El poder en las comunidades se ha visto disgregado en la acción de diferentes grupos de minorías que hacen vida, trabajan y forman alianzas, muchas veces en pro de sus propios intereses, pero muchas otras, también, en la búsqueda del bien común
Por Robert Y. Rodríguez, s.j.*
Con el vocablo poder nos referimos a la correlación de recursos diferenciados detentada por sujetos, individuales o colectivos, en un contexto específico, donde esos sujetos con sus interacciones develan y establecen correlaciones con otros agentes (Giddens 2003; Martín-Baró, 1993; Moscovici, 2008; Montero, 2006).
En las comunidades populares, como cuerpo social, los recursos que se correlacionan son muy diversos. Hoy está operando el poder de la fe, bondad, belleza y verdad de la gente para “resolver y echar pa’lante en el día a día”.
En especial, destaca el rostro femenino (incluye a adultos mayores) y el juvenil como movilizadores, que son torpedeados por personas con actitudes y comportamientos nocivos; pero el daño antropológico no totaliza los recursos comunitarios; no obstante, los empaña.
Hay personas, grupos e instituciones con historia, tradición, autoridad y legitimidad social que son referencia en la vida cotidiana de la gente, información relevante, marcos normativos afines –como el sistema de leyes del poder popular–, recursos naturales, materiales y económicos que, aunque disminuidos, siempre suman al bienestar.
Pero, además, acontecen articulaciones sociales que se manifiestan como alianzas entre grupos-organizaciones (Proyecto Pueblo Magdaleno), redes comunitarias (Red de instituciones educativas San Alberto Hurtado, en La Vega, Caracas), consorcios sociales internos (Consorcio Catuche) y empresas familiares, que entablan vinculaciones con aliados externos.
Toda organización, interna o externa, que pretenda mejorar condiciones de vida en las comunidades populares debe hacer sinergia con esa correlación de recursos diversos. En lo supradicho está el poder comunitario de transformación, de ahí la necesidad de su control por medios jurídicos-políticos para los regímenes modernos (Agamben, 2007).
Machado (2022: p. 166) sostiene que “… las leyes del Poder Popular […] tienen como objetivo impulsar la participación protagónica en las comunidades mediante el autogobierno comunal rumbo hacia la construcción del Estado comunal de carácter socialista”.
Como en la Constitución nacional (1999) no se habla de democracia socialista, entonces, las comunidades populares son excluidas del Estado para ser adoptadas por el gobierno, es decir, por el partido (Agamben, 2007). Con eso las comunidades se determinan al servicio del partido y no de sus intereses. Por ello es tan común la cooptación de la vida cotidiana, organización y participación comunitaria por el partido de turno.
Propio de la razón moderna es que el partido polariza; consiguientemente, fragmenta al cuerpo social (Agamben, 2007). En este tiempo, lo más común es la fragmentación de las comunidades, ya que no hay una conciencia compartida del “nosotros” que somos ni del horizonte inclusivo que nos convoca, sino una conjunción de individualidades con visiones e intereses particulares que gestionan, relacionalmente, las potencialidades comunitarias a su favor.
En efecto, vecinos con sus correlaciones de recursos se asocian en grupos afines y convenientes, formando minorías (correlación de correlaciones). Existen minorías de la institucionalidad pública, económicas, políticas (partidos, colectivos), religiosas, deportivas-culturales, sociales-humanitarias, criminales (la célula de la megabanda, del grupo guerrillero).
Las minorías podrían integrar a personas de un mismo sector o estar mezcladas. Frecuentemente, son mujeres las que conforman y lideran esas minorías legales. Este suele ser un liderazgo excluyente. Asimismo, las mujeres se enfrentan continuamente al liderazgo masculino machista que actúa en comunidades (Machado, 2022).
Por estereotipos negativos, a los jóvenes no se les considera agentes en las comunidades (Rodríguez, 2019). Esto explica la dificultad de la transmisión de liderazgos de los adultos a la generación de relevo. De esta manera, a lo interno de las minorías también acontecen grados de polarización y fragmentación. Esta tensión se resuelve con la imposición de los más fuertes.
Cada minoría busca su beneficio propio; sin embargo, el interés de algunas está inspirado por el bien común. Esto último lo he percibido en minorías religiosas, en grupos de funcionarios públicos genuinos (de la salud y educación), deportivos-culturales y sociales-humanitarias.
El poder comunitario está disgregado en una multitud variopinta de minorías, cada quien jalando pá su lado. Esa fragmentación debilita el poder comunitario.
En consecuencia, con la ley del poder popular, el poder comunitario es constreñido jurídica y políticamente, con efectos en la cohesión social. Misiones sociales y de seguridad, como la Misión a toda vida Venezuela1, son algunos mecanismos operativos para lograr tal fin. Representantes comunitarios del partido y de los órganos de seguridad los usan para mantener la cooptación en la rutina cotidiana.
Pero la astucia –o tal vez la “viveza criolla”– supera, socialmente, esa dificultad. En la comunidad, hay minorías que se activan empleando su correlación de recursos con la estrategia de construir y difundir su propia visión o proyecto de comunidad (imaginado o escrito; legal o ilegal), ejercer influencia social sobre otros grupos de la comunidad, controlar la toma de decisiones estructurantes y el espacio público, y movilizar acciones comunitarias.
Por ende, se vinculan a instancias del partido (base de misiones, consejo comunal, CLAP, mesas técnicas) y activan mecanismos de participación del poder popular para captar recursos y producir diferencias en la comunidad (Giddens 2003).
Hoy el movilizador del poder comunitario es lo social, no lo político. Porque solo hay condescendencia pública y relación instrumental con el partido (del color que sea). Aunque algunos pocos vecinos se mantienen adheridos, se trata de quienes amalgamaron su identidad personal a la identidad revolucionaria. Deconstruir esta supone derribar la otra, por autodefensa psicosocial no lo hacen.
En la comunidad se suele incrementar la cohesión entre minorías cuando la vulnerabilidad (de niños, mujeres, madres, adultos mayores, personas con discapacidad), los problemas sociales relevantes (violencia, deterioro de servicios públicos) y las situaciones naturales los han convocado. Aquí se activan una serie de negociaciones entre minorías con sentidos afines, autoridad y recursos convenientes para afrontar el desafío.
Entre minorías pactan alianzas para trabajar cada quien por su lado y en su sector, sin cruce práctico ni publicación de fotografías en redes sociales, pero con un interés común. Otra dinámica consiste en intercambiar recursos y complementarse mutuamente en acciones, conjuntas o autónomas.
En algunos casos la minoría de menos recursos se subordina a la que tiene más capacidad –convirtiéndose la primera en aliado de ejecución–, y en otros se apela a la magnanimidad de la minoría ilegal poderosa para que con su poder permita que ocurran sucesos convenientes para todos.
Como me dijo un líder comunitario alguna vez: “A veces no queda otra salida sino conversar con la banda para crear mejores condiciones comunitarias”. Hay ocasiones en las que se interceptan en negociaciones minorías de condición legal con las ilegales.
Al cesar la situación, queda un antecedente social (positivo o negativo), y vuelve la minoría a su postura. Este poder de la multitud de minorías se junta y desjunta. Y no siempre se juntan los mismos.
También he observado que hay minorías, como las religiosas, que reconocen la presencia y acción de la otra (católicos – evangélicos), pero sin ningún intercambio, porque priva la indiferencia entre ellas. No es extraño que haya minorías que nunca se cruzan con otras. Prefieren trabajar solas y aisladas.
En la comunidad popular no hay fidelidades ni alianzas eternas, sino alianzas coyunturales que son gestionadas de modo instrumental. Se mantienen en tanto ayuden al interés de la minoría.
Cuando se logra la cohesión de minorías, suele haber mayor impacto en las condiciones comunitarias. A esa cohesión, mayormente, se suman organizaciones externas de la comunidad (empresas, ONG), nacionales o internacionales, que invierten sus capacidades para mejorar la vida de la gente.
Si esas organizaciones no replican mecanismos de cooptación en la forma de asistencialismos, paternalismos y tutelajes, hacen mucho bien a la comunidad, porque incentivan y apoyan el poder de la gente y de sus minorías activas legales.
Pero no todo es color de rosas. Entre todas, explícito o velado, con o sin violencia, en las minorías más poderosas de la comunidad, que son las económicas, públicas, políticas, religiosas y criminales, hay una lucha para controlar territorio, especialmente el espacio público; subjetivizar a los vecinos, regular la convivencia, ejercer justicia, ofrecer servicios humanitarios que reportan libertad, autoridad y legitimidad de acción, y controlar la toma de decisiones que estructuran la dinámica cotidiana de la comunidad.
Ahora bien, en las comunidades populares, la mayoría consiste en vecinos que se encierran en sus casas y no participan en el espacio público. Las minorías intentan implicarlos para que sumen fuerza social a los proyectos, y en ocasiones lo logran, pero normalmente se resisten por comodidad, por juzgar incoherente a la minoría, por no conocer ni comprender su plan.
De esa forma, con su resistencia y aparición pública la mayoría ejerce su poder comunitario, el de bloquear consensos, ralentizar o revertir procesos, deconstruir y construir nuevos liderazgos y emplazar a las minorías a ajustar su proyecto, retórica y modos de acción (Moscovici, 2008).
En síntesis; hoy, para producir mejoras de condiciones de vida en las comunidades populares hay que construir sinergia con minorías activas, poderosas y legales, que tienen alianzas internas y externas, capacidad para atraer a la mayoría y astucia para negociar y destrancar procesos comunitarios con minorías que actúan para sí, también en el campo de la ilegalidad.
NOTAS:
REFERENCIAS
AGAMBEN, G. (2007): Homo sacer: O poder soberano e a vida nua. Belo Horizonte: Editorial UFMG.
GIDDENS, A. (2003): La constitución de la sociedad: bases para la teoría de la estructuración. Buenos Aires: Amorrurtu. 1ª edición.
MACHADO, J. (2022). “Significados de la participación comunitaria de mujeres organizadas en comunas del oeste de Caracas”. [Tesis de maestría no publicada]. Universidad Central de Venezuela.
MARTÍN-BARÓ, I. (1993): Sistema, grupo y poder. Psicología social desde Centroamérica II. San Salvador: UCA Editores. Disponible en: http://www.uca.edu.sv/coleccion-digital-IMB/wp-content/uploads/2015/11/1989-@-Sistema-Grupo-y-Poder-Psicologia-Social-desde-Centroamerica-II.pdf
MOSCOVICI, S. (2008): Perspectives on minority influence. New York: Cambridge University Press.
MONTERO, M. (2006): Teoría y práctica de la psicología comunitaria. La tensión entre comunidad y sociedad. Buenos Aires: Paidos.
RODRÍGUEZ, R. (2019): “Jóvenes: participación social y convivencia pacífica. Caso Asociación Civil Huellas, La Vega, Caracas”. [Tesis de maestría no publicada]. Universidad Central de Venezuela.
