Por Fernando Spiritto
El 18 de febrero de 1983 (el llamado “viernes negro”) el gobierno de Luis Herrera Campíns (1979-1983) devaluó el bolívar y suspendió su libre convertibilidad.
Esta decisión, podría decirse, marca un hito en la historia económica venezolana porque, como dijo Domingo Alberto Rangel en 1982, “En Venezuela el tipo de cambio pertenece a lo que pudiéramos llamar los mitos nacionales. Como los héroes del Panteón Nacional o como las tradiciones que ha arraigado poderosamente en el alma popular, la paridad del bolívar no sólo es intocable sino indiscutible” (El Universal, 10 de noviembre de 1982).
El bolívar había mostrado una notable estabilidad en los lustros anteriores. El tipo de cambio pasó de Bs. 4,50 por dólar en 1964 a 4,40 en 1972, y a 4,30 en 1973, paridad que mantuvo por 10 años. La responsabilidad macroeconómica del período 1959-1973 se tradujo en baja inflación (1,9 % por año, una da las más bajas del mundo) y, por tanto, en una moneda sólida de gran poder adquisitivo externo. No obstante, es bueno reconocer que la fortaleza de la moneda también fomentó las importaciones y obstaculizó el proceso de industrialización.
El 18 de febrero de 1983 el gobierno suspendió la venta de divisas al público y tres días después, mediante el decreto 1842, autorizó al Ministerio de Hacienda a firmar un convenio con el Banco Central de Venezuela (BCV), para establecer “limitaciones y restricciones a la libre convertibilidad de la moneda nacional” (artículo 1). Se inició de esta forma la implementación de un régimen de cambios diferenciales que otorgó la tasa preferencial de 4,30 bolívares por dólar a la importación de bienes esenciales, a la amortización y pago de intereses de la deuda externa pública y privada, a los gastos de los estudiantes y poderes públicos en el exterior. Para los “otros renglones” el decreto estableció la posibilidad de tipos de cambio distintos dando origen a un régimen de tres niveles en el cual, junto con la tasa preferencial, se acordó un cambio de Bs. 6 por dólar a las exportaciones de las compañías del Estado y un cambio libre (que en mayo estaba alrededor de los Bs. 9 por dólar) para cualquier otra actividad. Adicionalmente, se tomaron dos medidas: la creación del Régimen de Cambio Diferencial (RECADI) como organismo administrador de las divisas y la implementación de un control de precios para frenar la inflación.
En febrero de 1983 culminó un largo ciclo de estabilidad económica que comenzó en los inicios de los años sesenta y que con muy notables excepciones (devaluación en 1961, aumento de precios a mediados de los setenta, déficit comercial y contracción en 1978) se caracterizó por alto crecimiento y baja inflación.
Con la devaluación del bolívar en 1983 se inició una cadena de eventos históricos que pondrían fin a la llamada democracia puntofijista, vigente desde 1958 cuando cayó la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Así como la estabilidad económica terminó en 1983, la paz social lo hizo con el Caracazo de 1989 y la política con los golpes de Estado de 1992. El triunfo electoral de Hugo Chávez en diciembre de 1998 cambió las reglas de juego e impuso un sistema de tipo populista autoritario. El camino le fue facilitado por varios años de deterioro institucional, expresado en una grave crisis de representatividad de los partidos dominantes (AD y Copei) y el crecimiento sostenido de la pobreza. El deterioro que en todos los frentes experimentó el país durante las décadas del ochenta y noventa del siglo XX, encontró en el colapso cambiario de 1983 el punto de partida apropiado.
En este artículo se analizan las circunstancias que hicieron inviable el mantenimiento del régimen de cambio fijo y la libre convertibilidad del bolívar, y obligaron al gobierno a la implementación de un control de cambios en 1983. Se reseñarán las causas de tipo estructural, es decir, aquellas relativas al modelo rentista petrolero que prevalece en el país desde inicios del siglo XX. También se mencionarán los factores coyunturales resultado de las políticas económicas implementadas por los gobiernos de Carlos Andrés Pérez (1973-1978) y Luis Herrera Campíns (1978-1983) en el marco de los booms petroleros de 1973 y de 1980-81, así como los factores externos que a partir de 1981 convergieron para hacer insostenible la paridad fija de Bs. 4,30 por dólar.
Los factores externos
Los factores externos de mayor incidencia en la devaluación del bolívar en 1983 fueron las altas tasas de interés en los Estados Unidos y la disminución de los precios del petróleo. También se debe mencionar la crisis mexicana, resultado del mismo ambiente externo, cuyo cenit se alcanzó con el default de agosto de 1982. Venezuela no pudo mantenerse al margen de este acontecimiento que, en cierto sentido, sirvió de acto inaugural a la década perdida del desarrollo latinoamericano.
A principios de los años ochenta, el mundo experimentaba las secuelas del shock petrolero de 1973 y de las convulsiones políticas en el Golfo Pérsico en 1979 y 1981. La inflación fue la consecuencia más visible de la cuadruplicación de los precios del petróleo. En 1979 la Reserva Federal de los Estado Unidos adoptó una política monetaria restrictiva (altas tasas de interés) para enfrentar la inflación que alcanzaba niveles record de más del 10 %. Tal política generó, en 1982, la recesión más grave hasta ese momento desde la Gran Depresión de finales de la década de 1930. Entre 1981 y 1984 las tasas reales de interés experimentaron un alza sostenida, alcanzando más de 20 % en 1981, lo que ciertamente puso fin a las presiones inflacionarias, pero a cambio de una severa contracción económica y alto desempleo.
Las altas tasas de interés en los Estados Unidos afectaron a América Latina, región altamente endeudada para la época lo que, entre otros factores, desencadenó la crisis de la deuda externa de la década de 1980. Para Venezuela, las altas tasas de interés se tradujeron en una persistente fuga de capitales, situación fomentada por el Banco Central, que en su momento consideró a la disminución de la liquidez mediante la salida de divisas como una efectiva herramienta de lucha contra la inflación la cual venía aumentando desde 1980. Durante 1981 el BCV mantuvo las tasas de interés nacionales por debajo de las internacionales. De esta forma, las autoridades económicas prefirieron perder reservas internacionales que modificar el tipo de cambio. “Entonces tuvimos que mantener las tasas de interés artificialmente bajas para que se fuera el dinero justamente para quebrar la tendencia de los precios como justamente se quebró”, dijo el ministro de hacienda Luis Ugueto en septiembre de 1981 (El Universal, 15 de septiembre de 1981). En mayo de ese año las ventas de dólares ascendieron a 124 millones cuando un año antes fueron apenas de 52 millones (Purroy, 1981: 457). En agosto de 1981, el BCV eliminó el sistema de fijación directa de tasas de interés y procedió a liberarlas. Los flujos negativos de divisas por concepto del diferencial de tasas fueron revertidos en los primeros meses de 1982 (BCV, 1982).
Al mismo tiempo, en el mercado petrolero internacional, la era de los altos precios llegaba a su fin. La recesión, la mayor eficiencia tecnológica y la aparición de nuevos suministros (de Alaska, México, Noruega y Reino Unido) empujaron los precios a la baja. La nueva tendencia comenzó a mostrarse en 1980, en plena guerra Irán-Irak, cuando en medio del nerviosismo de mercado por la merma de los suministros de estos países (especialmente por parte de los japoneses) y el aumento respectivo de los precios a US$ 32 por barril, resultó evidente que la demanda estaba disminuyendo. La calma retornó rápidamente y los inventarios acumulados en los años anteriores comenzaron a fluir. Esta vez, los comparadores no fueron víctimas del pánico, como en el shock de precios anterior, y prefirieron usar sus reservas en lugar de acudir al mercado. “Octubre de 1981 representa la última vez que la OPEP elevó los precios, al menos por una década” (Yergin, 1992: 714).
En 1982 la realidad del mercado comenzó a imponerse. Con la demanda en caída, la OPEP decidió, en marzo, defender los precios disminuyendo la producción. De 31 millones de barriles (MBP) que produjo la organización en 1979, el nuevo volumen fue fijado en 18 MBD con cuotas para cada miembro que se tradujeron en menores volúmenes de exportación e ingresos. Arabia Saudita actuaría como el gran regulador bajando o aumentado su producción a conveniencia del cartel. A comienzos de 1983 el mercado no pudo mantener los precios y estos comenzaron a bajar. En marzo, la OPEP disminuyó los precios del crudo por primera vez en su historia, de US$ 34 a US$ 29. Durante la próxima década no habrá otra cosa que malas noticias para los productores.
En agosto de 1982 estalló la crisis mexicana. Los excesos financieros que acompañan al rentismo también estuvieron presentes en México durante su ascenso como potencia petrolera en la década anterior. Gasto público desbocado, peso sobrevaluado, altas tasas de interés sobre una deuda de más de US$ 60 mil millones, y para colmo una recesión en su principal mercado de exportación, los Estados Unidos, precipitaron la devaluación del peso y la suspensión de pagos de la deuda externa. Los bancos estadounidenses, principales prestamistas del país, enfrentaron riesgos de solvencia lo que obligó al gobierno estadounidense a otorgar asistencia financiera de emergencia a su vecino del sur. La crisis mexicana fue el primer capítulo del largo drama del endeudamiento que sufrirá la región durante el resto de la década.
El efecto inmediato de la crisis mexicana para los países deudores fue el cierre de las líneas de crédito y la demanda de pago de los préstamos otorgados a corto plazo. El caso mexicano desató en Venezuela una ola especulativa contra el bolívar y los bancos comenzaron a presionar para recuperar los fondos otorgados. La concentración de pagos vencidos en 1983 sumaba más de US$ 16 mil millones, de los 27 mil a que ascendía la deuda pública externa total. Si a ellos se agrega la caída del ingreso petrolero en 1982 y 1983, US4 3.500 millones y 2.000 respectivamente (Díaz Bruzual, 1984: 57), se tendrá una idea de la grave situación en que se encontraba la balanza de pagos del país. Solamente en 1983 los vencimientos de la deuda equivalían al 82 % del ingreso petrolero en ese año (Echeverría, 1984: 220).
La política económica
A comienzos de 1983, el panorama no podía ser peor para Venezuela. El impulso del boom petrolero de 1973 se agotó por completo dejando al país en una precaria situación económica. Las altas tasas de interés externas, la disminución del volumen exportado y de los precios del petróleo, comenzaron a ejercer presión sobre las reservas internacionales. Entre enero y agosto de 1982 se perdieron en promedio US$ 274 millones mensuales (Echeverría, 1984: 221).
Pero fue la política económica de los años anteriores la que sembró las semillas del colapso cambiario con todas las implicaciones posteriores. El boom petrolero de 1973 triplicó los ingresos del gobierno en apenas una año. Los precios del petróleo pasaron de US$ 4,42 por barril a US$ 14,35 lo que se tradujo en una inundación de petrodólares. Los recursos por exportación aumentaron de US$ 4.800 millones a US$ 11.300 millones (Díaz Bruzual, 1984: 32). Aunque al principio se ahorró parte del excedente en el Fondo de Inversiones de Venezuela (FIV), la dinámica económica y política prevaleció y pronto esos ingresos comenzaron a fluir a la sociedad por medio de los distintos canales a disposición del gobierno. Entre 1974 y 1978 las principales variables macroeconómicas estallaron si se les comparan con el lustro anterior: en términos reales por año, el consumo privado creció 12,8 %, la inversión privada 14,2 %, el gasto público 16,5 %, y las importaciones 23,4 % (Rodríguez, 1985: 19).
El V Plan de la Nación de 1975 contempló la expansión y creación de una amplia gama de empresas públicas en las más diversas áreas productivas, especialmente en las industrias pesadas (aluminio, acero, etc.). Se trató de un clásico big push al desarrollo a partir del cual se generaría un efecto multiplicador a lo largo de la economía privada fomentado la producción de bienes intermedios y las exportaciones no tradicionales. Este ambicioso programa de inversiones públicas consumió grandes cantidades de recursos y se ejecutó con graves fallas gerenciales lo que al final convirtió a las empresas en un pesado fardo para las finanzas públicas. Todavía peor, embarcó al país en una carrera de endeudamiento en todas sus modalidades (a corto y largo plazo; del poder central y de los organismos autónomos) que junto con los otros excesos del gasto público terminó empujando la economía hacia las presiones inflacionarias, desaceleración del crecimiento (apenas 2,1 %) y desequilibrio en la cuenta corriente de la balanza de pagos en 1978.
En 1979 el nuevo gobierno de Luis Herrera Campíns decidió hacer frente a los desequilibrios fiscales y de balanza de pagos mediante medidas de corte restrictivo (“enfriar la economía”, se le llamó entonces). Para ello liberó los precios y disminuyó el ritmo de crecimiento del gasto público, en particular el relacionado con la inversión en las empresas del Estado.
Esta administración se inauguró con un programa novedoso para la época, al menos en el sentido de sumarse al conjunto de países (desde Estado Unidos, Reino Unido hasta Chile) que para la época comenzaron a adoptar medida de desregulación y fomento al mercado. A ello se agregó la noción del “Estado promotor”, mediante el cual el Estado limitaba su intervención directa y se concentraba en la creación de condiciones adecuadas para que los particulares actuaran por su propia cuenta. Todo, basado en el llamado “principio de subsidiariedad” de la Doctrina Social de la Iglesia y de la democracia cristiana, el cual sostenía que el Estado debe intervenir cuando la sociedad no podía por sí misma solucionar sus problemas.
El enfriamiento implementado buscaba restaurar los desequilibrios macroeconómicos para luego reactivar la economía. Para el ministro Ugueto, se trataba de un “profundo cambio de rumbo, el mayor quizás desde la política de industrialización iniciada a principios de la década del 60” (El Universal, 15 de septiembre de 1981). Esta primera fase económica del gobierno se desarrolló en 1979 y 1980.
No obstante, el segundo boom petrolero resultado de los conflictos en el Golfo Pérsico (el precio del barril aumentó de US$ 13,77 en 1978 a 19,88 en 1979; a 32,69 en 1980, y a 38,21 en 1981) revirtió las tendencias y el gasto público comenzó a crecer de nuevo, especialmente en las empresas del Estado. En 1981 se ejecutó un presupuesto expansivo para compensar el “enfriamiento” de los dos años anteriores. No obstante, en esa oportunidad no hubo crecimiento pero si inflación: 21 % en 1980 y 16 % en 1981. El control de los precios se convirtió en la prioridad del gobierno.
La sobreinversión del primer boom y la inflación de 1980 y 1981 hicieron nulo el gasto y la inversión pública, la cual se tradujo en la sobrevaluación de la moneda y fuga de capitales. Este cuadro se agravó por el pésimo manejo de las tasas de interés que se reseñó anteriormente. La inflación resultante fue en mayor medida una inflación de costos producto de la liberación de precios y del aumento de salarios en una economía oligopólica. El sector privado no respondió como se esperaba a las renovadas políticas expansivas e inició la mencionada fuga de capitales. Por estas fechas se inició la prolongada caída de la inversión privada (fue particularmente severa en la construcción), dando origen a una tendencia de largo plazo en la economía venezolana.
Muchas razones pueden darse para explicar el fracaso del ambicioso plan de inversiones públicas realizadas durante la década de 1970. A la baja productividad y mala gerencia habría que agregar el hecho que el sector privado no respondió de forma positiva a las nuevas oportunidades que el boom petrolero planteó por medio del gasto del gobierno, a saber, creciente demanda de consumo y oferta de insumos industriales (acero, aluminio, etc.). Las empresas públicas del V Plan comenzaron a alcanzar el umbral operativo justo en el momento que una masiva crisis de confianza atacó a la economía nacional. El sector privado sintió los efectos de la volatilidad macroeconómica. Rentismo, fuga de capitales, poco avance tecnológico, escasez de oportunidades de inversiones rentables, entre otros factores, son causas directas del fracaso en diversificar la economía en estos años.
Durante el período 1979-1983 el ingreso per cápita se redujo 20 %. Igualmente, el país se endeudó para sostener la voracidad fiscal de los organismos descentralizados y empresas del Estado que continuaron en la mayoría de los casos los proyectos de inversión pública del lustro anterior (muchos fueron eliminados como Siderzulia, Astinave, Corpavenca, etc.); y para sostener la fuga de capitales que continuó hasta el mismo momento del control de cambios.
En opinión de Miguel Rodríguez, la crisis de la deuda externa tuvo su origen en el período 1980-1983 cuando se produjo el traspaso de los activos externos del gobierno, que hasta 1978 había mostrado un superávit de cuenta corriente, hacia el sector privado que los trasladó al exterior como fuga de capitales. Es por ello que el reconocimiento del dólar preferencial para la deuda privada externa suscitó tanta controversia en los años posteriores. Dado que el sector privado era acreedor neto, no era justo que también se le otorgase más dólares en condiciones tan ventajosas (Rodríguez, 1985: 36-38).
La deuda externa creció porque las autoridades económicas pensaron, durante el gobierno de Pérez, que los precios del petróleo subirían por un largo período de tiempo; por el desorden de la administración descentralizada (Inos, Inavi, CVF, Corpomercadeo) que les hizo contratar con cada vez mayor frecuencia créditos de corto plazo al punto que en 1983 más de la mitad del endeudamiento total era de este tipo; y porque la amplia disponibilidad de crédito por parte de la banca internacional que fue incapaz de hacer más estrictos los términos comerciales de sus préstamos a los países de la región.
Las regulaciones del crédito público no eran las adecuadas para poner orden en el proceso de endeudamiento que se dio a partir de 1973, y en particular a las deudas de corto plazo y fuera del control legislativo. En 1959 se promulgó la Ley de Crédito Público para evitar que la deuda flotante (de corto plazo y al margen del Congreso o de registros formales) siguiera creciendo tal como ocurrió durante la dictadura para pagar a los contratistas de su ambicioso plan de obras públicas. Esta ley tuvo vigencia durante un largo período de bajos precios del petróleo y sirvió al gobierno de Rómulo Betancourt (1959-1963) para iniciar la contratación de deuda externa ante las fuertes restricciones económicas con que se inició la democracia. Vale recordar el trauma histórico de 1902 cuando las potencias extranjeras bloquearon los puertos nacionales ante la incapacidad del país para honrar viejos compromisos. Entre 1930, fecha en que Juan Vicente Gómez pagó la deuda externa, y 1960, el país no se endeudó en el exterior.
La crisis económica de comienzos de la década de 1960 marcó el regreso de Venezuela a los mercados financieros internacionales. Esta crisis fue el resultado de la deuda flotante dejada por la dictadura y asumida por el gobierno de Betancourt; de la caída de los precios del petróleo, que con la excepción de los sucesos del Canal de Suez en 1956, fue constante durante la década del cincuenta debido al aumento en la capacidad de producción del Medio Oriente y de la Unión Soviética; y por la fuga de capitales producto del clima de desconfianza que generó la insurgencia guerrillera.
En 1960 el gobierno, abrumado por un alto déficit fiscal y por una crisis de la balanza de pagos, tuvo que implementar un control de cambios y un severo programa de ajuste consistente en la disminución del gasto público y el aumento de las tasas de interés. En 1963 se volvió a la libre convertibilidad de la moneda y a un crecimiento económico vigoroso, impulsado por las políticas de sustitución de importaciones.
Durante el gobierno de Rómulo Betancourt, Venezuela reinició, luego de muchas décadas, la contratación de deuda con bancos internacionales y con organismos multilaterales como el Banco Mundial. Los recursos se utilizaron para apoyar la balanza de pagos y continuar los distintos proyectos de desarrollo. Como se dijo, el gobierno contrajo deuda obligado por los bajos precios del petróleo (menos de US$ 3 por barril a comienzos de la década) y la consiguiente insuficiencia de recursos fiscales, los cuales habían disminuido 27 % en 1960 con respecto a 1957. En la Ley de Crédito Público de 1959 no existían restricciones para que las empresas del Estado u organismos descentralizados se endeudaran a corto plazo. Ni siquiera era necesario el permiso del Ejecutivo. Sin embargo, el país contrajo una cantidad relativamente baja de deuda debido a la autolimitación fiscal de los gobiernos de Betancourt, Leoni y Caldera. En bolívares de la época, la deuda pública total autorizada por el Congreso (no incluye la flotante) durante 1964-1973 creció 269 %, mientras que durante 1974-1982 lo hizo en 711 % (Carrillo Batalla y Crazut, 1984).
Con el boom petrolero, la voracidad fiscal se impuso y la deuda comenzó a crecer. En 1976 se reformó la Ley de Crédito Público de 1959 y se hizo obligatorio que el Ministerio de Hacienda otorgase los permisos para que los organismos de la administración descentralizada se endeudaran a corto plazo, verificando la pertinencia y necesidad de los recursos y su capacidad de pago. Sobra decir que tal obligación no fue cumplida a cabalidad. La deuda a corto plazo creció sin control al punto que al iniciarse la renegociación de la deuda externa en 1983 el gobierno central no tenía certeza del monto total de la misma. En agosto de 1981 el Congreso modificó la Ley de Crédito Público para limitar el endeudamiento indiscriminado de los organismos descentralizados del Estado. Pero el daño ya estaba hecho.
En 1983 la deuda externa de Venezuela representaba el 39 % del PIB y el 185 % de las exportaciones totales (Echeverría, 1984: 219). Si bien estas magnitudes no eran especialmente preocupantes en comparación con los otros países de América Latina, la concentración de los vencimientos en ese año ponía en serios problemas a la balanza de pagos. De los aproximadamente US$ 27 mil millones a que ascendía la deuda externa, el 60 % vencía ese año (Echeverría, 1984: 219). Tal concentración se produjo porque el desorden administrativo de los organismos del Estado les hizo adquirir deudas a corto plazo sin la debida coordinación de las autoridades centrales. Dada la precaria situación del mercado petrolero y la fuga de capitales de los años anteriores, era imposible hacer frente esos compromisos.
A comienzos de 1983 los indicadores económicos apuntaban hacia un colapso cambiario. A finales de 1982 las reservas internacionales totales (incluidas las de PDVSA) eran de US$ 8.669 millones, cuando un año antes estaban en el orden de US$ 19.069 millones (Toro Hardy, 1993: 632). El 18 de febrero, las reservas habían descendido a US$ 4 mil millones. Es decir, en el transcurso de un año y dos meses, el nivel de reservas disminuyó en más de US$ 15 mil millones antes de que el gobierno y el BCV actuaran forzados por las circunstancias.
En los meses anteriores a febrero de 1983, el directorio del Banco Central de Venezuela (BCV) adoptó algunas medidas contables (sin efectos en la oferta monetaria) de poca efectividad para defender las reservas. El 21 de septiembre de 1982 revalorizó el oro, desligándolo del valor monetario utilizado en los Estados Unidos (US$ 42 la onza troy), y fijó el nuevo valor de US$ 300 por onza troy. Igualmente, el 27 de septiembre firmó un convenio con el Ejecutivo mediante el cual se centralizaron en el ente emisor los activos externos de PDVSA. Ambas medidas (revalorización del oro y centralización de los activos de PDVSA) significaron un “maquillaje” a las reservas, como entonces se le denominó, de US$ 3.044 millones en el primer caso y de US$ 2.995 millones en el segundo (BCV, 1982).
En febrero de 1983 el bolívar estaba sobrevalorado en 30 % con respecto al dólar, lo que generó una oleada especulativa y el aumento de las importaciones en los años anteriores (Díaz, Bruzual, 1984: 57). El diferencial de la inflación venezolana con la estadounidense se acentuó a partir de 1981 cuando el gobierno aumentó el gasto público en el marco del segundo boom petrolero que comenzó por etapas en 1979. El sesgo inflacionario del rentismo, vía gasto público, sobrevaluó el bolívar agudizando la salida de divisas. Es por ello que el entonces presidente del BCV, Leopoldo Díaz Bruzual, insistió ante el gobierno sobre la necesidad de devaluar linealmente el bolívar en lugar de implementar el control de cambios diferenciales. La devaluación lineal, argumentó, era la manera más eficiente y rápida de corregir la sobrevaluación para así restablecer el equilibrio de la balanza de pagos. El Presidente de la República escogió el control de cambios, propuesto por el ministro de hacienda Arturo Sosa, por temor al efecto inflacionario y al impacto negativo en las empresas con deudas externas que tendría la devaluación lineal.
En febrero de 1983, con apenas US$ 4 mil millones de reservas disponibles en el BCV, la era del bolívar sólido y convertible llegaba a su fin.
Las lecciones no aprendidas del 18 de febrero
La devaluación del bolívar en 1983 inauguró en Venezuela una era de prolongada crisis económica. La inflación de este año no resultó tan alta como se esperaba, 7 % contra 10 % en 1982. Esto fue el resultado de la disminución de inventarios acumulados por las empresas en los años anteriores y del control de precios. En 1984 las importaciones disminuyeron 50 % con respecto con el año anterior (de US$ 13.584 a US$ 6.409 millones) sin que se produjera desabastecimiento u otros inconvenientes (Palma, 1985: 70).
La acumulación de reservas internacionales resultado del control de cambios durante 1984 y 1985 permitió al gobierno de Jaime Lusinchi (1984-1989) iniciar una política expansiva para reactivar a la economía sumida en una severa contracción desde 1983. En paralelo con el pago puntual de la deuda externa (“Venezuela pagará hasta el último céntimo”, dijo el Presidente en su toma de posesión), se inició un programa especial de inversiones y otros estímulos que aumentaron el gasto público. El resultado fue un robusto crecimiento del 6,8 % y una caída del desempleo desde 13.4 % en 1984 al 10.3 % en 1986. El gasto interno neto como porcentaje del PIB creció desde 9,2 % en 1984 (fue 9,1 % en 1986) a 14.8 % en 1987, y 28.8 % en 1988 (Hausmann, 1995, cuadro 9.2: 257).
La política keynesiana del gobierno se tradujo en altos déficits fiscales como porcentaje del PIB: 4.5 % en 1986, 5.9 % en 1987 y 9.9 % en 1988 (Hausmann, op cit). La inflación alcanzó niveles record en el orden de 40.3 % en 1987 y 35. 5 % en 1988 como resultado de esos déficits fiscales y de la devaluación del bolívar en diciembre de 1986, cuando el tipo de cambio oficial pasó de 7.5 a 14.5 bolívares por dólar (Hausmann, op cit).
La respuesta a la inflación fue la implementación de controles de precios que causaron escasez de productos de consumo masivo. El control de precios de 1987 cubrió una amplia gama de productos, desde alimentos esenciales como la leche hasta entradas de cine. El resultado fue desabastecimiento de productos de todo tipo y largas colas para adquirirlos (La rabia expresada durante el estallido social de febrero de 1989 tuvo a los abastos de urbanizaciones y barrios como el primer objetivo). La experiencia con el desabastecimiento se repitió a partir de 2007 y con mayor gravedad entre 2013 y 2019. En esta materia no hubo aprendizaje.
El rechazo del gobierno de Lusinchi a hacer los ajustes correspondientes (aumento de las tasas de interés que eran negativas, corte del gasto público, aumento de impuestos) significó que el país se quedó sin reservas internacionales en diciembre de 1988. Los años que siguieron estarían marcados por la escasez de recursos fiscales y de divisas porque los precios del petróleo permanecieron deprimidos, con muy pocas excepciones como en 1991 durante la primera guerra del Golfo.
En 1989 el ingreso por exportaciones petroleras era la mitad de lo que había sido en 1981: en dólares de 1990, el ingreso petrolero cayó de US$ 20 mil millones en 1981 a US$ 10 mil millones en 1989. A fines de los años ochenta, el ingreso per cápita era 20 % inferior al que disfrutaban los venezolanos una década antes (BID, 1990: 216). En 1984 el desempleo llegó al 14 % cuando en 1978 estaba en 4,3 %. El resto de la década se mantuvo en niveles cercanos al 10 %. Fue este ambiente de empobrecimiento sostenido el que incubó los factores que originaron el estallido social de 1989.
En relación con el modelo petrolero, poco cambió en Venezuela durante las décadas siguientes al 18 de febrero de 1983. Los impulsos de la política económica inherente al rentismo no fueron mitigados por las crisis sucesivas. El país continuó tan dependiente del petróleo como antes. Sobrevaluación de la moneda, gasto público creciente, sesgo importador, controles de precios, tarifas rezagadas, y su correlato de endeudamiento externo e interno, son parte integral de las políticas económicas implementadas desde entonces. Y, por supuesto, los dolorosos ajustes macroeconómicos, con sus secuelas de devaluación e inflación, como los implementados en 1979, 1989, 1996, 2002, 2018, entre otros.
El país continuó mostrando el síndrome de la voracidad fiscal que acompaña al rentismo petrolero. El “efecto voracidad” se presenta cuando el ritmo de distribución de la renta es mucho mayor que el tamaño de los booms de ingreso cuando estos se presentan (Tornell y Lane, 1999). La diversificación del aparato productivo no se materializó debido a las crisis macroeconómicas, la turbulencia política, las fallas de infraestructura y la sobrevaluación de la moneda, entre otros muchos factores. También por la subordinación de la economía a la política (“populismo macroeconómico”) y la impaciencia de los políticos por obtener resultados rápidos que se traduzcan en votos.
Esos rasgos caracterizaron al modelo rentista que entró en crisis por la destrucción de la capacidad de producción petrolera que se gestó en 2002 con la huelga petrolera y por la depresión económica y la hiperinflación que comenzaron en 2013 y en 2017 respectivamente. La Venezuela post-petrolera se asoma en el horizonte, y nuevamente el tipo de cambio aparece como un tema clave en la nueva situación económica.
Poco o casi nada se aprendió del período 1973-1983. Estamos, cuesta decirlo, ante una larga cadena de oportunidades perdidas.
Referencias
Carrillo Batalla, Tomás Enrique y Crazut, Rafael (1984): “De la morocota al bolívar devaluado”. El Universal, 1 de abril.
Díaz Bruzual, Leopoldo (1984): Crisis y recuperación. Editorial Arte. Caracas.
Echeverría, Oscar (1984): La crisis económica de Venezuela. Mitos y realidades. Ediciones de la Universidad Católica Andrés Bello. Caracas.
Echeverría, Oscar (1984-2): La economía venezolana 1944-1984. Ediciones de Fedecámaras. Caracas.
Banco Central de Venezuela. Informe económico 1982.
Banco Interamericano de Desarrollo. Informe 1990.
Palma, Pedro (1985): “1974-1983: Una década de contrastes en la economía venezolana”. Academia Nacional de Ciencias Económicas. Serie: Cuadernos, N. 11.
Purroy, M. Ignacio: “Fuga de divisas”. Revista Sic. Julio-agosto 1981. N. 457.
Rangel, Domingo Alberto: “Sobre el tipo de cambio”. El Universal, 10 de noviembre de 1982.
Rodríguez, Miguel (1985): “Auge petrolero, estancamiento y políticas de ajuste en Venezuela”. Papeles de trabajo IESA. Ediciones IESA.
Tornel, Aaron y Lane, Philip (1999): “The Voracity Effect”. The American Economic Review. Vol. 1999. N.1. March.
Ugueto, Luis, entrevistado por Jorge Villalba: “Queremos que la economía enseñe sus verdaderas caras”. El Universal, 15 de septiembre de 1981.
Yergin, Daniel (1992): The Prize. The Epic Quest for Oil, Money and Power. Free Press. New York.
