los exit polls, encuestas a boca de urna que se usan normalmente en los países, como muestras para la proyección de los resultados. Los puntos rojos no usan encuestas, tienen un gran porcentaje de votantes registrados en el Sistema Patria. La cobertura es cercana al 90% del padrón electoral.
Antes de votar, las personas en la lista del local electoral, deben pasar por los puntos rojos. Reciben un mensaje en su teléfono, con la asignación de un bono o una bolsa Clap, por ejercer su “voto patriótico retributivo”. Con beneplácito le recordarán: “Ya sabremos cómo votaste”. Al cerrar las mesas, el Sistema Patria le adelanta el resultado “oficial” al Consejo Nacional Electoral, con un margen de error insignificante, despreciable literalmente para el régimen, pero “estadísticamente con tendencia irreversible”.
Con la “nueva” Asamblea Nacional, que sustituirá la Asamblea Constituyente, será como “el juego de las sillas”, pero el régimen “logrará”, de facto, cerrar el círculo totalitario institucional que tanto anhelaba.
La conformación de esa Asamblea no será representativa de la población. No tendrá el apoyo genuino de la gran mayoría de los venezolanos, ni el reconocimiento internacional. El régimen soslaya estos factores que en perspectivas resultan determinantes.
2021 representa un reto para todos los países. Iniciar progresivamente la reactivación de la economía, ahora que la disponibilidad de la vacuna contra el covid-19 abre horizontes para enfrentar la calamidad de sus efectos, sin que ello represente, por lo momentos, detener los contagios del virus.
Los esfuerzos estarán dirigidos al diseño de programas de inversión en salud y en economía, donde el financiamiento de los organismos internacionales es fundamental. Para ello, es necesario disponer de un marco jurídico institucional, que sólo una Asamblea Parlamentaria Democrática lo puede proporcionar.
La ausencia de esta institución abre expectativas que no ayudan a despejar el clima de conflictos que pudieran avecinarse en lo político, social y económico.
