Por: Marcello Neri*
Escena retrospectiva . San Diego (California), noviembre de 2024, un par de semanas después de las elecciones presidenciales de Estados Unidos ganadas por Trump. En un panel de la Reunión de la Academia Americana de Religión, dedicado a los evangélicos y la política, un orador, en tono sarcástico y burlón, dice: “Estas todavía son personas que creen que el género es solo binario”. Hubo una aprobación silenciosa por parte de los presentes, mientras risas iluminaban muchos rostros. Rostros de quienes perdieron las elecciones; Rostros de quienes todavía creen que pueden monopolizar la cultura de la nación.
Escena retrospectiva . Nueva York, mayo de 2012. Estoy sentado en un escalón de una acera en Soho, junto a mí hay un gran andamio de construcción con trabajadores en descanso. Una pareja de homosexuales pasa cogida de la mano; los trabajadores los miran con desdén, en silencio. Apenas doblan la esquina, empiezan los chistes homófobos, las pullas al presidente Obama, la invocación de un hombre fuerte que volverá a encarrilar el destino del país –en el que las élites han impuesto a un “negro” como “Comandante en Jefe”.
En ese momento vi toda la impotencia del derecho y comprendí la maldad de un proyecto liberal que había hecho de él su instrumento para evitar afrontar el difícil camino de implementar procesos culturales, pactos sociales, que acompañaran los resultados avanzados de la jurisprudencia.
Escena retrospectiva. Milwaukee, un aula de la Universidad de Wisconsin, noviembre de 2006. Al final de un seminario sobre Petrarca y la cultura del humanismo, algunos colegas me piden que me detenga para charlar un rato. Los estadounidenses tienen muy buen olfato para detectar las inclinaciones políticas de la gente; en pocas palabras, entendieron que si votaba en Estados Unidos lo haría por los demócratas, era uno de ellos. En algún momento llegamos al fallo de la Corte Suprema “Roe vs. Wade”, que reconoce el derecho de la mujer al aborto.
Y aquí tengo una de mis primeras experiencias de la intransigencia liberal norteamericana, ante una sentencia que mis colegas y amigos creían eterna. Todo se resolvió con el “a favor o en contra” de la sentencia, que decía que ya no había espacio para razonar, discutir y comparar la cuestión del aborto -y, sobre todo, los datos estadísticos relativos a ella-.
Pequeños episodios de la vida estadounidense, en los que, sin embargo, se pueden vislumbrar algunas de las razones que llevaron a la doble presidencia de Trump, convirtiendo la de Biden en nada más que un episodio (una suerte, para la nueva administración, que lo manipula a su antojo como chivo expiatorio de todo lo que sale mal).
El fin de la América de Kennedy
Una de las primeras decisiones de Trump, a través de su compañero armado Elon Musk, fue cerrar USAID, la agencia federal que supervisa la financiación de los programas de desarrollo estadounidenses y las intervenciones humanitarias en todo el mundo. El Secretario de Estado Mark Rubio ha sido llamado a gestionar la transición. Lo que mucha gente no se ha dado cuenta es que esto es un regreso al pasado.
USAID fue creada por el presidente J.F. Kennedy para separar, de alguna manera, la participación global en los programas de desarrollo de Estados Unidos del gobierno federal, específicamente del Departamento de Estado. De esta manera se podría crear el efecto de una distinción entre los intereses estadounidenses directos en política exterior y la contribución de Estados Unidos a las políticas humanitarias en los países más pobres del mundo. Esto sin quitarle importancia al hecho de que la USAID ha sido utilizada, a lo largo de las décadas, como fachada no sólo para la propagación e implementación no militar de la hegemonía estadounidense durante los últimos sesenta años, sino también para operaciones de inteligencia y espionaje en el exterior.
Hoy en día, lo que queda de las contribuciones humanitarias y de desarrollo de Estados Unidos en el mundo vuelve a seguir explícitamente los intereses del gobierno en asuntos de política exterior. Si bien es cierto que la gran mayoría de programas y contratos relacionados con USAID han sido cancelados, esto no corresponde a las inversiones que siguen vigentes (alrededor del 60% del presupuesto), estas últimas ahora serán verificadas y administradas directamente por el Secretario de Estado de Rubio. El sector más afectado por los recortes es el del continente africano, que queda prácticamente en manos exclusivamente chinas. La situación es diferente en los países asiáticos, donde se destina la mayor parte del dinero y hay proyectos que no se han cancelado.
Así, si por un lado –con los aranceles primero impuestos y luego suspendidos temporalmente– la administración Trump ha golpeado duramente a la zona asiática, por otro lado mantiene el foco geopolítico sobre ella. El problema de la imprevisibilidad, y por tanto de la poca fiabilidad, de las políticas de Trump en este ámbito crucial para el siglo XXI puede conducir, según los observadores más atentos, a dos dinámicas opuestas. La primera podría ser un aumento de la competencia mutua entre las naciones asiáticas, anteriormente atenuada por la alianza común (excluyendo a China) con Estados Unidos, lo que podría empujar a Corea del Sur a revisar su programa nuclear con fines militares. La segunda, en cambio, sería empujar a los países asiáticos, que ya no pueden contar con la cobertura de Washington, a intensificar sus relaciones económicas, de defensa y de mercado, nuevamente con un doble resultado posible: proteger la interferencia china en el área asiática; o creando canales de contacto estratégico con la propia China.
Hay entonces una segunda ruptura radical con la América imaginada por los hermanos Kennedy, que se puede identificar en el desmantelamiento agresivo de todo apoyo federal a todos aquellos programas que hoy caen bajo el acrónimo “DEI” (diversidad, equidad e inclusión). La historia que hoy se recoge en él tiene más de un siglo de antigüedad y se remonta a los años posteriores a la Guerra Civil del siglo XIX.
Pero fue con la presidencia de Kennedy, y con su hermano Robert al frente del Departamento de Justicia, que entró en juego un marco político y legal que se conoció bajo el nombre de “acción afirmativa” -que tenía como objetivo implementar prácticas no discriminatorias al interior de aquellas empresas que proveían servicios y bienes al gobierno en Washington. Tres años más tarde, en 1964, se firmó la Ley de Derechos Civiles , que puso fin legislativamente a la larga era del apartheid estadounidense.
La atención internacional se ha centrado principalmente en la cuestión de los atletas transgénero que participan en competiciones escolares femeninas, por un lado, y en la exclusión de los hombres y mujeres soldados transgénero o alistados de varias ramas de las fuerzas armadas con base en la implementación de políticas de diversidad, equidad e inclusión; en este último caso, generando reacciones preocupadas y opuestas de muchos ex militares.
Pero la intolerancia de Trump hacia todo lo que tenga que ver con los programas “DEI”, particularmente dentro del ejército, ha terminado creando una situación muy similar a la del Índice (de libros prohibidos) durante la Inquisición Vaticana. El presidente ha ordenado al secretario de Defensa, Pete Hegseth, que retire de las bibliotecas de las academias militares cualquier libro que siquiera insinúe cuestiones relacionadas con la diversidad, la equidad y la inclusión.
Una impaciencia que también parece estar vinculada a una visión puramente chovinista (del tipo machista del Medio Oeste) de Trump con respecto a las fuerzas armadas estadounidenses –pero, tal vez, no sólo a ellas–. De hecho, bajo diversos pretextos o sin justificación alguna, numerosas mujeres que ocupaban puestos de liderazgo tanto en el Pentágono como sobre el terreno han sido destituidas de sus cargos.
La estrategia legal utilizada por la administración Trump para establecer la relevancia de sus acciones encaminadas a desmontar todo lo que se ha construido en torno a prácticas de equidad, diversidad e inclusión revela cuál es el verdadero escollo que quiere remover de las plazas de la Nación para hacer a Estados Unidos grande de nuevo. Se sostiene, de hecho, que todo lo que involucra la “DEI”, y en consecuencia la acción afirmativa al estilo Kennedy , es eo ipso discriminatorio; en particular, discrimina a los ciudadanos blancos (hombres). Aquí están las verdaderas víctimas de los últimos sesenta años de la historia estadounidense, sacrificadas por aquellos sacerdotes de la justicia que fueron los hermanos Kennedy.
Si los hispanos, independientemente de su presencia legal en el país, pueden ser deportados en masa (sin el debido proceso, aun cuando constitucionalmente les correspondería) quizá recurriendo a una ley del siglo XVIII, los afroamericanos y las mujeres, los homosexuales y las personas transgénero (como personas reales y no como categorías ideológicas, a las que a veces se les ha reducido por cierta ideología cultural liberal), son ahora devueltos a la condición de persona non grata mediante una especie de internamiento político que les impide, o quisiera impedirles, poder aparecer en el escenario público de la Nación gracias a protecciones jurídicas y sociales apropiadas.
Detrás de la atractiva cruzada de Trump contra los nuevos derechos individuales, para muchos estadounidenses, se esconde el verdadero enemigo que la administración quiere erradicar de una vez por todas: aquellos derechos civiles y sociales que la nación estadounidense, tras un largo y doloroso recorrido, había reconocido como parte integral a la que ya no podía renunciar.
Detrás de todo esto, el sueño de Trump es generar in vitro al nuevo nativo americano : blanco, rico, exitoso, cristiano, obediente a su creador a quien le debe todo, ya que lo generó en la Tierra Prometida esperada en vano por las insensatas generaciones anteriores.
No sin cierto cinismo, Trump ha cerrado definitivamente la puerta a la América que los hermanos Kennedy lograron instalar en pocos años, reclutando a Robert F. Kennedy, hijo de Bob y sobrino de John, en su gabinete y confiándole la dirección del Departamento de Salud y Servicios Humanos.
El Poder Ejecutivo del Presidente
La amplitud y discreción del poder otorgado al presidente de los Estados Unidos tienen su raíz tanto en la letra de la disposición constitucional como en cómo se ha interpretado a lo largo de la historia estadounidense. Consciente de que el umbral entre la discreción (democrática) y la arbitrariedad (real) puede llegar a ser imponderable, el sistema estadounidense ha buscado proporcionar estructuras para equilibrar y controlar el ejercicio del poder ejecutivo presidencial.
El papel elitista de las dos cámaras del Congreso, muy distinto del sentido común del pueblo estadounidense (considerado por los padres fundadores como poco fiable e incluso peligroso para la supervivencia del experimento democrático estadounidense), debería representar el eje central de un diálogo dialéctico, y no supino, con el poder presidencial. Esto es especialmente cierto si se tiene en cuenta la “extraña” independencia de un poder judicial que, a nivel federal, se mueve por nominaciones presidenciales, hasta llegar al sancta sanctorum de la Corte Suprema.
Cuando, entre las contingencias políticas y la estrategia del gobierno, se crea un alineamiento perfecto entre la presidencia, el Congreso y la Corte Suprema, el mecanismo de pesos y contrapesos puede entrar en crisis –o puede ser inducido a autoanularse mediante una devota observancia de la voluntad del Presidente.
Esta segunda hipótesis es la que hoy parece proyectar sombras largas y amenazantes sobre la democracia estadounidense. El imperialismo de Trump ha erosionado cualquier distinción entre su poder y el poder legislativo de los republicanos que ocupan los escaños del Congreso; lo que, a su vez, ha provocado la implosión de esa política de consulta bipartidista que funcionaba como un control procesal del Congreso sobre el gobierno federal.
La sumisión de los miembros republicanos de la Cámara de Representantes fue evidente en las numerosas reuniones municipales en las que se enfrentaron, después de la imposición de aranceles globales, a lo que podríamos llamar votantes republicanos populares y tradicionales. Ante las quejas y críticas, que en otras circunstancias habrían sido percibidas como un claro voto de censura de cara a las elecciones de medio mandato , los políticos republicanos no se han desviado ni un ápice de su apego devocional al Presidente: a su voluntad, a sus elecciones, a la falta de argumentos que podrían hacerlas plausibles para una gran parte del pueblo que los eligió para representarlos. Como si los republicanos que se sientan en la Cámara de Representantes no tuvieran que preocuparse por su reelección, porque ésta no puede ser puesta en peligro por la voluntad del pueblo, sino sólo por la voluntad del presidente.
La democracia estadounidense ya no es una democracia funcional, como sigue pensando la élite democrática de Washington, sino que se ha transformado en una auténtica democracia distópica , dentro del marco normativo diseñado por la Constitución. Como si su distorsión estuviera inscrita en ella y en su nombre desde el principio –o más bien, como si los desarrollos históricos de la democracia estadounidense y las interpretaciones jurídicas de la disposición constitucional hubieran sido un verdadero camino de distorsión y alejamiento del ideal fundador. Ahí reside el originalismo de Trump, su “otra vez” de una gran América.
Es en el contexto de esta ambigüedad constitucional que debe leerse el uso inescrupuloso del poder ejecutivo por parte del actual Presidente. Mediante una orgía de decretos ejecutivos y alterando las opciones geopolíticas, Trump creó en pocos meses un verdadero “estado de excepción”, declarando a Estados Unidos un Estado sitiado, atacado por una conspiración de potencias adversas. Los inmigrantes indocumentados, aquellos que supuestamente pertenecen a bandas que atacan el orden estadounidense, el comercio mundial, Canadá y México, la OTAN y la Unión Europea e incluso China, no son objeto de preocupación política, estratégica y militar de la administración estadounidense, sino meros instrumentos que Trump utiliza por razones políticas internas, para crear ese estado de excepción que corresponde a su voluntad ejecutiva de poder.
¿Quién juzga la ley?
La actual Corte Suprema ha creado las condiciones para la sensación de supremacía sobre el poder judicial que caracteriza a la segunda administración de Trump. Con la sentencia del 1 de julio de 2024, garantizó en esencia una inmunidad presidencial casi total. Si bien esta sentencia sirvió inicialmente para cerrar los diversos procedimientos judiciales contra el entonces expresidente (en particular los relativos a sus actuaciones durante el acto en el Capitolio de Washington el 6 de enero de 2021), acabó efectivamente eliminando la persona del Presidente de cualquier juicio judicial.
La intolerancia empresarial de Trump hacia los jueces ha encontrado así un pretexto para transformarse en una reivindicación de supremacía sobre el poder judicial, que desde los primeros decretos ha puesto en tela de juicio la legalidad o la constitucionalidad de algunos de ellos. Más allá de los casos individuales, la actual administración ha cuestionado radicalmente la legitimidad de la intervención de los jueces federales respecto al poder del Presidente. El silogismo que explica la supremacía jurídica de los actos del presidente Trump, que debe gozar del derecho a la inmunidad ante cualquier intervención judicial, fue presentado al público estadounidense por la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, más o menos en estos términos: ¿Para quién trabajan los jueces federales? Para el Departamento de Justicia. ¿Quién dirige el Departamento de Justicia? La Fiscal General Pam Bondi.
Se comprende la dependencia del poder judicial del poder ejecutivo del Presidente. En lugar de recurrir a los distintos niveles de arbitraje en los tribunales federales, la administración Trump ha optado por el atajo de las apelaciones urgentes a la Corte Suprema, acumulando en unos pocos meses el número total promedio de apelaciones de ese tipo de otras administraciones estadounidenses en un período de cuatro años. Este tipo de recurso tiende a desvirtuar la propia labor de la Corte, ya que tradicionalmente en casos como estos no produce una sentencia detallada, que permita una adecuada construcción de la jurisprudencia, sino que se limita a emitir una orden que resuelve temporalmente la cuestión planteada. Esto no impide, sin embargo, que la Corte Suprema dé al gobierno instrucciones procesales claras, incluso si reconoce parcialmente la apelación del gobierno, como sucedió en el caso de Kilmar Alberigo García, quien fue deportado a una prisión de máxima seguridad en El Salvador debido a un “error administrativo”. De hecho, la Corte confirmó por unanimidad el sentido de la decisión tomada por un juez federal que pidió al gobierno tomar medidas efectivas para la repatriación, reconociendo por otra parte que el juez pudo haber excedido el alcance de su autoridad.
Una opinión a primera vista salomónica, que busca a la vez salvar los derechos violados del expatriado y limitar el margen de acción de los jueces federales sobre las decisiones operativas de la administración. Pero es precisamente este último punto el que exige ir más allá de lo condicional, para aclarar cómo concibe la Corte Suprema el equilibrio entre el poder ejecutivo y el judicial.
Detrás de esta solución de dos caras se esconde la vergüenza, y a veces la irritación, de sectores de la Corte Suprema ante las prácticas agresivas de la administración y de los republicanos hacia el poder judicial. El día en que Trump había pedido explícitamente el impeachment de un juez federal culpable de haber solicitado la suspensión temporal de las deportaciones a El Salvador de venezolanos sospechosos de pertenecer a bandas criminales, el presidente del Tribunal Supremo Roberts, de manera altamente inusual, consideró necesario intervenir con una breve declaración escrita: «Durante más de dos siglos se ha establecido que el impeachment no es la respuesta apropiada a estar en desacuerdo con una decisión legal. El proceso normal de apelación para una revisión existe exactamente por esta razón”.
Si bien la mayoría de los jueces de la Corte Suprema simpatizan con Trump, aunque sólo sea porque le han dado una sensación de inmunidad total, eso no significa que estén dispuestos a abdicar de su poder para convertirse en una simple secretaría legal que avale la voluntad del presidente. La declaración de Roberts parece estar en la dirección de salvaguardar el privilegio legal de la Corte Suprema, más que en la dirección de una completa subordinación del poder judicial al poder ejecutivo. El hecho es, sin embargo, que el recurso a la tradición jurídica invocado por Roberts sólo puede ser eficaz en una democracia funcional, pero corre el riesgo de seguir siendo una ilusión piadosa en la distópica actualmente en vigor en Estados Unidos.
La educación y el conocimiento bajo asedio
En cumplimiento con el Proyecto 2025 de la Fundación Heritage, Proyecto Presidencial de Transición, se le ha ordenado a la Secretaria de Educación Linda McMahon que desmantele el Departamento de Educación (cerrarlo formalmente requeriría una votación del Congreso, que probablemente no tendría la mayoría necesaria). La competencia total, y por tanto también financiera, en materia de educación pasará a cada uno de los Estados americanos, que, sin embargo, son casi todos deficitarios y no disponen, por tanto, de los recursos necesarios para mantener activos todos los servicios escolares actualmente existentes.
Esta medida afecta particularmente a toda esa clase estadounidense que no puede permitirse enviar a sus hijos a escuelas privadas, entre las que se destacan los afroamericanos y los hispanos. Las consecuencias inmediatas son el cierre de escuelas, especialmente en las zonas más pobres o rurales del país; clases cada vez más numerosas, en las que se dé prácticamente una adecuada mediación pedagógica del conocimiento y una efectiva formación humana de los alumnos; reducción significativa del número de personal docente; cierre de programas y actividades educativas no académicas ofrecidas por las escuelas – y mucho más.
Esta intervención tiene también una primera consecuencia directa para las universidades, ya que pone en cuestión y deja una zona gris discrecional en lo que respecta a los préstamos federales para el pago de los gastos universitarios por parte de los estudiantes y para las universidades (públicas y privadas) en lo que respecta a la creación de becas.
La estrategia de la administración Trump también se dirige, en este momento, contra algunas de las universidades más emblemáticas del país (entre ellas Columbia, Princeton, Cornell, Penn State y, más recientemente, Harvard), bloqueando miles de millones de dólares en fondos federales para investigación y amenazando con recortarlos permanentemente si las universidades afectadas no cumplen plenamente con el mandato recibido de reactivar la financiación.
Trump es esencialmente un hombre de negocios movido únicamente por la lógica del beneficio, y es esta lógica la que lo convenció a intervenir de manera chantajista contra los grandes bufetes de abogados que habían presentado demandas contra él en el período de cuatro años entre las dos presidencias, por un lado, y contra las universidades. La estrategia ha resultado todo un éxito para los despachos de abogados, que han llegado a acuerdos extrajudiciales con la administración en lugar de verse desangrándose económicamente. Lo mismo ocurrió con las universidades, hasta que Harvard decidió rechazar el texto básico de negociación que había recibido de la administración Trump.
El pretexto inmediato para esta interferencia federal en la libertad académica y de investigación a nivel universitario fue la (mala) gestión en los campus estadounidenses de las manifestaciones pro palestinas (y antiisraelíes) que siguieron al estallido de la guerra en Gaza, con actos de antisemitismo y ataques contra estudiantes judíos. Pero precisamente este es un pretexto para que la administración Trump asuma de facto el control y la gestión de las universidades implicadas.
Al comunicar a la comunidad universitaria la decisión de no someterse a la voluntad de la administración, el presidente de la Universidad de Harvard, Alan Garber, escribió: «Les insto a leer la carta de la administración para comprender plenamente las exigencias del gobierno federal para controlar a la comunidad de Harvard. Estas incluyen la obligación de «inspeccionar y supervisar» las opiniones de estudiantes, profesores y personal no docente; y de «reducir el poder» de ciertos estudiantes, profesores y administradores que son objeto de persecución debido a sus opiniones ideológicas. Hemos informado a la administración, a través de nuestros representantes legales, que no aceptamos el acuerdo que se nos propuso. La Universidad no renuncia a su independencia ni cede sus derechos constitucionales (…). Ningún gobierno, independientemente del partido en el poder, debería dictar qué puede enseñar una universidad privada, a quién puede aceptar como estudiantes o contratar como profesorado, y qué áreas de estudio e investigación debe desarrollar».
La administración Trump también ha pedido a Harvard que entregue toda la documentación de sus procesos de admisión de estudiantes (estadounidenses y extranjeros) y de selección de profesores a partir de 2025. También ha pedido a Harvard que informe inmediatamente al gobierno federal de todos los datos sobre los estudiantes que violen el código de conducta. Suspender todos los programas, actividades de enseñanza e investigación que aborden cuestiones de diversidad, equidad e inclusión, y más de lo mismo. En resumen, como lo expresa Garber, “la mayoría de las solicitudes representan una regulación federal directa de las ‘condiciones intelectuales’ en la Universidad de Harvard”.
¿Que queda?
En estos momentos, hay algunas células aisladas de resistencia, como en el caso de Harvard con respecto a las decisiones acomodaticias tomadas por otras universidades de la prestigiosa Ivy League. Tal vez el deseo (disputado) de no pasar a la historia como aquellos que renunciaron al poder supremo en favor de la Corte Constitucional estadounidense. El descontento y el enojo de muchos votantes republicanos, que sin embargo no parece preocupar ni inquietar lo más mínimo a sus representantes en el Congreso. El mundo de los negocios y las finanzas, pero sólo cuando les tocan las billeteras.
El intento de Sanders y Ocasio Cortez de salvar al Partido Demócrata de sí mismo y de su propia impotencia procesal al reconectarse con las experiencias reales de la gente (algo que los demócratas no han cultivado durante décadas), ya tiene los contornos de un movimiento civil interpartidario por el bien de todos los estadounidenses y no solo de algunos.
Quizás demasiado poco comparado con lo que ya ocurrió. Al alterar el orden mundial, Trump ha demostrado que el siglo XX no fue ni el “fin de la historia” ni el “siglo corto”, sino un siglo muy largo que recién ahora ha terminado por sus propias manos.
Demasiado poco ante la evidencia de que un nuevo orden mundial no puede construirse con la intuición de un promotor inmobiliario de Nueva York.
La opinión pública internacional, los gobiernos y los estados, y las principales instituciones mundiales se han interesado en las repercusiones externas de las políticas de Trump (y es comprensible). Pero necesitamos entender lo que está sucediendo dentro de Estados Unidos para navegar las aguas tormentosas de las relaciones internacionales. Es el Trump que no busca ni confianza ni aliados el que debe ser tomado en serio.
El estado de excepción que se le ha cosido y se le está cosiendo le permite hoy imaginarse como el último presidente de los Estados Unidos: quizá éste podría ser un punto de partida para salir de una navegación a ciegas que nos ha llevado al borde de un remolino dispuesto a tragarse al mundo tal como lo hemos conocido hasta hoy.
Por: Marcello Neri* para Settimana News
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