Editorial Revista Sic 721. Enero-febrero 2010
Los venezolanos tendemos a ser optimistas, pero resulta complejo pensar que este año será muy feliz para el colectivo nacional, a pesar de entrar en la celebración bicentenaria de nuestra emancipación, dado los terribles indicadores económicos con los que cerramos 2009 y los signos menos alentadores con los que abrió 2010.
En 2009 tuvimos la tasa de inflación más alta de América Latina, unida a una fuerte contracción de la economía. A ello deberíamos añadir que seguimos cargando con problemas que no han hecho más que agravarse, como el de la inseguridad, la violencia, la polarización política, la desinstitucionalización del Estado, la violación de derechos humanos en diversas áreas (destacando particularmente el problema penitenciario); comenzamos 2010 con signos de empeoramiento como la devaluación, la crisis eléctrica y en general los graves déficits en servicios públicos fundamentales.
El discurso político del Presidente suena cada vez más gastado como para enfrentar el hecho de que lleva 11 años de gestión, con el control fundamental del aparato político, productivo y de servicios del país. Éste incurre con mayor frecuencia en el anatema de interpretar la realidad en vez de transformarla, las justificaciones y promesas de un nuevo futuro van perdiendo el encanto que una vez tuvieron y sólo queda un amargo sentido de frustración y rabia colectiva que es profundamente preocupante.
Lo que no se quiere, ni se logra transformar es nuestra condición de economía rentista importadora. De hecho, durante el presente proceso político lo que ha ocurrido es una exacerbación del ciclo rentista que ya conocemos, y que múltiples veces ha sido señalado por esta revista como una de las causas de los males sociales y económicos. Este ciclo parte de un aumento desmesurado del ingreso fiscal en virtud del incremento de los precios del petróleo; esto conlleva a una política expansiva del gasto fiscal con un cariz clientelar. Luego ocurre una contracción de los precios que supone para el Estado dolorosas decisiones que no se quieren tomar, por lo cual se postergan a través de devaluaciones más o menos encubiertas, endeudamientos, etc. La esperanza siempre apunta hacia un mercado petrolero retomando una senda alcista. Así, los dólares volverán a inundar a PDVSA. Muchas veces esta esperanza no se hace real en el corto plazo y el desastre económico golpea con sus indicadores de desempleo, pobreza y desmejoramiento de las condiciones de vida, en particular de los sectores populares.
¿Cómo no ver en el actual proceso el mismo conjunto de decisiones del período de Herrera Campíns y Jaime Lusinchi? ¿Cómo no se va a exacerbar la corrupción bajo un esquema de tres tipos de cambio, donde en definitiva un burócrata decide a quién le corresponde qué, bajo una cultura que promueve la especulación entre los comerciantes? Se hace difícil imaginar una inflación moderada; se hace difícil, también, no prever un salario real duramente golpeado y que la contracción económica no se profundice. No queremos pensar que el excedente de recursos que genera toda devaluación llegue a ser usado para fines electorales. Esto fue lo que pervirtió más gravemente el proceso político de la democracia puntofijista.
Es importante señalar que un proceso de devaluación tiene por objetivo proteger las reservas y hacer más competitivo el aparato productivo del país, en particular para fines de exportación. Pero nuestro aparato productivo ha sido mermado. El dinero se ha usado fundamentalmente en gasto corriente y no en inversión. La crisis eléctrica ha sido una señal de esa realidad, pues en el fondo todo el problema consiste en que no se hicieron las inversiones necesarias para cubrir el creciente gasto energético. Lo mismo habría que decir en materia de salud y en materia de educación, donde, con programas tipo parche, el Gobierno ha tratado de solventar graves dificultades. Por último, paradójicamente el Ejecutivo ha echado mano de las reservas internacionales a la vez que mantiene una abultada deuda en dólares, en particular con el sector productivo y comercial nacional.
La inversión en el país por parte de los particulares se hace casi inviable debido a las constantes expropiaciones, amenazas y grave inseguridad jurídica. A este respecto hay que señalar que fueron lamentables las expresiones de la presidenta del TSJ al señalar que la división de poderes debilitaba al Estado. Esto es tanto como afirmar que el custodio del Estado de Derecho es uno de los lobos. Esa declaración genera una mayor desconfianza sobre el poder judicial en el contexto de un año electoral con un proceso que se avizora como de mayor confrontación política y en el cual es necesario un TSJ realmente independiente e imparcial. Peor aún, casos como el de la jueza Affiuni atemorizan a los pocos jueces que pretendan hacer justicia en el país.
Pero el más grave problema quizás radica en que tampoco aparece un discurso alternativo que logre encender los sueños colectivos y nos ponga como sociedad en proceso de búsqueda. La oposición sigue en el mundo del pasado, incapaz de comprender a los sectores populares y de abrir con ellos un camino. Las críticas que se elaboran hacia el Gobierno son poco consistentes y sin obedecer a un horizonte o proyecto económico social. Una muestra de ello ha sido lo poco serios que han sido algunos voceros de la oposición en torno a la materia económica. Hace unos meses, algunos demandaban la necesidad de devaluar a fin de lograr un mercado más transparente donde el dólar oficial estuviese lo más cercano posible al valor del dólar permuta; pero, luego de tomada la decisión oficial, critican aquello que antes demandaban.
A pesar de este cuadro desalentador, hay razones para la esperanza y ésta la sembramos en nuestra gente y en particular la de nuestros sectores populares. El trabajo que llevan adelante muchos consejos comunales, algunas veces con las uñas, para mejorar la calidad de vida de sus vecinos, es muestra de verdadera heroicidad. En varios casos este trabajo se lleva adelante sin remuneración alguna. De igual forma, diversas ONG están actuando y haciendo caminos nuevos en las áreas de derechos humanos, violencia contra la mujer, niños, niñas y adolescentes, refugiados, mendigos, presos, etc.
Se trata de descubrir que en toda crisis hay siempre una oportunidad. Estamos en una fase de transición a nivel político donde los venezolanos nos hemos hecho más conscientes de la necesidad de superar el tema de la pobreza y de que la misma no se logrará sin la participación de todos, en particular de los sectores sociales más desfavorecidos tantas veces marginados en el proceso de toma de decisiones. Nuestra sociedad demanda un sistema político a la vez más inclusivo socialmente y más participativo en lo político en línea a lo dispuesto en la Constitución Bolivariana de Venezuela.
Quizás un buen ejemplo de esto es el trabajo que lleva adelante el Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela. En ese caso la sociedad civil en conjunción con el Estado ha logrado niveles importantes de justicia, creatividad y excelencia. Al no haberse pervertido por la polarización, logra ser una imagen que nos vincula como venezolanos en torno a un genuino orgullo nacional.
