Editorial Revista Sic 738. Septiembre-octubre 2011
Vea nuestros puntos de venta
En el actual contexto −caracterizado por el aumento de protestas y reclamos ante las promesas incumplidas− resaltan dos hechos que le imprimen un giro de mayor complejidad e incertidumbre a la situación del país: el modo como ha sido tratada la información sobre la enfermedad del Presidente y la reiteración del desprecio por toda norma o convenio acordado internacionalmente. Se anuncia (quizás ya haya cristalizado cuando esta revista salga a la calle) el desconocimiento de la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de Leopoldo López.
La salud del Presidente le interesa a toda la sociedad porque es la persona pública de mayor responsabilidad ante el país. Pero todavía no se tiene ningún parte médico oficial siguiendo la mínima institucionalidad que acabe con los rumores y las especulaciones. Al contrario, más allá de lo que se haya informado oficialmente, la salud del Presidente se ha convertido en el nuevo ingrediente de la contienda electoral que obliga tanto al oficialismo como a la oposición a preguntarse cuál será la estrategia a seguir de cara a las elecciones de 2012. El futuro del país parece depender no sólo de la definitiva curación del Presidente sino de un único día para el cual se están preparando oficialistas y opositores. El protagonismo popular y la conducción colectiva del proceso revolucionario quedan al desnudo. Sólo hay liderazgo personal. ¿Quién se atreve a pensar la realidad desde otras instancias en estas circunstancias?
Hasta no hace mucho era un misterio la fecha de las elecciones pues el organismo rector no la había decidido: ahora la gente trata de adivinar el cálculo político-electoral encerrado en la definición de tal fecha pues, se supone, el Gobierno actúa maquiavélicamente (al menos una parte de la población lo cree así). En todo caso, ha surgido un elemento no previsto que le complica la situación. ¿Hasta dónde afectará el desenvolvimiento de las elecciones la situación personal del Presidente? ¿Luego de celebrarse las primarias, en febrero, dará tiempo para emprender una campaña con el candidato definitivo de la oposición? La incertidumbre sobre los posibles escenarios se cruza con la incertidumbre sobre los lapsos que deben cumplirse para que una campaña electoral sea una contienda más o menos equilibrada.
Hay otros elementos que contribuyen al clima de desasosiego: voceros del Ejecutivo insisten en hablar de conspiraciones de manera un tanto alegre, sin pruebas; a su vez, líderes partidistas de la oposición parecen actuar de forma poco transparente, como esperando su momento para saltar a los focos y tomar partido, lo cual no colabora con la confianza que debería proyectar un movimiento alternativo de poder.
Y mientras tanto
Mientras tanto, no parece que las grandes mayorías hayan ganado en organización y en articulación desde abajo. Más bien parece que la voz popular se ha concentrado en los reclamos diarios. En el movimiento de piezas que se aprecia, la polifonía popular sólo cuenta, como en otras oportunidades, para las votaciones.
Por otra parte, la declaración de la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia deja claro que la Constitución de 1999 es buena en tanto sirva a los propósitos de un Gobierno que se contradice continuamente. Se sabe que, desde 1995, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado en diez ocasiones a Venezuela pero las autoridades han hecho caso omiso de tales condenas. En los últimos tiempos se han hecho esfuerzos por resarcir a las víctimas de la masacre de El Amparo y por los excesos del Caracazo en 1989.
Así que desde las altas esferas del poder judicial se ha previsto, nuevamente, el desconocimiento del fallo de la CIDH si resulta contrario a los designios del poder Ejecutivo venezolano.
La salud del Presidente se maneja de forma opaca, como si el pueblo no tuviera derecho a recibir una información fidedigna desde una fuente digna de todo crédito; y lo que suceda en materia judicial, dentro o más allá de las fronteras, deberá ser cónsono con los designios del alto oficialismo. Esto es, en este proceso revolucionario no cabe esperar nada que el poder, sobre todo el presidencial, no autorice.
Estos ámbitos −la salud del Presidente, el afán de dominar la información y la actitud de las instituciones del Estado frente a la justicia− refuerzan, en el proceso político actual, dos elementos nada saludables. Por un lado, el presidencialismo y el personalismo; por otro lado, la discrecionalidad de funcionarios medios y altos, sean del Poder que sean. Esto muestra, también, la debilidad de las organizaciones sociales y políticas. Al cabo de tanto tiempo el proceder colectivo resulta espasmódico, capaz de enardecerse de manera caótica en lugar de llevar a cabo luchas organizadas y constantes en el tiempo.
Nada nuevo en esta especie de orfandad constitucional en la que vivimos. Se trata de modos que nos muestran cuanto más nos seguimos alejando de la institucionalidad. Nos podemos imaginar lo que puede esperar un ciudadano de a pie que tenga que resolver un problema. La misma lógica autoritaria tantas veces criticada rige en lo macro y en lo micro.
Son aspectos de un mismo modo de proceder discrecional y arbitrario que ha impedido la sana administración de justicia y la despersonalización del poder Ejecutivo.
Con hechos como estos la revolución bolivariana no hace otra cosa que reforzar el patrimonio autoritario y discrecional de la sociedad venezolana. Cabe preguntarse: ¿qué ley nos protege? Si hay conflictos, como los hay, ¿qué criterios deben prevalecer para la solución de los mismos?, la Constitución ¿es nuestra referencia fundamental o sólo un ornamento jurídico?, si el líder se enferma, como es el caso, ¿qué se tiene que hacer ante las urgencias, los reclamos y las grandes decisiones que comprometen al país?, y, sobre todo, si los pobres, marginados y excluidos, no corren con la suerte de conocer a alguien que esté en la rosca, sus reclamos no pasarán del desahogo en una protesta.
No podemos seguir procediendo de este modo. Tenemos que convencernos de que en la práctica a todos nos iría mejor si aplicamos las leyes y respetamos los principios constitucionales. Necesitamos convertir en práctica cotidiana formas y procedimientos que le ayuden a la sociedad a superar estos atavismos.
El presente de todos los venezolanos, incluyendo la salud del Presidente, sigue sometido y jalonado por ese incierto evento electoral. No parece haber modo de que pensemos y actuemos sin el condicionamiento determinante que representa la contienda electoral. De modo que oficialistas y opositores se encuentran en el presente atrapados por un evento cuyo desenlace parece darles órdenes desde el futuro.
El país sigue es ascuas el proselitismo, las contradicciones, las arbitrariedades y las amenazas. Pero al mismo tiempo padece tremendos problemas atinentes a su seguridad, a la tranquilidad que se escapa de la vida cotidiana, a la falta de empleo. Sigue creyendo en promesas, ilusionado porque piensa que en dos años habrá de vivir mejor (ver el dossier en este número). El Presidente promete que se va a curar para dedicarse con alma, vida y corazón a la campaña electoral. Y, por su lado, la oposición también promete que, una vez elegido el candidato de la unidad, el país ya podrá empezar a respirar los aires del cambio. ¿Serán esperanzas infundadas las de este pueblo, nuevamente?
