Provea acudió este 18.07.2015 a la Cota 905 para constatar y documentar las denuncias de habitantes de este sector sobre excesos y violaciones de derechos humanos cometidas por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), Policía Nacional Bolivariana (PNB) y Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), en el marco del denominado “operativo de liberación del pueblo” el pasado 13 de este mes. 
El equipo de Provea pudo reunirse con un nutrido grupo de habitantes del sector Las Quintas en la parte alta de la Cota 905 y registrar denuncias sobre allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias, tratos crueles, inhumanos y degradantes contra personas detenidas, hurtos masivos y destrozos en viviendas, presuntos forjamientos de pruebas, maltratos físicos y verbales y amenazas de muerte contra niños, mujeres y hombres habitantes de este sector. Según denunciaron los habitantes, esta situación se produjo durante el operativo desplegado el pasado lunes pero se prolongó a lo largo de la última semana. Estas denuncias, se suman a las ya formuladas por familiares de personas asesinadas durante el operativo quienes han asegurado la existencia de ejecuciones policiales.
Provea rechaza que desde el Ejecutivo Nacional se intente legitimar actuaciones como la registrada en la Cota 905, en las que se repitieron patrones similares a los realizados en las antiguas razzias y abusos masivos practicados por cuerpos policiales como la antigua Policía Metropolitana bajo la excusa de la lucha contra el delito. Durante décadas las familias pobres de nuestros barrios sufren doble violencia, la de la delincuencia y la de la policía. Así incluso lo reconoce el Gobierno Nacional en la propuesta de Plan Nacional de Derechos Humanos presentada un día después de los hechos de la Cota 905. “Comprometido con la erradicación del clasismo que históricamente ha caracterizado la actuación de los cuerpos de policía, y que se ha traducido en una doble victimización de los sectores populares, al ser las principales víctimas de los delitos más violentos, y también los principales destinatarios de las medidas de represión impulsadas para contener estos hechos”.
Operativos como el realizado en la Cota 905 ratifica esta manera de actuar contra los pobres. Ya el pasado 14.08.2014 el Movimiento de Pobladores -una coalición de organizaciones sociales que se identifica con el Gobierno Nacional- había denunciado los abusos policiales en los barrios de la ciudad de Caracas. Indicaron en aquella oportunidad: “Durante las últimas semanas se ha hecho cada vez más frecuente que funcionarios policiales irrumpan en nuestras comunidades para realizar detenciones y ejecuciones, sin contar con orden judicial, sin considerar el debido proceso y sin respetar el derecho a la vida. Cuando la comunidad intenta intervenir para parar el abuso, arremeten sin contemplación contra niños, mujeres, ancianos y otros vecinos, como medida de represalia y amedrentamiento”.
Quienes hoy aplauden operativos como el de la Cota 905 o guardan silencio ante las graves violaciones de derechos humanos denunciadas por habitantes de esta comunidad, respaldan que las zonas populares continúen sometidas a esa doble violencia y peor aún, que los atropellos policiales, las ejecuciones y el uso excesivo de la fuerza se legitimen y afiancen, produciendo así más muertes y sufrimientos.
Desde 2006 se inició un proceso dirigido a la construcción de un nuevo modelo policial, en la Cota 905 quedó demostrado una vez más que falta mucho para lograrlo. Las violaciones a los derechos humanos ocurridas, el uso de la fuerza con alta letalidad y los allanamientos ilegales y con destrucción de propiedad privada, indican que continúan las mismas prácticas del pasado.
Desde Provea insistimos en exigir al Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo el inicio de una investigación sobre la actuación de los funcionarios responsables y actuantes del “operativo de protección y liberación del pueblo”, para determinar su responsabilidad por las violaciones de derechos humanos denunciadas por los afectados, establecer las sanciones correspondientes y evitar la reiteración de los hechos en esta y otras comunidades del país.
Desde Provea seguimos apostando a la transformación policial como un esfuerzo para mejorar la situación de los derechos humanos. Lo ocurrido ratifica la necesidad de trabajar para lograr una policía respetuosa de los derechos ciudadanos, el combate al delito con métodos antidemocráticos ha generado y seguirá generando violaciones de derechos humanos y más sufrimientos para la familia venezolana principalmente las más pobres, siempre más vulnerables a la violación de sus derechos. No hay violaciones a los derechos humanos buenas y otras malas, todas deben ser condenadas, investigadas y sancionadas.
Insistimos en que solo una política integral, constante por un largo periodo de tiempo y resultado del más amplio consenso político y social es lo que logrará reducir la criminalidad. Las políticas que priorizan lo represivo han fracasado y continuarán fracasando.
Fuente: Prensa PROVEA
