Editorial Revista Sic 729. Noviembre 2010
La nueva Ley Orgánica de Procesos Electorales configuró el marco legal, previo a las elecciones, que favoreció la polarización y propició el desconocimiento de la proporcionalidad. Se sabía hacia dónde se apuntaba con la aprobación de esta nueva Ley. En un artículo de Sic de julio de 2009 “El ganador se lo lleva todo”, se leía:
Creemos que los nuevos cambios propuestos no resuelven los problemas o retos planteados, más bien los agravan en el caso de la composición de los cuerpos colegiados, ya que se afecta la pluralidad de la representatividad y, a nuestro entender, se impide el cumplimiento del principio constitucional de la proporcionalidad de la representación política.
Los resultados de las recientes elecciones parlamentarias muestran el acierto de esta crítica hecha hace más de un año. En un país altamente polarizado es impostergable debatir sobre cuál es el sistema electoral más apropiado. El que tenemos es nocivo para la democracia. De ahí la urgente necesidad de revisar y reformar la Ley de Procesos Electorales para hacerla más equitativa.
La composición de la Asamblea Nacional
La composición de la Asamblea Nacional no representa la voluntad popular. Los dos bloques que se disputan la victoria no reflejan la pluralidad del país. No representan la voluntad popular porque grandes porcentajes de un bloque y de otro se quedaron sin representantes en la Asamblea. Y, no es plural, porque al dominar la polarización no accedió a ella ninguna alternativa.
Así las cosas, resulta muy difícil esperar que vayamos a tener una Asamblea que ejercite el diálogo y la negociación como modos de resolver conflictos y alcanzar acuerdos que beneficien a todos los venezolanos. Sin embargo, en manos de los asambleístas está ir más allá de estas limitantes con las que entran a ejercer sus funciones. Sólo si ponen la realidad de las grandes mayorías por delante de sus intereses podrán superar la confrontación y la parálisis de un diálogo de sordos que se resiste a reconocer al otro como su válido interlocutor. Sólo si los diputados tienen una relación real con la gente y no la revisten de consignas o slogans podrán dar respuestas a quienes los llevaron a la Asamblea Nacional. ¿Cuando se instale esta nueva Asamblea ya tendrán un guión escrito para sus actuaciones o habrá espacio para elaborar la agenda de los problemas que angustian a todos los venezolanos?
Descifrar las cifras
En cierto modo las últimas elecciones parlamentarias dan un respiro al país. Algo se ha avanzado al romperse el monólogo del Parlamento. Por un lado los oficialistas resaltan que son mayoría por haber logrado, en efecto, un mayor número de diputados y, por otro, la oposición sostiene lo mismo porque obtuvo más votos a nivel nacional. Pero cualquiera que fuera la forma que tomara la apropiación simbólica de la victoria en estos comicios, ninguna de las dos posiciones debería perder de vista, al menos tres cosas. Primero, las cifras más relevantes para la gente, en general, son las que tienen que ver con la gestión pública. Son las cifras que muestran un creciente deterioro de la vida de los venezolanos. Sin duda, estas cifras de la mala gestión de los problemas más urgentes se encuentran reflejadas en la votación; por tanto, la nueva Asamblea deberá mostrar cuánto está realmente vinculada a los problemas y necesidades de la gente y cuánto tras la legitimación del propio discurso, para lo cual le viene bien hablar de las necesidades de la gente.
Segundo, que los ojos de la gente estarán puestos sobre los asambleístas en espera de una señal de que el respeto y la consideración del otro no se han perdido definitivamente en la cultura política venezolana. Esto costará mucho porque deberán vencer la inercia de la confrontación y la descalificación para poner en primer plano la tolerancia, la negociación y el diálogo. Por tanto, el análisis de las cifras debería conducir a un sano pragmatismo mirando las tareas que tenemos por delante y no a cantos de victoria de uno y otro polo. El problema no es de ingenio para construir una interpretación de las cifras a favor o en contra, sino de entender la realidad y de atenderla responsablemente.
Y, tercero, el análisis de las cifras no puede reducirse al cálculo del posible comportamiento a favor o en contra en las elecciones presidenciales del 2012 ni debe obviar la abstención. Que cada quien saque su cuenta es legítimo. Si sólo saca la cuenta mirando el próximo evento electoral se profundizará la brecha que los separa de la realidad de la gente. Tendremos más de lo mismo lo cual será peor.
La abstención por su parte, tanto por lo ocurrido en estas elecciones parlamentarias como por lo que vendrá en las presidenciales del 2012, no puede dejar de llamar la atención. Es cierto que la masiva asistencia a votar confirma que esta práctica ha calado en la gente y la considera insustituible en el juego democrático. Pero de todos modos conviene pensar qué significa la abstención tanto de oficialistas como de opositores. Del lado de los oficialistas se entiende que no fueran a votar por el descontento y el malestar ante la ineficiencia del Gobierno. Estos grupos no ven que haya alternativa. Ahora, más cuesta entender por qué los opositores no fueran a votar. Si no participan votando, que es lo mínimo que pueden hacer, ¿se puede esperar que se comprometan con algo más exigente?
Creemos que lo más importante es que los análisis sirvan para conectar con la realidad y trabajar para que la agenda de la Asamblea Nacional responda a los problemas de la gente. Si las cifras se leen cediendo a la lógica de la pugna por el poder, es decir, en términos de meros insumos para trazar la estrategia para las elecciones del 2012, el país seguirá fuera del Parlamento.
La Asamblea y los ciudadanos
En cuanto a la ciudadanía, tenemos que hacernos cargo de que tampoco podemos dejarlo todo en manos de los asambleítas. Estos pueden, dada la inercia de la polarización y la confrontación, quedar paralizados en la confrontación y el sabotaje mutuo. Por esto tenemos que insistir en que la labor cotidiana de la gente organizada es más importante que los eventos electorales. En cuanto que éstos no son el punto de partida de la política sino su eventual punto de llegada. Lo que no se trabaje organizada y cotidianamente no se cosechará.
El Estado deberá garantizar el cumplimiento de la ley a través de los organismos establecidos y la sociedad deberá exigir lo mismo por medio de sus diversas organizaciones. Parece claro que no se puede esperar que el Estado personalizado aplique eficaz y justamente las leyes si esta sociedad no se lo exige. Las tareas en materia de salud, vivienda, educación y seguridad no se resuelven con nuevas leyes pero es indudable que muchas de las que se han elaborado no sirven. Por tanto, habrá que hacer nuevas leyes más acordes con la realidad; y al mismo tiempo, formar equipos de trabajo que vigilen la eficaz ejecución de los proyectos que dependen de esas leyes. El primer paso tiene que ser examinar y determinar las leyes que en lugar de allanar el camino hacia una eficaz solución de los problemas lo obstaculizan. El paso inmediato a su promulgación tiene que ser designar las personas y equipos de trabajo que tengan mayor experticia en la solución de esas tareas.
La política será entonces hacer ver lo razonable de determinadas medidas y la preparación técnica necesaria de las personas que la solución requiere. La política no podrá ser sustituida por declaraciones de principios ni por voluntarismos revolucionarios. Tendrá que hacerse parlamentando, transitando el puente de las palabras razonables.
