A partir del 2011 los cambios en las políticas mineras gubernamentales en Venezuela, en conjunto con la expansión de la minería ilegal predadora en toda la extensión de la Amazonía venezolana, han venido impactando de manera muy grave a los pueblos indígenas que habitan la región.
Como consecuencia de esos cambios, el pueblo indígena pemón han mantenido una tenaz lucha por la reivindicación de sus derechos amenazados por la expansión de la minería.
El pueblo pemón considera como su territorio ancestral a la región de Canaima, decretada como parque nacional en 1969 y sitio Patrimonio de la Humanidad en 1994. Este territorio ha venido sufriendo intervenciones que ponen en peligro su integridad ambiental y la sobrevivencia a largo plazo de las comunidades indígenas que lo habitan.
En función de estas situaciones, el presente informe tuvo como objetivo contribuir a la comprensión de los impactos del actual modelo extractivista minero sobre el pueblo indígena pemón y su territorio ancestral.
Los resultados encontrados muestran cómo la expansión “minería predadora” ha generado un impacto profundo sobre el pueblo pemón, sus derechos y su relación con su territorio.
Una de las consecuencias de estos cambios es la precarización de su vida debido al efecto conjunto de la economía perversa minera y la emergencia humanitaria compleja que vive el país
En estas condiciones, algunas comunidades decidieron incorporarse a las actividades mineras. Esta práctica ha sido utilizada para criminalizar, estigmatizar y explotar a los indígenas. A su vez, en el territorio pemón han venido ocurriendo una serie de confrontaciones que involucran a indígenas, militares, cuerpos policiales y delincuencia organizada. Esta situación ha servido para justificar la militarización del territorio y una escalada de represión y violencia contra los pobladores locales.
Un balance de los últimos diez años arroja que han sido asesinadas 17 personas como consecuencia de la violencia relacionada con el control de los recursos mineros en territorio pemón. Adicionalmente, un número no precisado de indígenas se han visto forzados a migrar para huir de la violencia y la persecución.
En paralelo, la explotación de oro en el Parque Nacional Canaima está generando un grave deterioro ambiental de sus ecosistemas. Investigaciones recientes revelan la existencia de 15 sitios mineros dentro del área del parque y 17 en zonas adyacentes. Asimismo, un 35 % de los indígenas en una zona donde se practica la minería presenta niveles de mercurio que sobrepasan el límite admisible establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Las acciones que son necesarias tomar para cambiar esta situación tienen que tomar en cuenta en simultáneo los derechos del pueblo pemón y la preservación de la integralidad de los ecosistemas del Parque Nacional. Asimismo, obligará a cambiar la política minera del país, reconocer los derechos de los pemón, eliminar la militarización de sus territorios, garantizar la protección del pueblo pemón y firmar y ratificar los Acuerdos de Minamata y Escazú.
