Elección de alcaldes
OEV*
Recién finalizados los comicios celebrados el pasado 15 de octubre, los venezolanos hemos sido llamados para el domingo 10 de diciembre de este año a unas nuevas elecciones, con el fin de designar a los 335 alcaldes de todos los municipios del país y repetir la escogencia del gobernador del estado Zulia. Nuevamente la convocatoria fue “decretada” por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Así, el proceso comienza de mala manera, violando la Constitución y la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE), en cuyas disposiciones se señala al Consejo Nacional Electoral (CNE) como el único organismo encargado para anunciar dicha convocatoria, en correspondencia con los períodos legalmente establecidos.
El proceso continúa, además, en medio de otras irregularidades. Fija arbitrariamente el día de la elección, atropellando los tiempos indispensables para organizar y ejecutar un proceso electoral imparcial, confiable y en igualdad de condiciones para todos. Llama a los partidos políticos y ciudadanos por iniciativa propia a inscribir candidatos antes de convocar formalmente las elecciones, excluyendo como postulantes a los grupos de electores. Publica tardíamente el cronograma electoral, luego de dar a conocer a cuentagotas algunas fechas. No pone al día el Registro Electoral, privando del ejercicio del derecho al voto a alrededor de un millón de ciudadanos. Mantiene los miembros de mesa de las elecciones anteriores, seleccionados a través de un mecanismo que no fue público, tal como lo exige la legislación vigente.
Adicionalmente, decidió no llevar a cabo, sin que mediara explicación alguna, la elección de los concejales, legalmente fijada para realizarse de manera conjunta con la de los alcaldes, como complemento indispensable del gobierno local. De nuevo cabe pensar que tal resolución fue adoptada en función de la conveniencia política gubernamental.
Por su parte, la repetición de las elecciones en Zulia, tras la declaración de “falta absoluta” del cargo de gobernador por la negativa de Juan Pablo Guanipa de juramentarse ante la ilegítima ANC, representa una violación al Estado de derecho y a la voluntad popular expresada el pasado 15 de octubre. La ley estipula que los gobernadores electos solo deben juramentarse ante los Consejos Legislativos de sus estados. Dado lo anterior, pareciera claro que el país nuevamente transita un proceso de acuerdo a un formato ya conocido, imponiendo condiciones que contravienen la transparencia y la equidad universalmente exigidas para la celebración de elecciones democráticas. En estas circunstancias, el Observatorio Electoral Venezolano (OEV) muestra, una vez más, su alarma por la calidad del arbitraje electoral venezolano, cuya actuación sesgada alimenta el escepticismo y la desconfianza, con respecto a una herramienta fundamental de la convivencia social: el sufragio.
*Observatorio Electoral Venezolano
