Editorial Revista Sic 724. Mayo 2010
No absolutizamos ni sacralizamos la propiedad privada. Como cristianos, creemos que Dios ha creado la tierra para la humanidad y nadie puede apropiarse de algo de tal manera que se frustre ese designio. Sin embargo, tampoco tiene sentido que nada sea de nadie, y nadie lo trabaje ni lo cuide, y todos luchen por apropiarse de cada cosa. También el poseerlo en común se ha revelado que no tiene la dinamicidad suficiente, ni bajo el régimen tradicional de grandes familias o clanes ni bajo el régimen contemporáneo de la propiedad estatal en los Estados comunistas. Por eso éstos implosionaron. No los tumbó nadie. No respondían ni a las necesidades de la población ni a las posibilidades del tiempo. Y crearon pésimos hábitos en los burócratas y en la población que se adaptó y una clase privilegiada parasitaria.
El trabajo es la fuente principal del derecho de posesión, un derecho que llega hasta la posesión de medios de producción y hasta la trasmisión a los herederos. Sin embargo, como insistía Juan Pablo II, toda propiedad está gravada por una hipoteca social, ya que no puede concebirse sino como un modo de cumplir la destinación universal de los bienes de la tierra y del trabajo de los seres humanos.
Teniendo en cuenta estos principios, los Estados más democráticos han incluido en su legislación impuestos progresivos, tanto al patrimonio como a la actividad productiva; incluso han contemplado la posibilidad de la expropiación cuando la propiedad está ociosa y por causa de utilidad social.
Esta última medida es completamente excepcional. Por ejemplo, el paso de una carretera o autopista o calle por una propiedad privada o la construcción en ella de un edificio público. Fuera de casos como estos, no tiene sentido expropiar una empresa o un campo en plena producción porque el trabajo es la fuente principal del derecho de propiedad.
Si unos terrenos son altísimamente productivos (es el caso del sur del lago de Maracaibo) y deben ser destinados a agricultura o ganadería intensivos y actualmente no producen de ese modo, tiene sentido aumentar los impuestos, de manera que o producen intensivamente para mantener la ganancia o tienen que vender la tierra a quien tenga mayor productividad. Pero no tiene sentido expropiar.
Expoliaciones sin ley
Pues bien, el Gobierno venezolano está expropiando actualmente tierras, empresas y edificios alegando la utilidad social, con un criterio discrecional, es decir, al arbitrio del Presidente o del funcionario, sin ningún criterio objetivo que se pueda validar o, peor, con el criterio de amedrentar a la gente para que se pliegue a sus exigencias, y en definitiva con el criterio del que se cree dueño del país y tolera, por ahora, la propiedad privada, a pesar de que la Constitución vigente la reconozca.
Esto es absolutamente injustificable y debe ser repudiado. Porque en esos casos no podemos hablar de expropiación sino de expoliación. Utilidad pública no equivale al criterio de ese famoso bandido que robaba a los ricos para dárselo a los pobres. El Estado venezolano en estos últimos años ha tenido unos ingresos por regalías petroleras inmensamente superiores a los que tuvo cualquier otro gobierno. También ha cobrado más impuestos que cualquier otro. Así pues, si requiere un edificio, que lo construya o que lo alquile y pague los alquileres del mercado. No es admisible que se lo robe a un ciudadano con la excusa demagógica de que es para el pueblo o que lo alquile y no pague alquileres o pague lo que quiera y cuando quiera. Si quiere distribuir tierra entre campesinos, que les dé de la suya, ya que él es el mayor poseedor, o que la compre a precio justo no decidido sólo por él y que efectivamente la pague.
Hablamos de Gobierno y no de Estado porque actualmente el Ejecutivo es el único poder independiente, el único poder real, ya que los demás poderes son sólo ejecutores no deliberantes de sus órdenes. Por eso el expolio del Gobierno queda automáticamente convalidado por los demás poderes que hacen leyes o acusan a un ciudadano o a una empresa o dictan sentencias para justificar el proceder presidencial. De este modo los ciudadanos y las empresas se encuentran completamente indefensos.
Fracaso económico
La economía venezolana estatizada y rentista y dirigida directamente desde el Ejecutivo nacional, revela graves problemas de ineficiencia y debilidad productiva en el área de servicios y de producción de bienes, incluso en la producción petrolera y de bienes conexos. Pero a pesar de estos resultados, el Gobierno sigue apropiándose de empresas, tierras, edificios públicos, etcétera, asfixiando el desarrollo de otras alternativas de organización económica, especialmente el impulso de la economía de mercado.
Ante la caída de la producción interna, la única salida posible ha sido recurrir a las importaciones, especialmente en el área de alimentos. Pero para obtener beneficios políticos, los productos importados se venden al pueblo muy por debajo de los precios reales. De tal manera que la política de abastecimiento resulta ser una demagogia irresponsable, pues supone unas pérdidas millonarias que todos salimos pagando de alguna manera. El pueblo se degrada a cliente del Estado y éste paga lo que vende a precios superiores a los nacionales ocultando pérdidas abultadísimas. ¿Por qué no emplear ese dinero para incentivar en los productores nacionales el aumento de la producción y la productividad?
El ataque sistemático a la propiedad privada como símbolo y pivote de la economía de mercado está causando tales estragos que nuestro país está dejando de producir lo más elemental, incluso hasta petróleo y derivados. Cada vez nos parecemos más a Cuba, en donde el Estado es dueño de todo y carece de casi todo, y hay que hacer colas para todo porque no hay de casi nada. Actualmente Cuba vive de Venezuela. ¿De qué vivirá cuando nuestro país no tenga los trece mil millones de dólares que le trasfiere?
En nuestro país nadie quiere el camino emprendido hacia la cubanización de la economía, ni siquiera la mayoría de los partidarios del Presidente. Por eso, sobre todo, perdió el referéndum de 2007. El Gobierno está muy consciente de esa matriz de opinión y por eso la expoliación a la propiedad privada no se hace mediante una ley. Así alarmaría demasiado. Se va haciendo caso a caso, de manera que, al aparecer como hechos aislados, la gente no se ponga en guardia y no salga, no sólo a defender al expropiado sino a sí mismo. Pues cualquiera puede ser el siguiente.
