Editorial Revista Sic 743. Abril, 2012
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Nuestro país arrastra un atavismo militarista desde que Carujo depuso a Vargas. Luego vino el protectorado de Páez, después de los Monagas, de Guzmán Blanco y otros caudillos, empezando por Crespo. A la postre llegaron los andinos que vencieron a los demás. Al morir Gómez se inició una transición hacia la democracia que llegó, por fin, con la elección de Rómulo Gallegos, por voto universal y secreto, incluidos los analfabetas y las mujeres. Sin embargo, el pecado original de ese parto democrático fue el golpe cívico-militar del 12 de octubre del 45. La cola de ese golpe fue el golpe contra Gallegos y la progresiva entronización de Pérez Jiménez hasta el 23 de enero del 58. Todavía hubo que vencer el alzamiento de Castro León.
Pero en esos años el militarismo fue dando paso al civilismo. La sociedad civil, el Estado y los partidos llegaron a la determinación de que todos los asuntos del país debían ser gestionados mediante la deliberación libre y razonada de los ciudadanos y las organizaciones que los representaran, que en el caso del Ejecutivo debía hacerse por el voto universal y secreto a personas y partidos, no como un cheque en blanco sino a sus programas y con la representación de las minorías. Sería la deliberación y no las armas las que decidirían la orientación de la sociedad y su gestión. Los militares aceptaron su estatuto y se convirtieron en un cuerpo no deliberante, dedicado a la salvaguarda de las fronteras y a la seguridad de la ciudadanía en situaciones de absoluta emergencia. En efecto, hubo sucesivas promociones de militares que aceptaron lealmente su puesto y en ese sentido también fueron civilistas.
Sin embargo, el 27 de febrero de 1989 la intervención de las FFAA, a petición del Ejecutivo, reflejó una falta absoluta de profesionalismo. No se puede decir que actuaron premeditadamente como los regímenes de la Seguridad Nacional. Una parte considerable de las muertes ocurrieron porque los soldaditos, que no soldados, estaban aterrados y no sabían conducirse en esa emergencia; pero la responsabilidad mayor recae en los cuadros de oficiales que tampoco estuvieron a la altura en su conducción y en el Presidente, que también se vio desbordado. La represión ulterior y el saqueo a los saqueadores evidenció además, como en ese momento editorializamos en SIC, que se sacrificó la democracia para apuntalar el orden establecido. El gobierno estaba conduciéndose como representante de los propietarios de los comercios y no de la ciudadanía.
El ejército quedó en estado de shock. Y no pocos oficiales, entre ellos el actual Presidente, se juraron a sí mismos que sería la última vez que las FFAA dispararan contra el pueblo venezolano. Hasta ahí, todo tiene sentido. Pero en vez de apostar por la profesionalización del ejército, para que las respuestas a las emergencias fueran con el menor daño posible de vidas humanas, es decir, procurando que no se sacrifique a ninguna, se optó por volver al militarismo. De ahí, los golpes de Estado del 4 y del 27 de noviembre del 92.
Sin embargo, a pesar de la situación económica tan adversa (el precio del barril llegó a siete dólares y medio y los empresarios jugaban a ganar lo más posible sin invertir) se continuó el proceso de descentralización; es decir, de profundización de la democracia mediante la elección directa de gobernadores y alcaldes y florecieron multitud de organismos públicos no estatales para resolver muchos problemas, participando los implicados y otros interesados en ayudar. Por eso, se creyó que la democracia era tan saludable que se amnistió a los golpistas.
El triunfo de Chávez significó el fin de la imposición de los medios de comunicación social y de un sector del empresariado, que no le importaba sacrificar al pueblo para ganar más. Y positivamente, que la política volvió a verse como algo positivo y necesario y el pueblo se volvió de nuevo deliberante y se colocó en el centro de la escena, apoyado por el Presidente. Sin embargo, ya al fin del primer año de gobierno, con el cese del ministro para la rehabilitación integral de los barrios, se puso de manifiesto que el Presidente consideraba que los consorcios (se habían hecho 180) no entraban en su horizonte por su carácter de base y por tanto independientes del Ejecutivo.
Esa burguesía que veía que estaba siendo desplazada, aliada con los sindicatos y lo que quedaba de los partidos, con el protagonismo de una parte de los medios y, por supuesto, un sector de la cúpula militar, dieron el golpe de Estado el 11 de abril de 2002. La ocasión fue la pésima actuación de militantes del gobierno y fuerzas de seguridad ante el empeño insensato de una marcha multitudinaria de la oposición, de dirigirse a Miraflores a pedir la renuncia del Presidente. El decreto de Carmona evidenció que quienes estaban detrás del golpe (que no representaban a muchos de los que marcharon) no eran demócratas, con lo que desapareció cualquier viso de legalidad; los militares repusieron al Presidente, a lo que concurrió el apoyo popular.
Recuperado el poder, el Presidente no pensó en profundizar la democracia sino en controlar desde el Ejecutivo todos los poderes para mandar discrecionalmente desde la presidencia y cooptar de un modo partidista a las FFAA. Esta voluntad de gobernar desde el propio proyecto y no desde la voluntad de los ciudadanos se evidenció cuando, después de perder el referéndum para cambiar la Constitución, ha ido aprobando, vía habilitante, cada uno de los aspectos que le fueron negados. Su proyecto de que el Estado sea tendencialmente el único sujeto de la sociedad se va imponiendo paso a paso y solo espera el triunfo de las elecciones de octubre para iniciar oficialmente el comunismo.
Creemos, sin embargo, que se lo pensará dos veces antes de sacar al ejército, si pierde las elecciones: sería traicionar el impulso que le movió a iniciar su camino. Creemos también que gran parte del pueblo venezolano sigue pensando en una profundización de la democracia (en perfeccionar los mecanismos de representación, en no renunciar por nada al voto secreto para la elección de todos los cargos y en aumentar la participación, sobre todo a niveles locales), antes que en su secuestro por parte del partido de gobierno o del Ejecutivo. Creemos también que la parte más profesional de las FFAA prefiere atenerse al papel que le pauta la Constitución, y que no le hace feliz la situación actual en la que la partidización y multitud de tareas que no les corresponden sustituye a la dedicación primordial a la que se deben institucionalmente.
Es muy infeliz que el Presidente glorifique al golpe del 4F: eso priva de legitimidad su condena del golpe del 11 de abril. Nosotros apostamos por el civilismo y, consiguientemente, por la profundización de la democracia como el único camino para poner por obra la Constitución de 1999, que nos llevará no solo a respetar los derechos humanos, a respetar la división de poderes y a construirnos en un país multiétnico que reconoce su pluriculturalidad en un estado de derecho y de interacción simbiótica. Para ese empeño de dimensiones históricas no sobra ningún venezolano: todos somos necesarios y complementarios. En esta tarea todos tenemos algo que cambiar y mucho que ganar.
