Revista SIC 791
Enero – Febrero 2017
Los jesuitas hemos catalogado 2016 de “tragedia nacional”. Este año han confluido explosivamente todas las dinámicas de deterioro económico, político, social, cultural, haciendo más dramática la crisis sistémica que afecta a la mayoría de los venezolanos. Según Datanalisis el 95 % de la población considera que la situación está entre muy mala y mala. El desabastecimiento y la inflación aparecen como los problemas más sentidos por la población, incluso por encima de la inseguridad y la violencia que rayan en lo patológico. Como indicador, según Fedenaga Barinas, “el consumo anual de carne cayó de 23 kg por persona a apenas 7 kg”.
Lo más cruel e indignante ha sido el hecho de confirmar definitivamente que a este Gobierno no le importa la gente; solo le interesa el poder cosificado. Según los voceros oficiales el hambre del pueblo no es real, sino una sensación introyectada por los enemigos del pueblo y la guerra económica. Por ello, ante un escenario tan crítico como el que vivimos, el Ejecutivo sigue empeñado en desconocer que la causa del hambre es el modelo político-económico vigente que ha desbaratado el aparato productivo generando hambre, desempleo, escasez e inflación que a su vez han desatado mecanismos mafiosos de subsistencia. En su empeño de imponer los objetivos del Plan de la Patria, el señor Presidente ha dictado sucesivos decretos de emergencia económica que han profundizado la crisis y beneficiado a una elite minoritaria de sus partidarios en todos los estratos sociales, configurando un entramado de corrupción entre quienes se benefician de la crisis.
En lo político se han cerrado todos los espacios democráticos, militarizando las instituciones del Estado e imponiendo la presencia militar en los múltiples ámbitos de la vida cotidiana. De igual modo, grupos de poder del partido de gobierno y sectores influyentes de las Fuerzas Armadas Bolivariana (FAB) se distribuyen los poderes públicos. De ahí que, el Poder Judicial, Ciudadano y Electoral no han sido otra cosa que satélites del Ejecutivo e instrumentos en su lucha por el control y saboteo de la Asamblea Nacional; único poder, por su composición, desmarcado de la órbita gravitacional del Ejecutivo y con restringido margen de actuación. En este contexto el Poder Electoral ha sido de las instituciones más influidas por el control del Ejecutivo en 2016, pues se trataba de un año electoral, que cerró sin elecciones. En consecuencia, se ha radicalizado el proyecto político militar que no es otra cosa que una dictadura decimonónica con maquillaje nominal de socialismo del siglo XXI, del marco constitucional, ilegítimo porque carece del respaldo de la ciudadanía al punto que tiene autoconciencia de estar inhabilitado ética y políticamente para ganar elecciones, pero con poder de facto porque tiene el control de las instituciones del Estado las cuales utiliza discrecionalmente para sus fines privados. Cerramos, pues, en un escenario de gobierno dictatorial decidido a rezar un réquiem a la democracia para atornillarse definitivamente en el poder.
Por su parte, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) plataforma institucional de los partidos políticos de oposición para enfrentar el estatu quo, no ha sabido leer y responder las señales que la mayoría de los venezolanos han venido dando a lo largo de este trayecto; muy especialmente a partir de las elecciones parlamentarias de 2015 que, en palabra de monseñor Diego Padrón, fueron un auténtico referendo revocatorio. Durante gran parte del año, hubo un liderazgo opositor jalonado por la propuesta del referendo revocatorio que llegó a expresarse en manifestaciones masivas inéditas como la “Toma de Caracas” el primero de septiembre y la “Toma de Venezuela” el 26 de octubre. Tristemente, los enemigos del referendo revocatorio no solo estaban en el gobierno, sino también en algunos liderazgos presidenciables de oposición que temían –de darse el referendo con la consecuente salida del Presidente– ser candidatos para asumir un gobierno de transición de dos años en medio de la crisis. Al parecer, nadie quiso sacrificar su carrera política por el país. Según el propio Chuo Torrealba, secretario general de la Mesa, los intereses personales, las rencillas intestinas, las tácticas cortoplacistas minaron la posibilidad de una estrategia concertada que permitiera interpretar y canalizar el anhelo constitucional de la sociedad por una salida electoral a la crisis y un mayor peso en la mesa de diálogo.
El referendo revocatorio y el diálogo no han debido ser agendas contradictorias, sino más bien complementarias. El referendo revocatorio por su carácter de consulta popular era de suyo el pórtico para un auténtico diálogo de largo aliento. Las movilizaciones pacíficas por el referéndum y por la recuperación de la Constitución se han debido mantener como un modo de presión a los operadores políticos de ambos sectores representados en la mesa de diálogo. El espíritu de las movilizaciones pro-referendo no se limitaba a un hecho político electoral, sino al deseo de un cambio en las correlaciones de fuerza que hiciera viable un auténtico diálogo que pusiera los problemas reales del país en el centro. Recordemos que diálogo y entendimiento siempre han repuntado en las encuestas como el verdadero clamor del pueblo. El referendo no era un asunto polarizado de oposición partidista vs Gobierno, sino el ejercicio de un derecho constitucional que debía poner en manos de la ciudadanía la decisión de cerrar un ciclo político y abrir un nuevo ciclo para el diálogo y concertación.
Ahora bien, nos preocupa enormemente que hay sectores que dada la manera como el Gobierno nacional ha utilizado para sus fines los intentos de diálogo en 2014 y en 2016 demonizan esta vía democrática. Pero en SIC, estamos convencidos que, sin diálogo, no ha habido, no hay, ni habrá país y tal como ha venido insistiendo monseñor Diego Padrón “negar el diálogo es un error peligroso y muy grande porque se estaría negando el valor de la palabra… tarde o temprano los líderes del país tendrán que buscar no solamente el diálogo sino acuerdos en una negociación porque ninguna institución puede por sí sola dar respuesta a la crisis tan grave y tan global”. La Iglesia siempre apoyará salidas dialogadas y negociadas en procura del bien común y el fortalecimiento de la democracia.
Todos los analistas con sentido de país apuntan, desde distintas áreas, que la crisis estructural y sistémica que vivimos es superable a largo plazo si desde ya se toman medidas concertadas direccionadas a recuperar un mínimo de institucionalidad, que genere un piso de confianza capaz de reactivar el aparato productivo y de ir progresivamente rehabilitando la convivencia social en sus múltiples dimensiones. Esto requerirá sin duda alguna de mucho diálogo y negociación, pero la incertidumbre se cierne sobre nosotros ¿hay sujeto para este diálogo? Nos toca apostar por la palabra, no por la guerra. No prolonguemos la tragedia.
