Por Alfredo Infante S.J
Ha iniciado un nuevo año escolar con una gran incertidumbre. El deterioro de la calidad de vida de los docentes se ha profundizado. Las escuelas primarias y los liceos secundarios han experimentado una fuga descomunal en los equipos de trabajo. No hay personal suficiente para responder al desafío educativo, porque la mayoría ha emigrado fuera del país o hacia otros oficios en búsqueda de un ingreso de subsistencia. En Venezuela, el salario del docente apenas alcanza para cubrir el costo del pasaje, se trabaja a pérdida, por pura vocación. Los educadores no tienen cómo comer, vestirse, movilizarse, carecen de seguro médico y no tienen acceso a medicamentos. Y, por su fuera poco, en los planteles públicos hay un constante acoso laboral por razones políticas.
El actual ministro de Educación, Aristóbulo Istúriz, se ha negado reiteradamente a sentarse a la mesa para negociar y acordar con los líderes gremiales una convención que garantice condiciones laborales justas. Por el contrario, cuando aparece en los medios y declara es para proferir insultos cada vez más ofensivos, en una especie de guerra psicológica, contra el gremio docente.
El lunes 16 de septiembre, día del inicio de clases, el gremio se movilizó en protesta ante la sede del Ministerio de Educación, donde fueron reprimidos por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y grupos paramilitares o colectivos que actúan en defensa de la «revolución». El propósito de la movilización, que se realizó simultáneamente hacia las sedes del Ministerio de Educación en 20 estados del país, fue exigir la renuncia del ministro Istúriz, quien se ha empeñado en destruir la educación en Venezuela. Durante la protesta, Griselda Sánchez, representante de la coalición de trabajadores del sector educativo, lo resumió claramente: «más de 90% de las instituciones públicas están sin luz, sin agua, sin baños. Con el salario que devengamos nosotros no podemos vivir…»1
Como respuesta al tema salarial, el gobierno ha implementado la nada institucional política del bono, que entra dentro del esquema de chantaje para desmovilizar a los trabajadores. Es una táctica discriminatoria porque si protestas no te llega el bono. Además, se ha articulado una red de informantes que generan un clima de desconfianza y miedo en los planteles. La política es clara: no firmar convenciones laborales para chantajear y desmovilizar y crear una ambiente de desconfianza y miedo para desactivar la protesta.
Ante la migración de docentes competentes, se ha diseñado dentro de la misión «Chamba Juvenil» un plan para que bachilleres, formados de manera exprés, ocupen las vacantes. Son jóvenes sin las competencias necesarias para educar, pero que son cuadros ideologizados que tendrán como misión adoctrinar a nuestros niños, niñas y adolescentes. Las escuelas dejarían de ser centros de enseñanza y pasarán a ser centro de adoctrinamiento.
Mientras estos procesos de dominación y destrucción se van afianzando en los distintos sectores de la vida, las negociaciones en Oslo-Barbados, facilitadas por el gobierno noruego en busca de una solución política que posibilite la creación de confianza para salir de la crisis del país, se dieron por terminadas y ahora surge un sector de la oposición pactando unos mínimos con el gobierno, fracturando aún más la unidad de propósito de la oposición mientras el país, y en él la educación, sigue su proceso acelerado de destrucción.
Como Iglesia nos preocupa que por falta de un propósito compartido, al interior de las fuerzas opositoras, se profundice el clima de desconfianza y que el descontento social hacia el régimen, que raya en un 90%, siga siendo un descontento fragmentado, sin fuerza para el cambio necesario.
