Para la Iglesia la vida es sagrada. La dignidad humana está por encima de cualquier poder. El Estado está llamado a garantizar los derechos humanos, no a violarlos. Hoy, en Venezuela, la tortura, los tratos crueles y degradantes por parte de los cuerpos de seguridad no son un hecho aislado, obedecen a una política sistemática de Estado. La tortura está tipificada como crimen de lesa humanidad. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos regula su prohibición absoluta en el artículo 7, donde reza: “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes…”. Los venezolanos, en nuestra Constitución contemplamos en el artículo 43 que:
… el derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley podrá establecer la pena de muerte, ni autoridad alguna aplicarla. El Estado protegerá la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad, prestando el servicio militar o civil, o sometidas a su autoridad en cualquier otra forma.
Nuestra realidad contrasta con estos principios. Se observa cómo, desde 2009, con la detención arbitraria de la doctora Afiuni –jueza sentenciada públicamente en cadena nacional por el finado y entonces presidente de la República Hugo Rafael Chávez Frías–, se viene aplicando la detención arbitraria y la tortura como recursos de amedrentamiento y control de los poderes, en este caso del Poder Judicial. La doctora Afiuni, actuando institucionalmente, apegada a la Constitución y siguiendo las recomendaciones de la ONU, había otorgado unas medidas cautelares a Eligio Cedeño, decisión que se convirtió en tragedia para la jueza debido a que el detenido en cuestión era de interés presidencial. En julio de 2015, después de varios años de prisión, la doctora Afiuni declara haber sido sometida a tortura y tratos crueles: “A mí me vaciaron el útero, porque lo tenía vuelto mierda. Pero no contentos con eso, se me destruyó la vejiga, la vagina y el ano. Yo estoy reconstruida”. Este hecho ha generado lo que se conoce como el efecto Afiuni, que no es otra cosa que el control total, por la vía del miedo, del Ejecutivo hacia el Poder Judicial.
De igual modo, los testimonios registrados por las ONG de DD.HH. en las protestas de 2014, 2016, 2017, 2018 y 2019 dan cuenta de que los tratos degradantes y la tortura no son eventos aislados, sino un modo de represión sistemático que expresa una política de Estado. Se trata de un listado extenso difícil de enumerar, lleno de rostros y biografías de personas –en su mayoría jóvenes– que han entregado su vida por Venezuela. En estos casos tales mecanismos de represión se han utilizado sistemáticamente con el fin de desmovilizar social y políticamente a la población.
Después de las parlamentarias de 2015, cuando las fuerzas democráticas ganan legítimamente el Parlamento, se inicia una confrontación entre los poderes cooptados por el Ejecutivo Nacional en contra de la Asamblea Nacional (AN). Los ataques sistemáticos hacia los miembros de la AN, la persecución, detención arbitraria de los diputados y la emblemática tortura de Juan Requesens como corolario de este proceso represivo, es un indicador claro de que se trata de una política de Estado. El 10 de agosto de 2018 fuimos sorprendidos por un video que circuló por las redes donde el diputado Juan Requesens, quien había sido detenido arbitrariamente, aparecía drogado y torturado dando declaraciones en contra de Julio Borges, para entonces presidente de la AN, hoy refugiado en Colombia. El hecho fue tan horrendo, que el poeta Armando Rojas Guardia lo describió así: “me estremece la percepción de que ya hemos ingresado al horror literalmente obsceno, al terreno minado de la pornografía política”.
También miembros del nivel municipal del Poder Público han sido violentados en el sagrado derecho a la vida por la vía de la tortura. El 8 de octubre de 2018, el mártir por la democracia, Fernando Albán, concejal del Distrito Metropolitano, fue lanzado por una ventana del edificio del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en Caracas, donde se encontraba detenido arbitrariamente y había sido cruelmente torturado por el régimen.
Su asesinato causó gran conmoción, dolor e impotencia en los sectores populares y las iglesias. Eran los dos ámbitos de Fernando Albán: acompañar a las organizaciones sociales de base para responder al desafío humanitario y convidar a las iglesias, de distintos credos, a una cruzada por la vida desde la no violencia activa. Lo hacía con pasión. Su modo de vivir y hacer política, que le otorgó una gran credibilidad y autoritas, se convirtió en una amenaza para el poder de facto. La supuesta “versión oficial” de los hechos, en boca del Fiscal Tarek Williams Saab, responde a un suicidio: “Murió tras saltar desde la ventana de un décimo piso”, dijo entonces. No obstante, quienes conocimos a Fernando Albán sabemos que, por sus hondas raíces cristianas, católicas, de amor y defensa de la vida, la versión del régimen es una mentira que busca banalizar el crimen y disfrazar la verdad. Así lo señalaron también representantes de la Arquidiócesis de Caracas, el partido Primero Justicia, la ONG Foro Penal, entre otros.
El estrato militar tampoco ha estado inmune. Los miembros de las Fuerzas Armadas que se han desmarcado del régimen han sido tratados con ensañamiento e imputados de traición a la patria, instigación a la rebelión y contra el decoro militar. El reciente fallecimiento del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, detenido el 21 de junio y torturado hasta arrebatarle la vida el sábado 29 a la 1 de la madrugada, por funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM), pone nuevamente en evidencia la tortura como política de Estado. Según la abogada Tamara Suju, el capitán “llegó a tribunales en silla de ruedas, presentando graves signos de torturas. No hablaba, solo pedía auxilio a su abogado. No entendía ni escuchaba bien… El juez ordenó su traslado a un centro de salud en el que falleció a la 1:00 a. m.”. En el contexto del asesinato del capitán de corbeta Provea, ONG de derechos humanos, publicó un comunicado avasallante: “el pasado 29 de junio Provea dio a conocer que, de los 100 casos de tortura registrados durante 2018, 75 fueron cometidos por agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)”1, el mismo cuerpo de seguridad que tenía bajo custodia al capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo. Fue, por lo tanto, el organismo que más torturó en 2018, y desde 2017 se vienen incrementado las denuncias contra dicho organismo policial, tanto por prácticas de tortura como por desaparición forzada de personas.
Este recorrido deja claro que la tortura es hoy, en Venezuela, una política sistemática de Estado, dirigida desde el Ejecutivo y utilizada con el fin de aterrorizar, amedrentar y doblegar al resto de los poderes públicos: Judicial (caso Afiuni), Legislativo (Juan Requesens), en el nivel Municipal (caso Albán), así como la desmovilización de la sociedad civil (coaccionando líderes de protestas) y, también, controlar por vía de la fuerza a sectores descontentos y disidentes de las Fuerzas Armadas (caso ilustrativo el de Rafael Acosta Arévalo). Mientras, el fiscal general y el defensor del pueblo hacen silencio cómplice, aun sabiendo que la tortura es un crimen de lesa humanidad y estos, por su naturaleza, no prescriben.
Nota:
PROVEA. (29 de junio 2019): La DGCIM el organismo que más torturó en 2018. Recuperado de: https://www.derechos.org.ve/actualidad/dia-internacional-en-apoyo-a-las-victimas-de-la-tortura-488-casos-de-tortura-registro-provea-entre-2013-y-2018
