El voto

Por Alexander Medina

En Venezuela si hay una cultura social que se ha mantenido a lo largo de la era democrática y en los últimos años –pese a la infinidad de inconvenientes– es la de realizar elecciones para definir a los responsables de gobernar el país en todos los niveles.

El presidente de la República, los diputados nacionales, gobernadores, alcaldes, legisladores regionales y concejales, se eligen mediante el voto, tradición que ha durado en medio de un evidente ambiente de polarización que se ha radicalizado en los últimos tiempos.

Vale recordar que, hasta no hace mucho, se elegían por esta vía del voto hasta a los miembros de las juntas parroquiales, figura concebida en su momento como el nivel de gobierno más cercano a la gente, incluso, más que los alcaldes y ediles municipales.

Pero una nueva Ley Orgánica del Poder Público Municipal suprimió este cargo de elección popular.

Para los comicios regionales y municipales del 21 de noviembre se ha intentado, de diversos modos, recuperar la confianza en el voto, no solo como herramienta de participación ciudadana, sino sobre todo como mecanismo legítimo y legal para la toma de decisiones en los asuntos públicos del país.

Largo y tortuoso ha sido el maremágnum de incidentes que hemos padecido los venezolanos para que a estas alturas la credibilidad y la confianza en el voto estén por el piso, cuestión que no vamos a analizar en este artículo porque no alcanzaría la extensión.

Lo que sí es debido apuntar es que el Centro Gumilla, y por ende nuestra Revista SIC, comparte con el país su apuesta ciudadana concerniente en motivar a que la participación electoral de los ciudadanos es la vía para contribuir a la resolución de los álgidos conflictos y graves dramas de nuestra sociedad venezolana.

Ciertamente, la participación no es la única manera, legítimamente constitucional, para expresarnos y hacernos sentir colectivamente. Existen otros modos y caminos, también legales.

Pero consideramos que esta es la opción más expedita, por lo pronto, para dar a conocer nuestro sentir sobre los decadentes indicios de gobernabilidad presentes en los estados y municipios, los hábitats donde sufrimos con más impacto las crisis de servicios públicos, inseguridad, caos y anarquía, entre otros problemas, que dibujan el mapa de todo el país.

¿Votar para qué?

Esta es una pregunta que por lo general utilizan algunos factores políticos que, desde hace una década aproximadamente, se oponen a todo evento electoral. Y en este momento no han sido la excepción.

El interpelarse qué sentido y finalidad tiene votar en unas elecciones en las cuales se perciben manejos controlados que favorecen mayoritariamente las opciones de victoria de los candidatos del oficialismo, hoy en día dueño del poder político, parte de la premisa de que no hay condiciones equitativas, transparentes, equilibradas y legales para que el ciudadano pueda votar en libertad y autónomamente.

Una argumentación que no deja de tener amplia veracidad sobre todo cuando estas irregularidades son documentadas por organizaciones ciudadanas como las diferentes redes de observatorios electorales y que bien denuncian y reflejan en sus respectivos informes técnicos después de cada evento electoral.

También los partidos políticos, mayoritariamente de oposición, han revelado a través de los medios de comunicación estas anormalidades traducidas en ventajismo, coacción para votar, uso de fondos y medios públicos para sus campañas y otro tipo de ilícitos electorales que termina incidiendo en los resultados finales.

No obstante, continuar repitiendo esta matriz tanto en el campo de la opinión pública como en la práctica de la abstención electoral, evidentemente configura un ambiente social de desilusión, apatía y lo que es peor, de una desesperanza aprendida que llevamos a cuesta casi que de manera inconsciente y nos bloquea para actuar.

En un reciente foro virtual de la revista SIC, titulado “participar es la vía”, y en declaraciones que luego ofreció a Radio Fe y Alegría Noticias el rector principal del CNE Roberto Picón, se alegaba tajantemente que en Venezuela “el voto es seguro, es íntegro, es libre, es secreto, y es prácticamente imposible usurpar la identidad de los electores». Por eso invitó a los ciudadanos a acudir confiados en que su voto será «contado correctamente».

Esta afirmación de Picón conlleva a apuntar que en Venezuela se tiende, a Dios gracias, a recuperar las cualidades del voto como un acto unipersonal, de decisión consciente, voluntaria, libre, de plena responsabilidad ciudadana y lejos de transferírsela a otros actores ajenos a cada persona.

El voto, y así lo creemos en SIC en medio de una nueva teorización de este acto ciudadano, implica no solo el hecho racional para tomar una decisión personal, sino que también involucra las otras dimensiones del individuo como la anímica, la emocional, la moral-volitiva, la física y orgánica, entre las que se incluye sortear diversas dificultades como la falta de transporte, de combustible, para movilizarse al centro de votación y pulsar en la pantalla de la máquina su debida determinación.

Picón señalaba en el webinar precitado que desde la conformación del nuevo poder electoral venezolano se comenzó con todo un proceso de construcción de garantías para devolverle al ejercicio del voto su respectiva fiabilidad y factibilidad correspondientes a lo que cada ciudadano decide en la máquina electoral.

Este proceso descrito por Picón responde a que “desde el año 2012 hemos venido registrando una reducción drástica de la participación electoral”.

Para ese año, reseña, cuando hubo elecciones presidenciales:

Este descenso considerable en el número de votantes evidentemente desanima al resto de la población y debilita a todas las instituciones porque una gran parte de la ciudadanía no reconoce a las autoridades que han sido electas.

Pero justamente en este desierto de ánimos es donde hay que asumir el reto de la apuesta por un camino democrático, institucional, legítimo y ciudadano para la reconstrucción social y política del país.

¿Cuáles son esas condiciones para reconstruir la confianza en el voto?

Este no es un artículo para alabar al nuevo CNE. Nuestra intención no es esa. Pero si nos mueve destacar algunos avances institucionales que van en la línea de reconstruir la confianza en el voto.

Una de esas primeras condiciones para el próximo evento electoral ha sido el diseño y ejecución de un cronograma electoral que se ha hecho público por parte del CNE y que ha servido como marco para que los actores políticos y ciudadanos participen en las distintas fases del proceso electoral, incluyendo el día de las votaciones.

La segunda garantía que se ha dado para que la ciudadanía cuente con una amplia gama de ofertas electorales, es la habilitación de algunas tarjetas partidistas, cuyos candidatos dicen representar los intereses de la gente, y de esta forma se rompe el monopolio de las opciones para votar libremente.

Finalmente, hay dos condiciones que también se han consolidado en esta eventualidad. Una está referida al conjunto de auditorías que se han practicado a la arquitectura electoral desde el mismo momento de la convocatoria de los comicios.

En estas auditorías de las máquinas, proceso de transmisión de votos, escrutinio, sistema biométrico y otros elementos técnicos, se ha contado con la participación de académicos universitarios independientes que avalan la confiabilidad del andamiaje de acuerdo a las normativas nacionales e internacionales.

Y la última garantía, hay otras, es la novedad de la observación electoral internacional, concretada ésta en la participación de la Unión Europea, Centro Carter y Naciones Unidas.

Para este tipo de observación, y no de acompañamiento como se ha estilado en los últimos procesos, se ha preservado los principios de independencia de movimiento, de declaración, “para que digan lo bueno, lo malo y lo feo”.

También se manejarán los criterios de imparcialidad y no injerencia en los asuntos internos del país.