Yovanny Bermúdez sj
El contenido del informe “Una década de Chávez. Intolerancia política y oportunidades perdidas para el progreso de los derechos humanos en Venezuela” de la ONG Human Rights Watch puso en evidencia una vez más que la disidencia es castigada en el país venga de quien venga. En este caso fue un extranjero, el activista de derechos humanos, José Miguel Vivanco, Director para las Américas de esa ONG internacional, fue expulsado por dar a conocer lo que para ellos significa un retroceso en los derechos políticos de los venezolanos. Digamos algunas cosas de ese informe.
El documento está centrado en el irrespeto gubernamental a la disidencia y la consiguiente discriminación política como modo de conculcar la democracia en el país. Toman en consideración que Chávez fue elegido en 1998 como expresión de la sociedad venezolana ante un sistema político venezolano desacreditado y sin embargo, una década después, la democracia se tambalea por la implementación de prácticas discriminatorias. El venezolano se mantiene fiel al gobierno o se queda al margen del país.
Los acontecimientos reseñados pasan por las consecuencias dejadas con la implementación de la Lista Tascón y el Programa Maisanta por las que muchos venezolanos fueron votados de sus puestos de trabajos por firmar solicitando el referendo presidencial. El caso mas sonado fue el despido de la mayoría de trabajadores de PDVSA como retaliación de la huelga petrolera.
Destacan la falta de independencia de los poderes públicos en el país. El poder judicial como garante de la democracia está en manos del gobierno. La ONG lanza fuertes críticas al gobierno por no garantizar el respeto a la constitucionalidad. Los casos utilizados para argumentar la falta de independencia son las sentencias emanadas del máximo tribunal en agosto 2002 y marzo de 2004. En la primera se hace referencia al caso del golpe de estado y en la segunda a la impugnación de las firmas para el referendo presidencial.
En materia de libertad de expresión mencionan las medidas utilizadas para alterar el control y el contenido de los medios. Hacen referencia a la garantía existente en el país de librar un debate público donde los medios opositores pueden hacer sus críticas, en muchos casos bien subidas de verbo, y los medios afectos al gobierno defiendo a ultranza las medidas revolucionarias. Se destacan las medidas de ampliación que el gobierno ha realizado en función de los medios alternativos comunitarios lo que contribuye al pluralismo y a la diversidad de los medios en el país.
La petición que hace HRW es clara y precisa eliminar todas las disposiciones legales que infrinjan el derecho internacional sobre la libertad de expresión, incluidas las leyes de desacato, las leyes que penalizan la difamación de funcionarios públicos e instituciones, y las disposiciones excesivamente amplias sobre incitación incluidas en las normas sobre difusión de radio y TV. Y proponen que se dicten leyes que garanticen efectivamente y sin discriminación el derecho constitucional de acceso a la información.
En materia sindical HRW reprocha la injerencia presidencial para hacer del movimiento sindical un apéndice de la revolución. De lado chavista se dice que se trata de democratizar a los sindicatos y librarlo de líderes corruptos y faltos de independencia. Con apoyo presidencial se han creado sindicatos paralelos chavistas quienes sin cumplir con los procesos electorales negocian directamente con el gobierno.
También tachan que el gobierno interfiera en las actividades de los defensores de los derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil. Destacan como perjudiciales las investigaciones penales seguida a defensores de derechos humanos, muchas de ellas exageradas o infundadas. Además, del descredito a éstas acusándolas de cómplices de la subversión; así como la intención gubernamental de impulsar legislaciones que interfieran la captación de fondos del extranjeros por las ONG para su funcionamiento.
Las fuentes que utiliza HRW para sustentar sus afirmaciones, provienen en su mayoría de voceros gubernamentales, quienes en sus declaraciones apegadas a la línea revolucionaria se olvidan que hay principios constitucionales que deben respetar.
En el informe no se mencionan las bondades que ha tenido el gobierno con logros en materia de derechos humanos, especialmente de los derechos económicos, sociales y culturales. Aunque con el título “Intolerancia política….” dejan claro que se concretiza en los derechos políticos se perdió una oportunidad para hacer un balance de la situación de los DDHH en el país.
Con la expulsión de Vivanco quedó evidenciada la intolerancia gubernamental por quienes lo critican. Los argumentos del Ejecutivo Nacional no dejan de ser falaces porque en realidad el informe no dice nada que los MCS no hayan dicho. Y para haber diálogo es necesario aceptar irrestrictamente las medidas políticas de la revolución. Evidentemente, que la expulsión pone de relieve la no aceptación de críticas y que en toda democracia permiten garantizar el equilibrio de poder.
