Jesús María Aguirre
Con motivo del nombramiento del P. Arturo Sosa como Superior General de los jesuitas se han disparado todo tipo de especulaciones sobre sus intervenciones políticas, su afinidad con el chavismo y su posible actuación como mediador en las actuales circunstancias.
Varias agencias de comunicación han sacado a relucir su papel de mediador en el pasado con una referencia explícita a su participación en la negociación del traslado de los golpistas del 4F al Centro Penitenciario de Yare (2 de abril de 1992. Si bien algunos han sobrestimado su papel en este trance, conjeturando que bien pudiera entrar en la posible mediación del Vaticano entre el Gobierno y la MUD, otros lo han minimizado, resaltando su presencia intrascendente. Nos valemos de la documentación de la revista SIC para poner en su justo lugar los hechos y hacer un poco de memoria entre tanto pseudoanalista desmemoriado.
Lo cierto es que los procesados pidieron la presencia del Fiscal General y el Cardenal Arzobispo de Caracas, quienes a su vez encomendaron la mediación a una comisión mixta, compuesta por una representación del Estado (que incluía al Director General de la Fiscalía R.E. Salom, A. J. Herrera, Director General de la Fiscalía y al Director de Derechos Humanos, P. Luis María Olaso s.j.) y por otra de la Iglesia Católica (Monseñores Mario Moronta y Diego Padrón, y el P. Arturo Sosa). Hay que destacar que la intervención de la Iglesia fue solicitada por los propios oficiales.
Gracias a esta mediación se logró que los procesados aceptaran la medida de traslado pacíficamente, a la vez que el Ministerio garantizaba las condiciones físicas, visitas y posibilidades de defensa. No nos queda duda que el P. Arturo Sosa fue invitado por el Arzobispado no solamente por su experticia política y conocimiento de los actores involucrados en los hechos sino por su conocimiento del contexto político venezolano y su capacidad mediadora.
Las circunstancias actuales nos dan a entender que por ahora el Gobierno no está muy interesado en la mediación de la Iglesia, a no ser para bendecir su perpetuidad en el poder, y que el Superior General de los Jesuitas no será el invitado preferido de ciertos factores de la MUD para asesorar. Así, pues, que podrá dedicarse más plenamente, como pedía San Ignacio, a reconciliar desavenidos de todo el mundo, menos de Venezuela. Nadie es profeta en su tierra.
Hoy, desearíamos que los Gobernantes actuales fueran, si no tan benevolentes con los presos políticos actuales, al menos tan civilizados como los de los régimenes democráticos que nos precedieron.
Nota
Un comunicado oficial del Arzobispado de Caracas dio cuenta cabal sobre su actuación con motivo del traslado de los procesados militares del cuartel San Carlos al Centro Penitenciario de Yare el jueves 2 de abril de 1992.
Véase el documento completo en: La Iglesia y el traslado de los procesados militares
http://gumilla.org/biblioteca/bases/biblo/texto/SIC1992544_196-197.pdf
