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Hace pocos días el CNE comunicó al país que autorizaba a la MUD a promover la recolección del 20% de las firmas requeridas para solicitar la activación del referéndum revocatorio presidencial. En ese anuncio, sin embargo, nuevamente estuvo ausente la precisión en cuanto a fechas y cronogramas. Con la información siendo suministrada a cuenta gotas, el Poder Electoral continúa dejando muchas dudas en el aire. Mientras tanto, la crisis evoluciona y en buena parte del país domina la sensación de que se traban las vías pacíficas y democráticas para encararla.
En este contexto sectores de la oposición han anunciado una movilización nacional para el primero de septiembre con el propósito de presionar a las autoridades para que precisen, con fechas y plazos, los restantes pasos para que dicho referéndum tenga lugar conforme a lo pautado en la Constitución Nacional, cuyo cumplimiento, cabe advertir, no debería ameritar movilización ciudadana alguna.
Por otro lado, varios dirigentes importantes del oficialismo han señalado, siempre en tono amenazante, que se oponen y obstaculizarán la realización de dicha movilización. El propio Presidente Maduro llegó a declarar que la respuesta que daría su gobierno, dejaría al Presidente turco Recep Erdogan, cuya arbitrariedad represiva es bien conocida por la opinión pública mundial, como un “niño de pecho”. De nuevo nos encontramos ante intimidaciones contrarias a la normativa legal venezolana, en este caso la que consagra el derecho a la libre manifestación, mediante el alegato no probado de que se pretende con ello desestabilizar al país e, incluso, esconder intenciones golpistas. La violencia es la hipótesis bajo la que actúa el Gobierno, descalificando de antemano una manifestación que se convoca de manera pacífica, realizada bajo las reglas establecidas para ello, y que lo que busca llevar a cabo es una consulta que permita a los ciudadanos dirimir en paz los desencuentros que polarizan a la sociedad venezolana.
Adicionalmente cabe destacar que varios líderes del PSUV han denunciado que en los niveles más altos de distintas dependencias gubernamentales se ha comprobado, a pesar de que la opinión de los ciudadanos debería ser secreta, que muchos funcionarios firmaron la solicitud del Referéndum Revocatorio y que, por lo tanto, deben ser despedidos. Se argumenta en este caso, una deslealtad para con el Gobierno en el que prestan sus servicios, cuando en realidad lo que han hecho es ejercer un derecho explícitamente consagrado en la Constitución. Estas amenazas transgreden abiertamente el artículo 89 de la Constitución, que habla de la protección que el Estado debe al trabajo, que en su numeral 5 dice: Se prohíbe todo tipo de discriminación por razones de política, edad, raza, sexo o credo o por cualquier otra condición. También vale recordar que, en principio, ser partidario del referéndum no es pronunciarse por ninguna opción política. Es escoger un modo constitucional para resolver nuestros conflictos. Se trata de un derecho de todos, de los partidarios del Presidente y de los que no lo son, incluidos, por supuesto, los altos funcionarios que trabajan en las dependencias oficiales.
En suma, sigue complicándose la realización del referéndum revocatorio, dado que el oficialismo desvirtúa el espíritu de la consulta, desconociendo su constitucionalidad, y el CNE no actúa con la imparcialidad, la transparencia y la celeridad a las que está obligado. Peligrosamente se ignora que el referéndum, mecanismo novedoso de democracia directa incorporado en la Constitución de 1999, es para cumplir con un principio básico que fundamenta la democracia: preguntar a los ciudadanos para que ellos, soberanamente, decidan los destinos del país.
*Observatorio Electoral Venezolano
