Por Amnistía Internacional.
Las respuestas inadecuadas a la grave dimensión de la crisis masiva de derechos humanos en Venezuela por parte de la comunidad internacional han provocado que millones de personas huyeran de Venezuela, constituyéndose como la segunda crisis de refugiados más grave del mundo, después de Siria y la mayor crisis migratoria y de refugiados en la historia reciente de América Latina, según señala Amnistía Internacional en su informe anual 2019.
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Al menos 7 millones de personas requieren ayuda humanitaria. Las limitaciones en el acceso a alimentos es crítica, 6.8 millones de personas venezolanas sufren inseguridad alimentaria severa. El sistema de salud totalmente colapsado evidencia el aumento de las cifras de mortalidad materna e infantil, el resurgimiento y la propagación de enfermedades prevenibles y la ausencia casi total de medicamentos y suministros médicos.
“La combinación de la falta de medicamentos y comida, sumada a la propagación de enfermedades prevenibles que no son tratadas a tiempo, es una fórmula que mata y obliga a las personas a huir de la grave crisis instalada en Venezuela. Esta emergencia requiere una respuesta contundente de actores humanitarios que tenga un alcance total para la población más vulnerable”, indicó el director de Amnistía Internacional Venezuela, Marcos Gómez.
Las fuerzas de seguridad continuaron reprimiendo a manifestantes. Las autoridades hostigaron y tomaron represalias contra quienes salieron a las calles a protestar por la garantía de los servicios públicos, especialmente ante la escasez o intermitencia de luz, agua y gas. La mayoría de estas personas forma parte del 87% que vive en situación de pobreza en Venezuela.
Muchos gobiernos receptores no han tomado mecanismos efectivos para tratar las solicitudes de asilo, y algunos, como Chile y Perú, han limitado el acceso a los venezolanos a estos procedimientos, lo que vulnera el derecho a solicitar protección internacional. Durante 2019, el gobierno impuso requisitos más estrictos para las personas de Venezuela que buscaban seguridad, y los cambios de los procedimientos de concesión de asilo en la frontera entre Perú y Ecuador parecían constituir una política deliberada de rechazo de nuevas llegadas.
“Los Estados receptores deben mostrarse solidarios con el drama que viven los migrantes venezolanos, por ello es urgente que detengan toda política xenófoba que le cause más sufrimiento a las personas que salen de Venezuela para sobrevivir”, señaló Gómez.
La hiperinflación y las políticas económicas y sociales redujeron la producción de alimentos y debilitaron los sistemas de distribución. Para finales de 2020 la inflación estimada es de 500.000%.
Las ejecuciones extrajudiciales continuaron, principalmente por parte de la Policía Nacional Bolivariana a través de sus Fuerzas de Acciones Especiales. Todas las víctimas eran hombres jóvenes críticos con el gobierno, provenían de zonas de bajos ingresos y habían tenido participación en las protestas. Estas ejecuciones parecen formar parte de un ataque sistemático contra la población civil, lo que podría constituir crímenes de lesa humanidad.
Las personas detenidas arbitrariamente fueron sometidas a malos tratos, tortura y violaciones del debido proceso. Hubo informes de casos de desapariciones forzadas en los que las autoridades confirmaban que se había detenido a personas, pero los familiares y abogados no conseguían conocer su suerte o su paradero. Según ONG locales hasta octubre se había detenido arbitrariamente a 2.182 personas, de las cuales 388 habían sido encarceladas por motivos políticos. Con frecuencia los custodios hacían caso omiso de las órdenes de excarcelación.
“El patrón que se evidenció en el número y la forma en que ocurrieron ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias durante los últimos años hacen ver que estos hechos pueden ser considerados crímenes de lesa humanidad, ya que parecen formar parte de un ataque generalizado contra las personas disidentes”, señaló Gómez.
La defensa de los derechos humanos estuvo gravemente amenazada. La criminalización, las amenazas y los ataques por parte de autoridades gubernamentales contra organizaciones que colaboraban con mecanismos internacionales de protección aumentó. Varias organizaciones humanitarias y de derechos humanos denunciaron obstáculos para obtener reconocimiento jurídico y operar libremente.
“En el último año hubo una escalada en la criminalización del trabajo de los defensores de derechos humanos en Venezuela. Las autoridades en vez de garantizar el ejercicio de su labor, buscan invisibilizar sus denuncias a través del descrédito en medios de comunicación, amenazas y trabas en el registro de organizaciones nuevas de derechos humanos”.
El sobrecumplimiento de las sanciones impuestas por Estados Unidos a entidades gubernamentales afectó la capacidad de las ONG y agencias humanitarias a emplear sus fondos libremente. Esto generó un obstáculo adicional para la defensa de derechos en el país.
“Tememos que estas medidas puedan afectar a la sociedad civil y a la labor humanitaria y de ONG por limitaciones en el transporte, bloqueos de fondos en entidades financieras y proveedores”.
Venezuela fue elegida para ocupar un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, pero al mismo tiempo no contribuye con la visita de investigación, no concreta invitaciones a Relatores de la ONU relacionados con la respuesta a la crisis, no admite a la CIDH y no está claro el acceso que brindó a la oficina de la Alta Comisionada a centros de detención, Arco Minero del Orinoco y sobre el cumplimiento de las recomendaciones a su informe.
Al cierre de esta edición del informe anual, las recomendaciones de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos referentes a detenciones arbitrarias, protección a defensores, detención del uso excesivo de la fuerza, la adopción de medidas efectivas para restablecer la independencia del sistema judicial y ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, no presentaron avances.
