Revista SIC 794
Mayo 2017
Ya advertíamos en el número anterior que el régimen había desenmascarado su condición de dictadura con las sentencias 155 y 156 del TSJ (que luego de ese acto ha estado particularmente silente). La Fiscal General también considero que dichas decisiones rompían el marco constitucional. Durante todo el mes de abril se ha generado una grave crisis de legitimidad del gobierno que ha tenido que recurrir al uso abusivo de la represión como camino para lograr sostenerse en el poder. Esto ha implicado al menos 29 muertos durante el mes de abril, centenares de heridos y una represión sin precedentes. Debemos aunar a ello el uso de grupos paramilitares (colectivos armados) que han disparado contra la población.
La oposición ha hecho un conjunto de exigencias que buscan la restitución del orden constitucional: cronograma electoral claro, destitución de los miembros que incoaron el golpe judicial reciente, nombramiento de las autoridades del CNE bajo el procedimiento constitucional establecido, liberación de los presos políticos, reconocimiento de la Asamblea Nacional y sus funciones por los demás órganos del Poder Público, aceptación de ayuda humanitaria para superar la crisis. La ciudadanía ha acompañado estas demandas. Las manifestaciones han sido masivas y constantes.
Como respuesta a la perdida de legitimidad, el gobierno de Maduro el primero de mayo ha sumado un nuevo ingrediente que es la “Operación Constituyente Comunal”. La misma se vale de la ambigua formulación de los artículos 347 a 349 para buscar un mecanismo cuya pretensión es consolidar y consagrar la dictadura madurista, así como las prebendas de las elites militares y psuvistas que dirigen el país, en contra de la misma población.
Se quiere convocar a una constituyente sin consulta popular sobre sus bases. El Presidente se atribuye a sí mismo, sin consulta popular alguna, una potestad constituyente que no posee, así como tampoco la poseería el 15 % del electorado que firmará una solicitud para una semejante convocatoria y que de igual manera según la norma del artículo 348 posee igual nivel de iniciativa. Es evidente que en ambos casos, y en los demás previstos en ese artículo, debe mediar un referendo similar al que hubo en 1999, pues como señala los artículos 5 y 347 sólo el pueblo es depositario de la soberanía y del poder constituyente originario.
Estas bases consagran un conjunto de privilegios electorales a los grupos organizados del partido PSUV a través de consejos comunales, sindicatos y otras organizaciones afectas al gobierno que no representan sino a un porcentaje escuálido del electorado del país. De esta forma se omite ir a una elección universal, directa y secreta de todos los miembros de esa pretendida constituyente, que implica circuitos electorales con similar número de ciudadanos para garantizar la igualdad del voto.
Lo que está detrás del sistema planteado es que no todos somos iguales, sino que hay algunos que son más iguales que otros, por lo que tienen derecho a nombrar representantes que otros no tienen. Así quienes participan en organizaciones del gobierno como las comunas o sindicatos reconocidos por el gobierno tendrán representación extra. Estas instancias elegirían a la mitad de esa Asamblea de 500 miembros por lo que ya de suyo imponen la mayoría. Esto rompe los principios de universalidad e igualdad electoral. Eso violenta el derecho humano a la igualdad y todos los derechos políticos y civiles, por lo que en caso de consolidarse estaríamos bajo el supuesto del artículo 350 de la actual Constitución.
El modelo propuesto recibe el nombre de Estado Corporativo y se dio en la historia a través de modelos políticos como los soviets en la URSS, el fascismo en Italia, el franquismo en España. La perversidad del modelo ya fue señalada por el fundador de esta revista en los años 40. Como se verá sirve a distintos modelos ideológicos, pero logra en todos el mismo efecto que es el control político por parte de la élite gobernante, consagrando modelos dictatoriales. Es evidente de igual forma que la intención es aproximarnos al modelo cubano que bajo el control de un partido único tiene sometida a toda esa isla a un sistema totalitario y empobrecedor.
No se nos escapa que la intención real no es establecer un nuevo pacto de convivencia entre los venezolanos, sino imponer un órgano creado a imagen y semejanza de la dictadura, a fin de que dicho órgano, pretendidamente plenipotenciario, disuelva la Asamblea, destituya funcionarios que hoy resultan incomodos como la ciudadana Fiscal y legitime nuevos préstamos que serán objeto de nuevos actos de rapiña e incluso extienda el gobierno del presidente Maduro.
Es bueno recordar que en otros tiempos también se pensó que con base a las bayonetas se lograba imponer la legitimidad a base del miedo. Así Gómez con múltiples constituciones hechas a su antojo. Así Marcos Pérez Jiménez, quien en 1952 ordenó una Constitución para él, que luego violentó en 1957 bajo la figura del plebiscito y que poco le duró su celebración. En ese contexto es bueno recordar que hace 60 años la Iglesia acompañó las luchas democráticas venezolanas, en especial bajo la simbólica carta pastoral de Monseñor Arias Blanco el 1 de mayo de 1957. Hoy también la Conferencia Episcopal Venezolana, la Conferencia de Religiosos y Religiosas y otras instancias eclesiales lo siguen haciendo, levantando su voz contra este régimen y acompañando a nuestro pueblo en las calles.
Como cristianos nos vemos en la obligación moral de denunciar este camino de opresión al que se ha sometido y se quiere seguir sometiendo a nuestro pueblo. Leyes que consagran la tiranía de unos pocos enriquecidos por el dominio de los ingresos petroleros, y que bajo engaños cada vez más ineficientes, dejan a la población entera sumida en la pobreza, la desnutrición, la falta de medicamentos básicos, la falta de atención hospitalaria, dejándoles como única opción la salida fuera del país.
Junto a este cuadro notamos una sociedad que de forma civil ha decidido manifestar su descontento en las calles. Que no se está dejando engañar por aquellos que saltando por encima de la puerta de la Constitución y de la democracia, han privatizado el Estado para sus fines, pero nuestro pueblo cada vez con mayor claridad no los sigue, pues desconoce en ellos la voz democrática, popular y ciudadana que nos configura como nación. El régimen no tiene pueblo, sus mítines están vacíos, lo que exhiben son sus armas y la represión. El gobierno y sus instituciones han devenido en ilegítimos.
El movimiento ciudadano que se ha desatado en defensa de la soberanía y la democracia en Venezuela es una invitación para que las mismas fuerzas de represión descubran el sin sentido de sostener por la fuerza un gobierno que no cuenta con base popular, un gobierno que ha perdido su legitimidad pues le ha dado no una, sino varias patadas a la Constitución que le sirve de fundamento. La Fuerzas Armadas Nacionales (FAN) necesita redescubrir su papel institucional como garante de la Constitución y de los derechos de los ciudadanos. De la misma forma es una invitación a quienes del lado del partido de gobierno y sus aliados son verdaderos demócratas, gente realmente preocupada por el bienestar de la población, en especial de los más pobres que están siendo especialmente golpeados, no sólo por la miseria, sino por la actividad delictiva de los grupos paramilitares del régimen.
Es a través de la acción civil que será posible recuperar un nuevo pacto social que toda la sociedad venezolana está reclamando urgentemente. No se trata de que haya unos ganadores o unos perdedores. No se trata de imponer un modelo u otro. Se trata de que nos reconozcamos ciudadanos, iguales, sin mayores o menores derechos por tener una u otra idea o preferencia política y que en el marco de un verdadero sistema democrático podamos dirimir nuestras diferencias y alcanzar los acuerdos que restablezcan nuestra convivencia.
Si hay caminos para la resurrección en Venezuela. La lucha de nuestro pueblo en las calles, especialmente de los jóvenes, sin armas, con su presencia genera la confianza de que llegaremos a reconstruir nuestro país.
