José Guerra
Cuando Carlos Andrés Pérez en 1989, de la mano de su ministro de Planificación, Miguel Rodríguez, aplicó la política de aumentos graduales del precio de la gasolina para evitar las pérdidas en que incurría Pdvsa y el enorme sacrificio fiscal, los profesionales de la demagogia se dedicaron a sabotear esa política y los que hoy están en el poder cabalgaron sobre la protesta popular y los saqueos para justificar los intentos de golpes de Estado de febrero y noviembre de 1992 e hicieron del alza de los precios de los combustibles un tabú. Escupieron hacia arriba. A ello contribuyó también Rafael Caldera y quienes lo rodeaban, en ese tiempo frontal enemigo de CAP.
Hoy los que han permanecido casi veinte años en el poder ahora no encuentran qué hacer para subir los precios de la gasolina en un país que ellos arruinaron y donde la industria petrolera y particularmente Pdvsa se encuentran en estado catatónico.
De acuerdo con Douglas Barrios, investigador de la Universidad de Harvard, en los últimos quince años, es decir durante el régimen de Chávez, el costo de oportunidad del subsidio a la gasolina en Venezuela alcanzó a la astronómica cifra de US$ 135.000 millones, monto superior al gasto conjunto en salud y educación en ese lapso. Esto ha sido un crimen contra el país.
Que caro les resultan a los países los demagogos y politiqueros de oficio. Atrapado en una crisis sin precedentes y con Pdvsa hecha una chatarra, el designado por Chávez para dirigir al país, no encuentra qué hacer para aumentar los precios de la gasolina, a la cual siempre se ha opuesto él y el círculo jurásico que lo rodea. Se le ha ocurrido la ingeniosa idea de dispensar la gasolina según el Carnet de la Patria, instrumento tecnológico para la sumisión política.
Se ha podido conocer que piensa el gobierno establecer dos precios para el combustible según se tenga o no se tenga el carnet. Si hay un precio altamente subsidiado para el combustible vendido con el carnet y otro precio elevado para quienes no tengan el carnet, el escenario más probable va ser que quienes obtengan la gasolina subsidiada van a comprar en exceso ese bien para revenderla en un mercado negro de la gasolina que con toda seguridad va a surgir, como resultado de esa forma de control de precios. Ya veremos a la Guardia Nacional allanado locales donde se almacena la gasolina de manera clandestina.
Parte importante del déficit fiscal de Venezuela se debe al desbalance de la gestión financiera de Pdvsa. El asunto está en que cerrar esa brecha implica llevar el precio en Venezuela a los niveles internacionales, digamos a US$ 1,20 por litro, que, a la tasa de cambio del mercado paralelo, equivale al 80% del salario integral mínimo. Claro quienes ganan salario mínimo no tienen vehículos, pero si usan transporte colectivo cuyas tarifas indudablemente van a subir.
Está el país atrapado y sufriendo los resultados de la vorágine de demagogia que exacerbó Hugo Chávez a partir de 1999. Una política petrolera responsable dirigida por políticos responsables debe hablarle claro al país, comenzando por señalar la situación de dificultad de las finanzas públicas y la destrucción en que se encuentra Pdvsa y hacer evidente en qué se van a emplear los ingresos que se recibirían por el alza de precios de la gasolina.
