Editorial Revista Sic 737. Agosto 2011
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La paz, la vida de todos los venezolanos y la convivencia pacífica claman por una política de desarme. La violencia actual está muy por delante de la violencia tradicional debido al creciente uso de armas de fuego. La gente teme, por ejemplo, que por reclamar en el tráfico alguien le dé un tiro. Por otro lado, parece que nos alejamos de la construcción de un sentido común compartido y se refuerzan las conductas que buscan dirimir sus conflictos por medios nada pacíficos. Por tanto, dada la magnitud del problema de las muertes por armas de fuego, la definición y puesta en práctica de una política de desarme es decisiva para construir una cultura de paz. Esta política deberá, primero, producir un impacto positivo en la gran mayoría de la población. Sin crear temor ni hostilidad en medio de la gente que sufre por la muerte de sus seres queridos y, en cierto modo, se siente impotente para atacar el problema. Seguro que existen estudios, proyectos y programas que pueden hacer efectivo los primeros pasos de un plan de desarme orientados a ganarse la aprobación de los venezolanos.
Nos conviene el desarme. Sin desarme no hay paz ni convivencia pacífica.
En este problema no hay que improvisar. Los especialistas tienen que hacerse presentes para mantener el horizonte de la Constitución y las leyes. Porque, ciertamente, el problema es complejo pero no es bueno conformarse con la idea de que es imposible el desarme de la población civil sin implementar los ya conocidos mecanismos. No se trata de fomentar expectativas en torno a “operativos” espectaculares; la clave está en la aplicación sostenida por mucho tiempo de un efectivo plan de desarme que incida en la vida cotidiana de la gente.
Segundo, este plan debería evaluarse y corregirse hasta que muestre resultados positivos. Los foros donde se hacen análisis y propuestas deben dar un paso más hacia la efectiva puesta en práctica de correctivos comprobados, que demuestren su efectividad. Y, tercero, los logros del plan de desarme deberán ser la base para una política de Estado permanente.
Articulando esfuerzos
La continuidad de las prácticas concretas es lo que requiere más trabajo y colaboración de todos. Las organizaciones sociales, los organismos del Estado y la ciudadanía como un solo cuerpo poniendo cada quien lo suyo para superar el problema. El Estado es el mayor responsable pero la sociedad tiene que exigirle resultados. El monopolio de las armas sólo es legítimo cuando se dan dos condiciones: una, que la policía y el ejército tengan solvencia profesional y honradez de fondo. Y, la otra, que la sociedad controle al Estado y, más concretamente, a los grupos armados. Si no se da lo segundo a la larga se perderá lo primero.
El mensaje del desarme tiene que ser claro y fuera de toda sospecha de promesa oportunista. Tiene que vencer el escepticismo de la población frente a los simbólicos operativos de desarme de los organismos del Estado. Y para esto tiene que ganarse a la gente cambiando sus procedimientos y mostrando los resultados. Para muchos ciudadanos, lamentablemente, la solución está en armarse legal o ilegalmente. Esto es una muestra de cansancio y de impotencia frente a un problema que los acosa y los desborda. Pero está claro que esa opción no ayuda a superar el problema sino que genera más violencia. La solución es el desarme de toda la población civil y que el Estado sea el legítimo administrador de la industria de las armas. La efectiva seguridad de la población será la prueba de la firme acción del Estado en esta materia.
Los pasos del desarme
Un proceso de desarme de la población civil tiene dos componentes fundamentales: voluntad y prácticas políticas desde el Estado que permitan la recolección, destrucción y no proliferación de armas y municiones. Y por el otro lado un clima de confianza sobre esos procedimientos que generen una “cultura de desarme”. El proceso no puede ser a la fuerza ni aumentando la desconfianza sobre el ejecutante de la política (el Gobierno), porque eso aumenta la resistencia e impide el avance de la política.
Es fundamental explicar bien que nadie está más seguro por estar armado. Eso, en la Venezuela de la impunidad y el crimen cotidiano, es difícil de entender. Asimismo el costo del arma, que a pesar de haber sido pagado, no da propiedad sobre el artefacto. Como el mismo Estado no tiene control del parque de armas del país, no sabe si son 6 millones o 15 millones las que debe intentar eliminar. No posee los elementos para disponer de ellas convocando a sus portadores.
Otra dimensión importante: lo que el Estado sí puede controlar con más eficacia y tecnología −porque está en sus manos− es la producción de municiones en la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (Cavim), que podrían estar seriadas y seguidas por bases de datos interconectadas. Si de verdad hay voluntad política para resolver este asunto, el Estado debe dejar de ver a Cavim y la importación de municiones como un negocio rentable. Tres bolívares fuertes vale una bala normal. Al final el propio Estado financia y facilita el genocidio de su población más joven.
El clima de confianza se logra convocando a más sectores a participar en las campañas y el diseño de mensajes. Asimismo en la gestión de canales de entrega de armas (quizás alguien no se la entregue a los militares, pero sí a una iglesia o una comunidad, resguardando su identidad). Es importante que el Estado cuente con otros actores para esta política, y sepa explicar muy bien paso a paso cuáles son sus logros.
Implicarnos en la construcción de la paz
Los datos tienden a que nos veamos como una sociedad violenta. ¿Lo somos? Sin duda más que hace cincuenta años. Es cierto que se palpa agresividad ambiental. Pero por lo que conocemos en nuestro diario vivir, afirmamos que seguimos siendo una sociedad que mayoritariamente amamos la paz y que hemos optado por ella. Para poner el ejemplo más álgido, la mayoría de los homicidios suceden en barrios y tienen como víctimas y victimarios adolescentes y jóvenes varones. ¿Habría que concluir que la gente de los barrios es violenta? Por el contrario, son las principales víctimas de la violencia. Les duele la violencia. La sufren. Pero como la impunidad es casi absoluta, porque muchos policías son cómplices −cuando no comandan las bandas−, no pueden denunciarla y tienen que sufrirla en silencio.
La mayoría de la población es refractaria a la violencia política, económica, social, familiar y física. Pero está sumamente desprotegida.
El Estado tiene que optar decididamente por la paz, en su modo de hablar, en su modo de relacionarse y en su modo de actuar. Tiene que hacerlo porque hasta ahora no lo ha hecho. También la población tiene que asumir una postura más proactiva. Tiene que salir de su postración y fajarse para construir la paz. De resistirnos a ser violentos, los venezolanos tenemos que pasar a ser constructores de paz.
Desde esa determinación de fondo tiene sentido que se nombre una comisión presidencial para el control de armas, municiones y desarme. Nosotros la aplaudimos la medida. Habrá que ver si se establece y ejecuta un protocolo de prueba balística y marcaje de municiones bajo la vigilancia de Cavim. Y, sobre todo, si el Gobierno la implementa. Porque entonces sabremos quién compró cada bala asesina y qué arma la disparó y se podrá pedir cuentas.
Como se ve, no es fácil porque muchas de las armas y balas van a las policías y al ejército y de ahí salen a las armas asesinas. La voluntad política de que haya paz pasa por la depuración de esos cuerpos y por la exigencia de responsabilidades. Dios quiera que así sea.
