Editorial de la revista SIC 768. Septiembre-Octubre 2014.
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El esperado sacudón presidencial dejó todo intacto: el país sigue paralizado. El modelo rentista-clientelar, improductivo, debe cambiar, es insostenible. Si no se toman las medidas necesarias que reorienten la economía hacia la productividad, el país quedará en la banca rota, y quienes terminarán pagando los platos rotos, como siempre, serán los más pobres y la clase media cada vez más proletarizada. La rectificación es necesaria, solo un modelo productivo puede garantizar la sostenibilidad de la inclusión social y la soberanía nacional. El sacudón anunciado por el señor presidente de la República solo produjo el acostumbrado enrosque, sin trastocar el viciado sistema imperante; improductivo, corrupto y clientelar. Dejando al conjunto de la sociedad en la incertidumbre.
Dinámicas soterradas
El jefe de Estado está claro que debe tomar medidas económicas, por eso amenaza con ellas; pero llegado el momento, sacrifica al país por sus cálculos políticos. No decide. La propaganda ideológica y el poder cosificado están por encima del país. Teme a una implosión de su partido, a la disgregación del Polo Patriótico cada vez más evidente, o peor aún, a perder el respaldo estratégico de las Fuerzas Armadas (FAB), que ha venido progresivamente controlando el aparato estatal. Todo esto al tiempo que su popularidad desciende, como en un tobogán, precipitadamente.
¿A quién favorece esta situación? ¿Qué sector se está beneficiando de la indecisión presidencial? ¿Qué intereses hay detrás de la inercia? Mientras esto acontece, se van dando reacomodos internos en el gabinete, unos visibles, anunciados, light, y otros soterrados, no anunciados pero más decisivos, productos de la realpolitik, donde cada día se evidencia que los tentáculos militares van copando las instituciones, las calles, y los espacios de toma de decisión, de poder. Este es el verdadero sacudón presidencial: el progresivo control de los espacios de poder por parte de una élite militar. No hay duda que en medio de la inercia se va gestando una transición hacia el control militar del aparato del Estado y de la sociedad.
El debate económico en el PSUV
El debate sobre el rumbo económico del país dentro del partido de gobierno no es nuevo. Ya en junio de 2013 en ¿Qué hacer? Medidas inmediatas, a corto, mediano y largo plazo, un grupo de intelectuales, asesores de un sector del gobierno, encabezados por Felipe Pérez Martí, diagnosticaba crudamente los efectos perversos del modelo económico actual, y apuntaban:
Los problemas que hay que solucionar tienen que ver con una inflación endémica y un aparato productivo que no ha respondido a los estímulos de gasto público, mientras se ha profundizado la dependencia rentística del petróleo. Pueden ser caracterizados por una inflación por encima de mil puntos porcentuales en los 14 años de gobierno, con el precio de los alimentos subiendo en 1.760 %, siendo la cifra más alta de toda Latinoamérica, con signos claros de aceleración. La producción solo ha crecido en ese período en 10 %, la más baja de la región, excepto Haití. El índice de industrialización siguió bajando en nuestro gobierno, situándose en 13,9 % el año pasado, cuando había llegado a 20 % en 1986, y las exportaciones no petroleras pasaron de ser, de 40 % del total, a solo el 4 % en 14 años. La situación fiscal es grave, llegando el déficit a 15 % del PIB, con fuertes problemas para financiar el gasto social dada una situación de producción petrolera muy problemática, a pesar de los altos precios petroleros.
Ante este oscuro escenario, agudizado en 2014, este sector del oficialismo ha propuesto una serie de medidas que de aplicarse darían al traste con el modelo económico que nos ha llevado hasta aquí, el modelo de Giordani-Chavez, aún vigente, con maquillajes, insostenible, inviable. La línea de Pérez Martí, más realista, ha sido señalada de antirevolucionaria por proponer la autonomía del Banco Central, el diálogo con el sector privado y productivo del país, el aumento de la gasolina, la rectificación de la política petrolera y una revisión de la política monetaria para sincerar el control de cambio; condiciones mínimas para pasar de la Venezuela rentista a la Venezuela productiva.
Pero el Presidente se mantiene inerte, sin decidir, afirmando –casi regañando–, que hay que pasar del rentismo a la productividad; como si la producción de un país se activara con frases imperativas, grandilocuentes y leyes ideológicas desconectadas de la realidad. Y, paradójicamente, a la hora de la chiquita, ejecuta medidas militares como solución ante los síntomas de problemas estructurales, tales como el contrabando, el desabastecimiento, la crisis en las empresas básicas, la electricidad, los hospitales, etcétera, postergando así lo más medular: el cambio hacia una política económica productiva e incluyente.
Sin productividad no hay soberanía ni inclusión
La soberanía en un país improductivo, que vive estructuralmente de la importación, no pasa de ser propaganda disociada de la realidad. De igual modo, las políticas de inclusión social dependientes solo de la renta petrolera y no del trabajo productivo, de la solidaridad y la responsabilidad social, son insostenibles en el tiempo y, peor aún, no generan en el cuerpo social una cultura de la corresponsabilidad con el destino del país. Todavía es tiempo. Es necesario invertir en la reactivación de la productividad, especialmente de la pequeña y mediana industria, que tradicionalmente ha sido la mayor empleadora y la más productiva del país. Este punto es impostergable y requiere de políticas que incentiven y garanticen la inversión y el emprendimiento productivo nacional.
Es verdad que un sector importante del empresariado nacional organizado en FEDECAMARAS quebró las frágiles relaciones con los operadores políticos del sistema vigente, al participar activamente en el paro y el golpe de Estado de 2002. Pero el país no puede vivir de esta sombra y resentimiento entre ambos actores. Es necesario el diálogo, la reconciliación y los acuerdos para reactivar la economía. Está demostrado que el Estado no puede encargarse de toda la actividad productiva, tiene sí, que garantizarla, regularla, y por la vía impositiva hacerla coparticipe de la inversión social. La empresa privada debe hacer también un esfuerzo por deslastrarse de la lógica de vivir a expensas del Estado. Producir más y mejor es necesario. Ganar produciendo y no especulando, en un país desabastecido y quebrado, es un requisito básico para un empresariado con conciencia de país. Pero esto no basta. Estos esfuerzos deben ir acompañados por una ética empresarial, con responsabilidad e inversión social, ordenada a superar la pobreza como contribución concreta de la empresa privada a un país incluyente. El papel del Estado es clave para garantizar que la producción de riquezas redunde en una mejor calidad de vida para la población, especialmente para los más pobres. Produciendo ganamos todos. Sólo así saldremos de la parálisis.
