El Dr. Allan Brewer-Carías sobre “EL SECRETO Y LA MENTIRA COMO POLÍTICA DE ESTADO Y EL FIN DE LA OBLIGACIÓN DE TRANSPARENCIA. De cómo el Tribunal Supremo de Justicia liberó inconstitucionalmente al Banco Central de Venezuela de cumplir su obligación legal de informar al país sobre los indicadores económicos, arrebatándole a los ciudadanos sus derechos a la trasparencia gubernamental, de acceso a la justicia y de acceso a la información administrativa”.
Una vez más el Dr. Allan Brewer-Carías desnuda al Tribunal Supremo de Justicia por sus desacertadas decisiones. Esta vez a través de su Sala Político Administrativa, pero siguiendo la orientación ya definida por la Sala Constitucional desde 2010, de consolidar a la Administración Pública como una “barraca de hierro,” donde todo es secreto, en sustitución de la “Casa de Cristal” donde todo debería ser transparente, de un plumazo le ha negado a los ciudadanos tres derechos constitucionales: el derecho a la transparencia gubernamental, el derecho de acceso a la justicia y el derecho de acceso a la información administrativa.
Esto ha ocurrido mediante la sentencia No. 935 de 4 de agosto de 2015 dictada en el caso Asociación Civil Transparencia Venezuela contra el Presidente del Banco Central de Venezuela, negándole a dicha Organización No Gubernamental el derecho que toda la población tiene a estar informada por el Banco Central de Venezuela, públicamente, sobre los indicadores económicos del país que legalmente dicha institución está obligada a producir y publicar.
Así, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en definitiva, decretó el secreto en materia económica, como política de Estado, liberando de hecho al Banco Central de Venezuela de su obligación legal de informar al país sobre los indicadores económicos, arrebatándole a los ciudadanos su derecho a la trasparencia gubernamental, su derecho de acceso a la justicia y su derecho a la información administrativa.
Este documento podríamos interpretarlo como el análisis razonado sobre el porqué los magistrados de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, han sido “reprobados”, y en consecuencia, no están capacitados para asumir y representar las altas responsabilidades que le impone la Constitución Nacional.
Reseña de Sofía Esteves
Lea el documento completo de Brewer-Carías haciendo clic aquí.
