Editorial Sic 691. Enero-febrero 2007
El Presidente de la República ha logrado promover y hacer aceptable entre los venezolanos la imagen del socialismo del siglo XXI, si bien durante la campaña no le dio contenidos concretos. Esto se presta para que la gente llene de contenidos ese término con base a sus propias expectativas.
Un sector mayoritario de la población ha comprendido que socialismo del siglo XXI es la consolidación de un régimen que tiene por finalidad establecer en Venezuela un Estado de Bienestar que se hace tangible a través del conjunto de misiones implementadas por el gobierno nacional, sin olvidar las variadas formas de financiamiento tanto para vivienda como para adquisición de automóviles que se han dado especialmente durante los dos últimos años.
Para los sectores populares socialismo significa mejoramiento concreto de su calidad de vida, por lo menos a nivel de sus ingresos, amén de los servicios recibidos por las misiones, especialmente en las áreas de educación, salud y alimentación. También ha significado el reconocimiento de su protagonismo a nivel del discurso presidencial, quien hace sentir a la población dueña de su destino a través de las diversos modos de participación implementados y muy especialmente a través del llamado Poder Popular.
Mucha gente en la calle, afecta al proceso, niega que socialismo del siglo XXI signifique cubanización o comunismo. Para este grupo de ciudadanos las decisiones del Presidente, especialmente las más polémicas (caso RCTV o las nacionalizaciones) son pasos necesarios para irrumpir contra el poder de las minorías e incluso castigarlas por su mal comportamiento.
En el otro lado del espectro se encuentran los ciudadanos que ven en el socialismo del siglo XXI una máscara que oculta y a la vez desenmascara las tendencias totalitarias y hegemónicas del actual gobierno.
Razones tampoco les falta: el presidente de Telesur dice que el gobierno requiere de la hegemonía comunicacional; el Presidente de la República insulta y humilla de forma arrogante a quienes manifiestan cualquier disidencia con su posición, incluso aquellas que han tratado de expresarse de forma respetuosa hacia el primer magistrado (por ejemplo la Iglesia o el Secretario General de la OEA); la discriminación laboral sufrida por muchos trabajadores en la administración pública por causas políticas que incluso se extiende a empresas privadas en la medida en que contratan con el Estado y un largo etc. que se puede oír en las mesas de muchas familias, en particular de clase media.
Uno de los peores efectos de esta tendencia es la supresión de la autonomía tanto de los ciudadanos en cuanto sujetos y de sus organizaciones. La inclusión de leyes que intentan socavar la legítima autonomía de la sociedad civil en los ámbitos de la educación, la libertad de expresión, el financiamiento, someten a la sociedad a un tutelaje por parte del Estado. En el fondo se percibe que la sociedad requiere ser vigilada por el Estado, pues la misma puede desviarse en contra de sus propios intereses.
Este mismo Estado requiere a su vez ser fuertemente controlado por el gobierno, por lo cual se confunden los intereses del Estado con los intereses del gobierno y los de este último con los de quien lleva las riendas del gobierno, a saber el ciudadano Presidente de la República, de donde nace el culto a la personalidad y el totalitarismo. “Con Chávez lo que sea sin Chávez nada”. Esto último es percibido como una amenaza real contra la libertad y la autonomía personal pues en el fondo se postula un colectivismo.
Pero a todas estas ¿Qué dice Chávez? Durante la campaña nos dijo que se trataba de un régimen en el cual se busca como valor fundamental la igualdad dentro del marco de la democracia popular. Pero en realidad jamás le dio contenido y mediaciones concretas a sus propuestas.
Luego de su elección ha agregado nuevos ingredientes no señalados en intervenciones anteriores. Para entender el socialismo del siglo XXI sugirió a los obispos la lectura de dos autores (uno por cierto del siglo XIX el otro de inicio del siglo XX): Marx y Lénin. Nos preguntamos cuál es entonces la novedad del socialismo del siglo XXI.
Los anuncios realizados durante su juramentación apuntan en 5 direcciones que ha llamado el Presidente “los 5 motores constituyentes: una ley habilitante definida como la ley madre de todas las leyes cuyo objetivo es impactar sobre la economía para transitar hacia el nuevo socialismo uno de cuyos objetivos más importantes es “la Propiedad social sobre los medios estratégicos de producción”; la reforma constitucional cuyo objeto será aclarar ciertas estructuras de poder y la posibilidad de reelección indefinida; una campaña de educación moral, económica, política y social que va más allá de las escuelas denominada Moral y Luces; el cuarto motor es “la geometría del poder” en el cual propuso revisar la distribución político-territorial del país, eliminar alcaldías e incluso gobernaciones y generar la construcción de sistemas de ciudades y de territorios federales donde se ejercería el gobierno a través del denominado Poder Comunal. Estos cuatro motores tendrían por resultado un quinto motor que es la explosión revolucionaria del Poder Comunal.
Pensamos que si por socialismo del Siglo XXI se busca una verdadera socialización del poder desde la pluralidad política e ideológica; la profundización de la justicia social que incluye en la agenda temas como la seguridad ciudadana, el desempleo, vivienda y urbanismo, servicios médicos de calidad, educación cualificada, cárceles, etc.; y las garantías a las libertades ciudadanas entonces nosotros ya desde al menos 1968 somos parte de este proceso. Pero no estamos de acuerdo si por socialismo del Siglo XXI se entiende simplemente estatización, centralización del poder y hegemonía política e ideológica.
¿La Libertad de Expresión como Concesión?
Si un derecho humano es fundamental para hablar de la existencia de la democracia es el de la libertad de expresión. Sólo donde existe pluralidad de líneas editoriales y de información, puede garantizarse este derecho fundamental para la existencia política en libertad.
Esta revista, al igual que nuestra hermana COMUNICACIÓN, ha denunciado en múltiples ocasiones la cartelización de los medios de comunicación en manos privadas. Múltiples veces se han hecho señalamientos sobre el indebido modo de proceder de los grupos que controlan los medios de comunicación en Venezuela. Especialmente durante los años 2002 y 2003 esta revista criticó el modo como procedieron los medios de comunicación durante la crisis política de aquellos años. Esta crítica valió tanto para los medios privados, como los públicos, pues su actitud fue similar.
En concreto rechazamos el modo de proceder de muchos MCS, tanto privados como públicos, que convertidos en verdaderos partidos políticos o en voceros unilaterales del gobierno, se hicieron parte del beligerante conflicto y por lo tanto incapaces de reflejar el otro lado de la realidad político-social del país. Así los venezolanos tuvimos que acostumbrarnos a escuchar diversos canales de radio y televisión, para poder ajustar una versión que pudiese aproximarse a la verdad de lo acontecido en el país. No por un problema de línea editorial exclusivamente, sino porque los medios se acostumbraron a negarnos el derecho a la información.
Bajo estos argumentos (y en especial el recuerdo de la actuación de los medios durante los años 2002 y 2003), más el hecho de la aparente finalización de la concesión otorgada por 20 años, el gobierno venezolano ha decidido no renovar la concesión a RCTV. Se aduce el argumento jurídico de la no obligatoriedad de renovación por parte del Estado a esta empresa.
No compartimos la línea editorial de RCTV. Muchas fueron las veces que los mismos medios que hoy claman por la libertad de expresión, en otro tiempo fueron sus censores. ¿Pero acaso esto justifica la censura, perdón, la “no renovación de la concesión” a RCTV?
Entendemos que en democracia es vital la existencia de diversas líneas editoriales. En ese sentido, es un test fundamental del carácter democrático de un gobierno, el que éste sea tolerante y respetuoso con aquellos medios que lo adversan. Es un abuso de poder, usar los medios que el sistema jurídico pone en manos del gobierno, como representante del Estado, para eliminar líneas editoriales que ese gobierno considera desfavorables a sus intereses políticos particulares. Tal actitud implica una violación al derecho a las libertades políticas y en concreto a la libertad de expresión.
La renovación de una concesión, si bien es un acto discrecional por parte de quien toma la decisión, no significa que es un acto arbitrario. La pregunta no puede ser por la simpatía o no que el funcionario en cuestión sienta hacia el medio. Mucho menos la aversión que el funcionario pueda sentir hacia la línea editorial de ese medio. La renovación, igual que si se tratara de una revocación, debe contar con razones. Si el medio en cuestión violentara disposiciones legales que implicaran su clausura (dentro del marco del debido proceso y bajo normas claras que eviten exceso de discrecionalidad por parte de los órganos encargados de su aplicación), entonces podríamos entender que un camino pudiese ser la no renovación de la concesión, por el incumplimiento de las obligaciones legales que implica el ejercicio de la concesión.
Éste no parece ser el caso, pues sólo se alegan razones políticas, insistiendo en que la línea editorial del canal no ha variado desde el 2002 cuando mostró una fuerte oposición al gobierno del presidente Chávez. No se alega el incumplimiento de normas concretas de la legislación que regula el área, ni tampoco parece haberse iniciado algún procedimiento para determinar algún incumplimiento por parte del concesionario. Simplemente se ejecuta una potestad que por ser discrecional ha sido entendida como arbitraria.
No es cierto que la medida tienda a la democratización del espectro radio-televisivo, pues existe en el país suficiente capacidad para crear nuevos medios, tanto locales como nacionales. De hecho la actual gestión ha mostrado interés en la creación de nuevos medios de comunicación, incluso medios alternativos y comunitarios. Pero lamentablemente no es verdad que los nuevos medios creados sean independientes del gobierno, prácticamente todos ellos le son favorables políticamente.
Lo peor del caso es el efecto de demostración que tiene la medida, pues se convierte en un mecanismo de amenaza real contra otros medios de comunicación social que pretendan llevar líneas editoriales contrarias a la actual gestión de gobierno. Este tipo de medidas socava la democracia por lo que el Cardenal Urosa tiene razón al decir que incluso al gobierno le interesa la existencia de RCTV, en la medida en que está interesado en sostener las libertades.
Pensamos que este proceso de renovación de concesión a los distintos medios privados debería servir para llevar adelante un debate serio sobre la función de los medios de comunicación radio-eléctricos y en particular sobre la televisión que nos merecemos los venezolanos, no para la retaliación política. Este es un compromiso, que ni siquiera el Estado ha abordado a través de sus propios medios. Todavía esa es una deuda no saldada.
