Las intenciones de forzar el voto de la población surgen en numerosas acciones y discursos del Gobierno nacional. La idea es cerrar filas en torno a una opción electoral de cara a las elecciones presidenciales de 2012 a través del carisma… y cuando no se pueda, a través de la coacción.
Naibet Soto / Luis Carlos Díaz
Revista SIC 743
Pocos días después de la quema de los cuadernos electorales que contenían los nombres de todos los venezolanos y venezolanas que participaron en las primarias opositoras del 12 de febrero, el presidente Chávez dijo en una cadena de radio y televisión que no le hacían falta para saber quiénes habían votado. Recordemos que la alianza opositora agrupada en la Mesa de la Unidad Democrática acordó con el CNE una serie de medidas para reducir la desconfianza sobre el acto de votación y así aumentar la participación. Estas medidas incluían hacer de la tinta indeleble algo opcional al elector y quemar los cuadernos de votación a las 48 horas para que no quedase registro de su nombre. Cuando el Tribunal Supremo de Justicia, en una sentencia apurada y con equívocos, prohibió la destrucción de los cuadernos, no sólo llegó tarde a lo que ya eran cenizas, sino que levantó suspicacias en torno a la creación de una segunda “Lista Tascón”, el instrumento con el que se ha marcado, despedido y perseguido a un gran número de venezolanos después del referéndum revocatorio presidencial en 2004.
Si las elecciones primarias opositoras convocaron a 3 millones de venezolanos y los militantes inscritos en el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) supuestamente superan los 7 millones de electores, ¿a quién iban dirigidas las palabras del Presidente de la República?
La mayoría de los empleados públicos, por ejemplo, han sido sometidos a una práctica que iguala su empleo con la militancia política. Millones de bolívares son invertidos en la compra de indumentarias que permiten uniformar a los trabajadores del Estado con mensajes proselitistas para ser ofrendados como dádivas al líder, bajo la coacción de una lista de asistencia de la que dependerá en muchos casos su permanencia en el cargo, haciendo suponer que cada empleado que asiste a un acto público es un voto seguro a la causa del Presidente.
En ocasiones, los ascensos, reconocimientos y mediciones de lealtades dependen de esas listas de asistencia, pues en torno al empleo público que ha aumentado en los últimos años, hay un aura que confunde la lealtad con la militancia y no con la eficiencia o la productividad. Entre numerosos empleados públicos (de un universo que ya supera los 2 millones y medio de ciudadanos y ciudadanas venezolanas) percibimos entonces un primer grupo de personas intimidables en su ejercicio del voto.
Las elecciones presidenciales abren el compás para unas condiciones diferentes a las pasadas primarias: la presencia en los centros electorales no estará vinculada con las preferencias políticas del votante sino con un deseo de participación que incluye a todo el país. No es gratuito que las elecciones sean la principal mención de participación que hicieron los encuestados en el estudio del Centro Gumilla sobre valoraciones de la democracia.
Ambos contendores necesitarán del contraste para lograr una ponderación diferente del elector esta vez. Los baluartes de la gestión del Presidente en ejercicio penden entre el valor del reconocimiento de logros y la conquista de una identidad de clase, alimentada en la diferenciación y el rechazo al pasado, como un concepto que engloba a su vez a cualquiera que no milite en su causa.
En la nomenclatura oficial, no apoyarlos significa entonces apoyar de manera maniquea cualquier hecho negativo del pasado. Es como si el sujeto opositor fuese un Atlas moderno que carga sobre sí toda la derecha y el fascismo de la humanidad, mientras el sujeto revolucionario cuenta con la solvencia del borrador, de la frágil certeza de la promesa y el gerundio como oferta inminente. A este grupo se le presenta la paciencia como valor, que significa alargar la confianza con un voto más para renovar el periodo de gobierno.
Cuando el Primer Mandatario decía que no necesitaba los cuadernos de votación para saber quién había osado participar en la elección opositora, disparaba los mecanismos discursivos del miedo. Estos enunciados de intimidación van en dos líneas: decirle a la gente que sus acciones están siendo medidas por el Gran Hermano y, a su vez, sumar la idea de que actuar de esa forma es traicionar el proceso revolucionario.
La lógica de la polarización es una lógica impuesta con mentalidad militar (y aprovechada por los medios para convertirlo en espectáculo) que divide a la sociedad en bandos “enemigos”. Por lo tanto las acciones del contrario son tomadas incluso como atentados contra la patria o la estabilidad conquistada. Otro grupo de intimidables son aquellos quienes ante la falta de opciones, sintiéndose asfixiados por el alcance del Estado, caen en el chantaje.
Los esfuerzos discursivos de Diosdado Cabello, Elias Jaua o Mario Silva durante los días de ausencia por enfermedad del Presidente, convergieron en otra idea clave en la caja de mensajes oficiales: la paz sólo es posible con Chávez. Pero ese espejo tiene dos caras: una derrota del Presidente movilizaría a colectivos que compremeterán la gobernabilidad futura… o la otra tesis: el deseo de venganza de la oposición privaría sobre la razonabilidad, comprometiendo así la seguridad de los principales actores del oficialismo. Es un discurso de vamos por ellos o vienen por nosotros. En cualquier caso, el discurso oficial niega un escenario de transición civilista, induciendo al miedo para desmovilizar o conservar votos.
Se somete a la gente a dos humos posiblemente tangibles: al Gobierno no le hace falta hablar de los colectivos urbanos armados porque éstos hablan por sí sólos (al igual que las cárceles fuera de control o las guerrillas rurales como el FBL) y por el otro lado están las experiencias de violencia opositora durante el golpe del año 2002.
Ambas latencias que convierten las partes en un todo, bajo la sombra del Caracazo, erigen al líder de la revolución como el único dios del caos capaz de hacer contención. Ante ese escenario, los intimidables se abstienen o preservan el status quo. La revolución se vuelve conservadora.
El otro eje de intimidación es clientelar. En el discurso oficial se ha vuelto necesario convencer al otro de que todo lo logrado en políticas sociales, será anulado por un nuevo gobierno. En este paraguas se incluyen no sólo los becarios y beneficiarios de misiones, sino también a otro grupo vulnerable ante la fragilidad del Gobierno del presidente Chávez: los contratistas y proveedores. En este grupo hay muchas deudas monetarias por cobrar y muchas transacciones de co-dependencia y chantaje. La falta de transparencia en la administración pública y los presupuestos que han sido otorgados por adjudicación directa, son un nicho de sobrefacturación que someten a sus deudores a seguir la línea electoral.
Para finalizar, el reducto último de los intimidables está en el acto del voto. La ignorancia y el miedo a la brecha tecnológica de votar en pantalla, con captahuellas mediante, aún manda el mensaje a la población de que su voto dejaría de ser secreto. Es en ese último espacio, en el que las colas del 7 de octubre se harán más lentas, donde el CNE y los partidos políticos deberán hacer más énfasis para aumentar la confianza sobre el acto de votación sin retaliaciones, a pesar de los ataques del PSUV al CNE después de las primarias opositoras. La invulnerabilidad del sistema será el mensaje principal de la campaña, si se quiere que los intimidables voten con libertad y autonomía.
