Pedro Vicente Castro Guillen
Tal confrontación que hasta hace unos pocos días podría resultar impensable es a lo que estamos asistiendo con la incredulidad de no pocos en medio del conflicto y activación de la lucha ciudadana por la restitución del hilo constitucional. Este enfrentamiento se hace ostensible a partir de la propuesta de Nicolás Maduro de constituir de manera fraudulenta una asamblea constituyente comunal corporativa (ACCC) cuya figura no existe en la Constitución. Porque la ACCC es un mecanismo que liquida todos los derechos democráticos y consecuentemente la institucionalidad democrática que está consagrada en la Constitución vigente que fuera el resultado de la Asamblea Constituyente del año 99.
Haciendo una muy breve recapitulación de las luchas por la defensa de la democracia a lo largo del régimen chavista, se observa que cada vez que Chávez mostró un comportamiento abiertamente antidemocrático no sólo fue duramente adversado por su oposición natural, sino que esta fue acompañada por sectores chavistas de la población. Lo vimos en la masiva manifestación del 11 de abril de 2002, de igual manera, en el referendo constitucional del 2007 cuando fue derrotada su propuesta comunista, y a partir de ahí comenzó una sostenida y consistente pérdida de apoyo que se hizo más profundo con la entronización de NM.
Pero es hasta ahora que se abre una fractura irreconciliable entre chavistas y maduristas, a esto contribuye de manera determinante la figura de la Fiscal General de la Republica Luisa Ortega Díaz. Las acciones llevadas a cabo en el marco de sus competencias legales y constitucionales contra la violación de los DD.HH. y el irrespeto del Estado de Derecho y concretamente contra la ACCC, la constituyen como un polo de referencia del chavismo que no se siente representado por factores como Nicmar Evans, Aporrea y otros factores civiles y militares del chavismo de escaso liderazgo y significación por sus responsabilidades claras e innegables en el hundimiento del país en la gestión de Chávez (real y verdadero responsable de la ruina del país).
No se trata de hacer apologías de ocasión por la actuación de la Fiscal General, partimos del hecho de que nadie posee el monopolio de la conciencia moral y por ello no hay ninguna razón para no valorar el carácter ético de su acción. La importancia de sus actuaciones es doble. 1. Haciendo uso de sus competencias está actuando como muro de contención a las pretensiones de la banda de los siete condenando las violaciones a los DD.HH. y cuestionando la legalidad y legitimidad de la ACCC, con lo que suma y fortalece la lucha ciudadana por la restitución del Estado de Derecho. 2. Permite al chavismo no madurista reagruparse alrededor de un liderazgo legítimo y que tiene reconocimiento más allá de su propio espacio político.
Esto último favorece el que se produzcan espacios de encuentro entre la MUD y el chavismo no madurista para buscar juntos una vía de solución al actual impasse sangriento que hoy vive la república y puede abrir puerta franca a la participación de sectores que hasta ahora, aun cuando responsables del actual cuadro crítico, han permanecido impasibles frente a la grave evolución de los eventos.
Ahora no se trata de sobrevalorar la actuación de la Fiscal General sino de lo pertinente de su acción que se adiciona al ejercicio institucional de la Asamblea Nacional, la firmeza de los partidos y la ciudadanía que con su heroica vanguardia juvenil se le han plantado firme a la pandilla de los siete para enfrentar la ruptura del hilo constitucional y exigir la recuperación del Estado de derecho y la democracia.
